La presi¨®n fuerza a Obama a justificar los ataques con ¡®drones¡¯ a estadounidenses

Presionado por el temor de que sea bloqueada la nominaci¨®n de un cargo judicial, la Administraci¨®n de Barack Obama ha decidido terminar su batalla en los tribunales y difundir el pol¨¦mico memor¨¢ndum elaborado en 2011 que justifica legalmente que ciudadanos estadounidenses en el extranjero puedan ser objeto de un ataque con drones, lo que supone una victoria para las organizaciones de derechos civiles y el senador libertario republicano Rand Paul, integrante del Tea Party, que llevan m¨¢s de un a?o reclamando mayor transparencia al Gobierno.

Hace justo un a?o la Casa Blanca admiti¨® por primera vez la muerte a finales de 2011, amparada en dicho memor¨¢ndum, de cuatro ciudadanos estadounidenses en batidas con aviones no tripulados en Yemen y Pakist¨¢n en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El Departamento de Justicia anunci¨® el martes por la tarde que difundir¨¢ el documento en las pr¨®ximas semanas. Lo hizo precisamente el d¨ªa antes de que el Senado debatiera este mi¨¦rcoles la nominaci¨®n de David J. Barron, uno de los autores del memor¨¢ndum, para ocupar una plaza vacante en la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, el nivel judicial inferior al Tribunal Supremo. Varios senadores hab¨ªan amenazado con no apoyar la designaci¨®n de Barron si la Administraci¨®n no revelaba el marco legal en el que sustentan las controvertidas operaciones. As¨ª, tras el anuncio de la publicaci¨®n, se mostraron favorables a aprobar la nominaci¨®n de este profesor de derecho en la Universidad de Harvard. Tras el debate de este mi¨¦rcoles la votaci¨®n definitiva en la c¨¢mara tendr¨¢ lugar el jueves.

Varios senadores se negaban a apoyar la designaci¨®n del abogado Barron, que elabor¨® el memor¨¢ndum, si el texto legal no era difundido

Como letrado del Departamento de Justicia, Barron elabor¨® dos documentos en los que determinaba que ser¨ªa legal asesinar, mediante un ataque con drones, al cl¨¦rigo estadounidense Anuar el Aulaki, que falleci¨® en septiembre de 2011 en Yemen, porque, seg¨²n adujeron los servicios de inteligencia, el l¨ªder de operaciones en el extranjero de Al Qaeda en la pen¨ªnsula Ar¨¢biga estaba preparando atentados contra Estados Unidos y su captura no era factible. El a?o pasado, en una carta enviada a los l¨ªderes dem¨®cratas y republicanos en el Congreso, el fiscal general, Eric Holder, calific¨® de ¡°leg¨ªtima y justa¡± la decisi¨®n de matar deliberadamente a ese ciudadano estadounidense.

En la misiva, que lleg¨® a los pocos meses de que la Administraci¨®n reconociera por primera vez p¨²blicamente su programa de drones, Holder tambi¨¦n confirm¨® las muertes -en esos casos por error- de otros tres ciudadanos estadounidenses en esa y otras batidas mediante aviones controlados a distancia por la CIA o el Pent¨¢gono.

Las muertes de civiles, por los fallos de precisi¨®n en los ataques, son el principal argumento de los cr¨ªticos al extendido uso de drones -que se ha multiplicado desde que Barack Obama lleg¨® a la presidencia de EE UU en 2009- y han enfurecido a pa¨ªses como Afganist¨¢n. Seg¨²n un informe de la ONU, publicado en marzo, en 2013 se registr¨® un descenso significativo del n¨²mero de ataques en Pakist¨¢n, pero un incremento en Afganist¨¢n y Yemen.

La decisi¨®n de la Casa Blanca supone una victoria para el senador libertario del Tea Party Rand Paul

Al optar por revelar la justificaci¨®n legal detr¨¢s de las incursiones contra estadounidenses, el Departamento de Justicia ha decidido no recurrir un fallo de la Corte de Apelaciones del segundo circuito que le instaba a divulgar el memor¨¢ndum. Esa orden, de finales de abril, anul¨® un fallo previo de un tribunal federal que determin¨® que la CIA y los departamentos de Defensa y Justicia no ten¨ªan que difundirlo. El proceso judicial para tener acceso a esos datos fue impulsado, por separado, por la Asociaci¨®n de Libertades Civiles Americana (ACLU) y periodistas del diario The New York Times.

Ahora la Administraci¨®n busca acordar con la Corte de Apelaciones si puede modificar parte del redactado del memor¨¢ndum para proteger determinadas cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, se desconoce si el ataque que acab¨® con la vida de El Aulaki lo efectu¨® la CIA o el Pent¨¢gono, que tambi¨¦n ha llevado a cabo batidas en Yemen pero con menor frecuencia que la agencia de espionaje. Se trata de una dicotom¨ªa importante, pues el amparo legal de estas operaciones es mucho m¨¢s restrictivo si las efect¨²a el Departamento de Defensa.

De hecho, esta diferencia es uno de los principales motivos del estancamiento del plan de traspasar de la CIA al Pent¨¢gono el control de los ataques de drones que prometi¨® el presidente Obama en mayo del a?o pasado y con el que pretend¨ªa que las operaciones ganaran transparencia ante los crecientes reproches de dem¨®cratas, el ala m¨¢s libertaria de los republicanos y grupos de derechos civiles, al margen de parte de la opini¨®n p¨²blica.

En este sentido, la decisi¨®n de la Administraci¨®n de revelar el memor¨¢ndum supone una victoria para el libertario Rand Paul y su peculiar cruzada contra los drones. Le permite distanciarse del n¨²cleo m¨¢s belicista del Partido Republicano en un momento en que se especula si optara a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2016. En marzo del a?o pasado el senador por Kentucky impidi¨® con un discurso de casi 13 horas que la c¨¢mara alta votara la confirmaci¨®n de John Brennan como director de la CIA en se?al de protesta por la potestad del Gobierno de atacar con aviones no tripulados a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense.

Este a?o ha centrado sus esfuerzos en reclamar m¨¢s transparencia a la Administraci¨®n y en denunciar que las batidas contra estadounidenses pueden vulnerar la Constituci¨®n, lo que le ha acercado a los postulados de organizaciones de derechos civiles en sus ant¨ªpodas ideol¨®gicas, como la ACLU, pero con las que comparte ciertos principios sobre la protecci¨®n de las libertades individuales. ¡°No es una cuesti¨®n de ver el memor¨¢ndum. Es una cuesti¨®n sobre el derecho a un juicio y a la presunci¨®n de inocencia de ciudadanos estadounidenses no involucrados en combate¡±, subray¨® Paul este mi¨¦rcoles en la sesi¨®n del pleno del Senado sobre la nominaci¨®n de Barron.

¡°Esperamos que este documento se?ale un cambio m¨¢s amplio en el enfoque de la administraci¨®n al secretismo alrededor de sus programas de asesinatos selectivos¡±, afirm¨®, por su parte, el director legal adjunto de la ACLU, Jameel Jaffer, tras conocerse la decisi¨®n del Gobierno.