La ofensiva reaviva el dilema palestino de si acudir a la justicia internacional
El ministro de Exteriores se re¨²ne con los fiscales de la Corte Penal en La Haya
El ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, se entrevist¨® este martes en La Haya con los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI). ¡°Todo lo ocurrido durante los ¨²ltimos 28 d¨ªas es prueba clara de cr¨ªmenes de guerra perpetrados por Israel, lo que equivale a cr¨ªmenes contra la humanidad¡±, declar¨® tras la reuni¨®n. Fue una puesta en escena de su voluntad de ratificar el Estatuto de Roma ¡ªpor el que se constituy¨® este tribunal¡ª, voluntad que a¨²n no ha cuajado, sin embargo, en hechos. El presidente Mahmud Abbas sigue buscando apoyos y pensando en qu¨¦ beneficios y problemas acarrear¨¢ denunciar a su adversario hist¨®rico. ¡°Queremos entrar, sabemos que vamos a tomar la decisi¨®n y esperamos que sea en un corto plazo¡±, confirm¨® el portavoz de la Organizaci¨®n para la Liberaci¨®n de Palestina (OLP), Xavier Abu Eid.
Ya en 2009, tras la Operaci¨®n Plomo Fundido, en la que murieron m¨¢s de 1.300 personas en Gaza, la fiscal¨ªa de la Corte tumb¨® un expediente contra Israel, cuando la Autoridad Nacional Palestina ten¨ªa un estatus diferente. La Asamblea General de Naciones Unidas admiti¨® a Palestina como Estado observador, no miembro, en noviembre de 2012. Tampoco ten¨ªa todav¨ªa esa condici¨®n durante la ofensiva Pilar Defensivo, concluida una semana antes de aquella votaci¨®n hist¨®rica. Desde entonces, no s¨®lo tiene un estatus diferente (descafeinado pero suficiente, seg¨²n asumen hasta los asesores jur¨ªdicos israel¨ªes) sino un apoyo reconocido en las diversas facciones palestinas para dar el paso de acudir a la justicia internacional.
El portavoz de la OLP confirma que se ha distribuido un documento a todos los grupos palestinos pidiendo que avalen la adhesi¨®n al tribunal. ¡°La mayor¨ªa¡± ya lo ha hecho y ¡°en horas o d¨ªas¡± lo har¨¢ el resto. ¡°Queremos un consenso nacional si es posible. Confiamos en que todos lo van a ratificar finalmente¡±, asegura. ¡°No queremos asustar ni amenazar a nadie, sino que manifestamos que la comunidad internacional hizo bastante poco por proteger a los palestinos y ahora tenemos que defendernos¡±, abunda. Ham¨¢s es una de las facciones que a¨²n no ha contestado. Si se inicia una investigaci¨®n en la Corte Penal, puede acabar abarcando tambi¨¦n los supuestos cr¨ªmenes de guerra de este grupo considerado terrorista por EE UU y la UE. El ministro de Exteriores palestino asegur¨® este martes que ¡°aceptar¨ªan su responsabilidad, en caso de que los palestinos hayan cometido cr¨ªmenes en este conflicto¡±.
EE UU reclam¨® a Abbas que no fuera a La Haya para no da?ar la negociaci¨®n
Israel ha firmado pero no ratificado el Estatuto de Roma, pero en ocasiones ministros como el de Exteriores, Avigdor Lieberman, han amenazado con hacerlo para ¡°poder perseguir¡± a las milicias palestinas. La Comisi¨®n de Derechos Humanos de la ONU ha acordado iniciar una investigaci¨®n sobre los presuntos cr¨ªmenes de guerra cometidos por ambas partes este mes en Gaza.
Abbas lleva posponiendo la incorporaci¨®n a la Corte Penal Internacional desde el 29 de noviembre de 2012. Las presiones, dudas y su debilidad pol¨ªtica han retrasado la toma de decisiones. Primero se aparc¨® el tema para dar paso al debate sobre un reconocimiento pleno del Estado palestino por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Despu¨¦s, el verano pasado, se retom¨® el proceso de paz con Israel y entonces Estados Unidos exigi¨® que la solicitud de adhesi¨®n se guardara en un caj¨®n, hasta que acabasen los nueve meses de di¨¢logo, porque pod¨ªa ¡°socavar¡± las negociaciones. Washington reconoce que una denuncia as¨ª ¡°supone una profunda amenaza para Israel¡±, seg¨²n su embajadora ante Naciones Unidas, Samantha Power.
Israel amenaz¨® en paralelo con anexiones parciales de Cisjordania ¡ªcomo las colonias en las que viven cerca de 400.000 personas¡ª si Palestina decid¨ªa ir a La Haya. Abbas fren¨®, pese a que la sociedad palestina exige masivamente el amparo de este alto tribunal, como indica un comunicado firmado en mayo por 17 entidades de presos, juristas y l¨ªderes universitarios.
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