¡°Los pon¨ªan en hilera y los mataban¡±

La muerte de 22 supuestos narcos a manos del Ej¨¦rcito en el poblado de Tlatlaya, al sur del Estado de M¨¦xico, el pasado 30 de junio sigue siendo un caso abierto y sangrante. Una testigo presencial, seg¨²n una investigaci¨®n de la revista Esquire, sostiene que, excepto un fallecido en el enfrentamiento previo, los 21 restantes fueron ejecutados a sangre fr¨ªa por los militares tras su rendici¨®n. Este testimonio procede, seg¨²n la citada publicaci¨®n, de una de las tres mujeres que sobrevivieron a la matanza y que los militares anunciaron que hab¨ªan liberado de un secuestro. La testigo niega haber sido raptada y asegura que fue coaccionada durante su detenci¨®n policial. Fuentes gubernamentales vincularon a los abatidos con el cartel de La Familia.

La Procuradur¨ªa General de M¨¦xico, sobre la que recaen las pesquisas, se?al¨® que la investigaci¨®n sigue abierta y que hasta ahora no se han encontrado evidencias que sustenten las citadas acusaciones. La Secretar¨ªa de la Defensa Nacional declin¨® dar respuesta.

La versi¨®n primera del Ej¨¦rcito, contenida en un comunicado de 273 palabras, asegura que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las tropas. En este relato se afirma que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se top¨® por casualidad con una bodega custodiada por ¡°personal armado¡± y que este, al ver a los soldados, empez¨® a disparar. El resultado fueron 22 ¡°supuestos agresores¡± muertos y un militar herido sin gravedad.

Desde que la matanza se hizo p¨²blica las dudas han rodeado el relato oficial. El Gobierno, fiel a su parquedad informativa en todo lo relacionado con la guerra contra el crimen, no facilit¨® en su d¨ªa identidades ni explic¨® qu¨¦ hac¨ªan en aquel agreste lugar, a las cinco de la madrugada, los militares. Expertos en seguridad como Alejandro Hope, antiguo directivo del Centro de Investigaci¨®n y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia de inteligencia, destacaron a este peri¨®dico las inconsistencias de la versi¨®n oficial.

La versi¨®n primera del Ej¨¦rcito asegura que las muertes se produjeron por enfrentamiento?

La investigaci¨®n de la revista, llevada a cabo por el periodista Pablo Ferri, se basa en el testimonio de la citada mujer, vecina de Arcelia y cuya identidad se mantiene en el anonimato para evitar represalias. Esta afirma que lleg¨® a la bodega donde se encontraban los supuestos narcos sobre las diez de la noche del domingo 29 de junio. A eso de las tres de la madrugada, uno de ellos alert¨® de que hab¨ªa avistado un convoy militar. Poco despu¨¦s, los soldados alumbraron con un reflector las instalaciones. Empez¨® el tiroteo. Tras media hora de refriega, siempre seg¨²n esta versi¨®n, se rindieron. En el enfrentamiento perdi¨® la vida un supuesto narco. Otro qued¨® herido as¨ª como una muchacha de 15 a?os, llamada Erika G¨®mez Gonz¨¢lez.

Tras entregar las armas, empezaron los interrogatorios. As¨ª describe la superviviente lo ocurrido entonces: ¡°Ellos ?[los soldados] dec¨ªan que se rindieran, y los muchachos ped¨ªan que les perdonaran la vida. ¡®Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos¡¯. As¨ª les dec¨ªan los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (¡­). Entonces les preguntaron c¨®mo se llamaban, y los her¨ªan, no los mataban. Yo dec¨ªa que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos dec¨ªan ¡®esos perros no merecen vivir¡¯ (¡­) Luego los paraban as¨ª en hilera y los mataban (¡­) Se escuchaban los quejidos, los lamentos¡±.

Los dos heridos, incluida la chica, tambi¨¦n fueron asesinados, siempre seg¨²n esta versi¨®n. ¡°La mataron ah¨ª mismo y tambi¨¦n al muchacho que estaba al lado de ella. A ¨¦l lo pararon y lo mataron, y lo volvieron a acomodar como estaba. Con ella, que no pod¨ªa caminar, hicieron lo mismo¡±, afirma la superviviente. Esta sali¨® viva junto a otras dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas.

Por la ma?ana, pasadas las siete, llegaron los funcionarios de la Procuradur¨ªa General de Justicia del Estado de M¨¦xico, a cuyas dependencias fue llevada la mujer. Posteriormente se la traslad¨® a la Subprocuradur¨ªa Especializada en la Investigaci¨®n de la Delincuencia Organizada. No fue puesta en libertad hasta el domingo siguiente. Durante su detenci¨®n, ella sostiene que pas¨® tres d¨ªas sin comer y que fue coaccionada para que vinculara a los fallecidos con organizaciones criminales.

A las dos semanas de la matanza y ante las informaciones que pon¨ªan en duda la versi¨®n oficial, la Procuradur¨ªa General de Justicia del Estado de M¨¦xico emiti¨® un comunicado en el que descartaba la posibilidad de una ejecuci¨®n, negaba que se hubieran registrado disparos a corta distancia y aseguraba que el intercambio de tiros fue ¡°proporcional¡±.

El ej¨¦rcito ha logrado ¨¦xitos, pero tambi¨¦n duras cr¨ªticas de las organizaciones de derechos humanos

¡°La investigaci¨®n arroja que los efectivos militares repelieron una agresi¨®n real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocaci¨®n del personal castrense¡±, conclu¨ªa la Procuradur¨ªa estatal.

El relato de esta testigo vuelve a poner sobre el tapete el cuestionado papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen. Cerca de 40.000 militares est¨¢n movilizados en estas tareas. Con una gran potencia de fuego y menos vulnerables a la corrupci¨®n, el ej¨¦rcito ha logrado sonoros ¨¦xitos, pero tambi¨¦n duras cr¨ªticas de las organizaciones de derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, ha alertado de los excesos de la ¡°represi¨®n militar¡± y de la falta de una ¡°rendici¨®n de cuentas por los atropellos cometidos¡±. Para Heyns, M¨¦xico sufre una situaci¨®n de ¡°impunidad sistem¨¢tica y end¨¦mica¡±. ¡°Solo del 1% al 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias¡±, se?ala. Los militares, adem¨¢s, gozan de la ventaja de ser juzgados en cortes militares en casos de delitos contra civiles.

La propia Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos, un organismo estatal mexicano, ha reconocido la gravedad del problema. ¡°Las Fuerzas Armadas no se limitan ¨²nicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus ¨®rdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles¡±, sostiene la comisi¨®n.