Los defensores del Estado de derecho est¨¢n perdiendo la batalla en Brasil

El pasado 16 de marzo una operaci¨®n de la Polic¨ªa Militar en la favela de Congonha, en la zona norte de R¨ªo de Janeiro, acab¨® con la vida de Cl¨¢udia Silva Ferreira. La mujer, una limpiadora de 38 a?os y madre de cuatro hijos, se top¨® con un grupo de polic¨ªas en plena incursi¨®n que, aparentemente por error, dispararon contra ella hiri¨¦ndola gravemente. Despu¨¦s la metieron en el maletero de un patrullero con la intenci¨®n de darle socorro en el hospital m¨¢s pr¨®ximo. Un v¨ªdeo grabado aquel d¨ªa muestra la grotesca realidad de los procedimientos empleados por algunos agentes. De camino al centro m¨¦dico la puerta del maletero se abri¨® de golpe y el cuerpo de Cl¨¢udia, enganchado por la ropa, cay¨® al asfalto. A lo largo de 350 metros, la mujer fue arrastrada a velocidad considerable, hasta que algunos conductores alertaron a los polic¨ªas de que estaban circulando con un cuerpo suspendido del parachoques trasero.

Las im¨¢genes conmocionaron a Brasil. Seis agentes implicados en el suceso fueron detenidos y encarcelados de forma preventiva. Poco despu¨¦s los forenses concluyeron que Cl¨¢udia muri¨® por los disparos recibidos y no al ser arrastrada. El entonces Gobernador de R¨ªo, Sergio Cabral, dijo que la actitud de los polic¨ªas fue ¡°inhumana¡± y que deb¨ªan ser juzgados y expulsados de la instituci¨®n. Cinco meses despu¨¦s nada de eso ha sucedido. Cl¨¢udia ha muerto y sus hijos se han quedado hu¨¦rfanos, pero los seis acusados, a la espera de juicio, han salido de la prisi¨®n y vuelven a vestir el uniforme de la PM. Seg¨²n los investigadores de la Polic¨ªa Civil, uno de los polic¨ªas, el subteniente Adir Machado, tiene anotados en su ficha de servicio trece homicidios provocados por intervenciones como la que le arranc¨® la vida a Cl¨¢udia.

M¨¢s sangrante result¨® el proceso que ha juzgado el asesinato de la jueza Patr¨ªcia Acioli. La noche del 11 de agosto de 2011 la magistrada era literalmente acribillada por dos encapuchados en la puerta de su casa en la localidad de Niteroi. La jueza, que contaba 47 a?os en el momento de su muerte y era madre de tres hijos, llevaba a?os hurgando en las corruptelas de la Polic¨ªa Militar, un lugar donde pocos jueces brasile?os se han atrevido a entrar; Acioli se hab¨ªa convertido en el l¨¢tigo del hampa policial que en aquella ¨¦poca impon¨ªa su siniestra ley en el municipio de Niteroi y alrededores.

Las investigaciones del asesinato llevaron r¨¢pidamente a la detenci¨®n de once agentes, que fueron severamente juzgados por un crimen que, una vez m¨¢s, dej¨® al desnudo el problema de la barbarie policial en R¨ªo de Janeiro. El entonces comandante de la PM en el Estado de R¨ªo tuvo que abandonar su cargo. Pero la cosa no queda aqu¨ª. Seg¨²n el diario Estado de S?o Paulo, todos los condenados, acogi¨¦ndose a un rosario interminable de recursos judiciales, aun no han sido expulsados de la PM y siguen cobrando su sueldo. El teniente-coronel Cl¨¢udio Oliveira, considerado por el tribunal el cerebro del asesinato de Acioli, cobra mensualmente 26.295 reales (unos 11.600 d¨®lares) hasta que su condena no sea oficialmente comunicada a la jefatura de la PM.

La justicia militar tramit¨® al menos 4.000 investigaciones sobre presuntos casos de lesiones corporales

M¨¢s recientemente, el pasado 11 de junio, dos agentes de la PM carioca, los cabos F¨¢bio Magalh?es y Vin¨ªcius Lima, metieron en su patrullero a tres adolescentes y los condujeron hasta un ¨¢rea boscosa en el cerro de Sumar¨¦. En unas impactantes im¨¢genes registradas por la c¨¢mara interna del veh¨ªculo, uno de los polic¨ªas le dice a su compa?ero: ¡°Vamos a descargar el arma¡±. Y fue exactamente lo que hicieron con dos de los tres chicos. Mateus Alves dos Santos, de 14 a?os, perdi¨® la vida y otro joven de 15 a?os, que recibi¨® dos disparos, sobrevivi¨® a la ejecuci¨®n porque tuvo el reflejo de fingir su propia muerte. Una vez perpetrada la barbarie, el cabo Lima regres¨® al vehiculo y le coment¨® al comparsa, visiblemente ufano: ¡°Dos menos. Si hacemos esto todas las semanas podemos alcanzar la meta¡±.

Ambos agentes est¨¢n hoy detenidos y pendientes de juicio. Las autoridades tambi¨¦n se llenaron la boca hablando de su expulsi¨®n sumaria de la polic¨ªa, algo que por el momento no ha sucedido. Sin embargo, el coche donde se registraron todas las im¨¢genes que incriminan a los agentes fue repentinamente trasladado a un taller donde le fueron sustra¨ªdas varias de sus piezas. La fiscal que investiga el caso, Carmen Eliza Bastos de Carvalho, pidi¨® explicaciones inmediatas a la polic¨ªa ya que, seg¨²n ella, la manipulaci¨®n del vehiculo dificulta el esclarecimientos total de los hechos. La polic¨ªa, por su parte, niega este extremo.

Los tres casos anteriores son ejemplos de la impunidad o el doble rasero con que a menudo se tratan los cr¨ªmenes perpetrados por agentes del Estado en R¨ªo. El ¨²ltimo informe de Human Rights Watch que denuncia la pr¨¢ctica de tortura en Brasil por parte de polic¨ªas y funcionarios de prisiones le dedica un apartado al espinoso asunto de la impunidad, se?alada por muchos especialistas en violencia como una de las razones de que la corrupci¨®n y el crimen est¨¦n tan enquistados en las filas de la polic¨ªa brasile?a. ¡°Human Rights Watch examin¨® datos oficiales que sugieren que la impunidad es la norma en los casos de graves abusos cometidos por polic¨ªas y guardias penitenciarios. La justicia militar tramit¨® al menos 4.000 investigaciones sobre presuntos casos de lesiones corporales entre enero de 2011 y julio de 2013 y s¨®lo 53 agentes fueron condenados durante este per¨ªodo¡±, se?ala el texto.

Los defensores de los derechos humanos y el Estado de derecho est¨¢n perdiendo la batalla" Jo?o Trajano, polit¨®logo

¡°Por m¨¢s medidas que el Estado brasile?o haya tomado, aun se mantiene un ambiente institucional que favorece la pr¨¢ctica de tortura, principalmente por la impunidad¡±, explica la directora de Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu. La ONG ha propuesto que el Congreso brasile?o apruebe cuanto antes un proyecto de ley que obligue a la polic¨ªa a presentar a los detenidos por delito flagrante ante un juez en un plazo m¨¢ximo de 24 horas tras su detenci¨®n. Seg¨²n HRW, este prodecimiento evitar¨ªa la pr¨¢ctica de torturas para la extracci¨®n de confesiones o la desaparici¨®n de pruebas cruciales.

Seg¨²n el polit¨®logo Jo?o Trajano, coordinador del Laboratorio de An¨¢lisis de la Violencia de la Universidad Estatal de R¨ªo de Janeiro (UERJ), ¡°las autoridades policiales se sienten autorizadas para actuar de determinada forma cuando realizan incursiones en las favelas o cuando interrogan a un joven negro y pobre en medio de la calle. Nuestra sociedad ha demostrado que su capacidad para indignarse y reaccionar ante este tipo de situaciones es muy limitada. Los defensores de los derechos humanos y el Estado de derecho est¨¢n perdiendo la batalla¡±.