La guerra contra el narcotr¨¢fico de M¨¦xico va rumbo a La Haya

La Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos, que aglutina a 172 organizaciones de un centenar de pa¨ªses, ha pedido a la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional (CPI) que examine la posible comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad en M¨¦xico durante el mandato de Felipe Calder¨®n (2006-2012). Estas asociaciones consideran que en ese periodo, en el que el Gobierno mexicano lanz¨® una dur¨ªsima ofensiva contra el narcotr¨¢fico, las instituciones de seguridad del Estado (militares y polic¨ªas federales, estatales y municipales) llevaron a cabo torturas y desapariciones forzadas, de forma sistem¨¢tica y dentro de un esquema organizado. El objetivo de este plan, seg¨²n el documento presentado a la Corte Penal, era conseguir condenas a trav¨¦s de ¡°confesiones arrancadas mediante torturas y fabricaci¨®n de pruebas¡±. En favor de la intervenci¨®n de la fiscal¨ªa internacional, los demandantes blanden que en M¨¦xico no se ha investigado ni juzgado penalmente a ning¨²n alto mando militar o de polic¨ªa implicado en estos actos. Los autores de la petici¨®n esperan que, si el tribunal con sede en La Haya (Holanda) abre un expediente, los jueces nacionales reaccionen poniendo en marcha investigaciones serias.

El Ejecutivo mexicano ha negado siempre el uso sistem¨¢tico de malos tratos. El presidente Felipe Calder¨®n, en una entrevista a este peri¨®dico, solo los ha reconocido como una ¡°excepci¨®n y no como regla¡±. ¡°Y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actu¨® conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables¡±, ha remachado.

La base del escrito, presentado el viernes pasado, son 32 casos de presuntos abusos en Baja California, uno de los lugares donde primero y con m¨¢s dureza se aplic¨® la estrategia de seguridad. ¡°No quisimos ser exhaustivos, sino presentar expedientes claros y representativos de lo que aqu¨ª se puede encontrar la Corte Penal si abre una investigaci¨®n. Por eso lo centramos en ese Estado¡±, se?ala Paulina Vega, vicepresidenta de la federaci¨®n.

Las historias enviadas a La Haya se han mantenido en su mayor¨ªa fuera de la luz p¨²blica para evitar represalias. Entre ellas figura la de M., una mujer de 31 a?os, enca?onada y detenida por supuesta posesi¨®n de droga cuando circulaba por la ciudad de Ensenada (Baja California Norte) el 2 de febrero de 2011. Sus captores la condujeron a un cuartel militar de Tijuana. All¨ª se sumi¨® en la oscuridad. Esta es su versi¨®n de lo ocurrido. Nueve militares, seg¨²n un relato refrendado por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, se encargaron de torturarla. Unas veces le colocaban toallas h¨²medas en la boca mientras le introduc¨ªan agua con gas por los orificios nasales, otras la somet¨ªan a asfixia mediante bolsa de pl¨¢stico. Luego ven¨ªan las sesiones de descargas el¨¦ctricas, acompa?adas por la exhibici¨®n de fotograf¨ªas de sus hijos y pareja. Pero el escalofr¨ªo llegaba cuando M. o¨ªa correr el agua fr¨ªa en la ba?era. Entonces, siempre seg¨²n su versi¨®n, alguno de los nueve la violaba y, despu¨¦s, la met¨ªa en la ba?era para que ¡°quedase limpia¡± para el siguiente. Y vuelta a empezar. M. permaneci¨® en el cuartel durante dos d¨ªas. Luego pas¨® por diversos centros hasta que en septiembre de 2011, le retiraron todos los cargos y se decret¨® su puesta en libertad. Los militares denunciados a¨²n no han prestado declaraci¨®n.

Casos como el de M. forman el n¨²cleo del escrito elevado a La Haya. Todos tienen rasgos comunes. Ninguna de las v¨ªctimas ha sido condenada por los cargos por los que se le detuvo y, casi todos, eran pobres. ¡°La condici¨®n social de estas personas permit¨ªa que se les presentara como integrantes de carteles. De esa vulnerabilidad socioecon¨®mica depend¨ªa la posibilidad de que emprendieran luego acciones efectivas contra los atacantes¡±, se?ala el documento.

En la base del conflicto figura el convulso sexenio de Calder¨®n. Una ¨¦poca en que se extrem¨® la lucha contra narco al autorizar el uso masivo de la fuerza militar. Decenas de miles de soldados fueron destinados a tareas policiales para las que, seg¨²n los expertos, no hab¨ªan sido entrenados. El impacto de esta medida se advirti¨® en el n¨²mero de quejas por malos tratos y torturas registrados por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial. Si en 2006 eran 182, en 2008 ya sumaban 1.230. El propio relator de Torturas de la ONU, Juan M¨¦ndez, ha concluido que esta pr¨¢ctica se generaliz¨® en M¨¦xico. ¡°Hay una presencia permanente del maltrato en la detenci¨®n¡±, afirm¨® M¨¦ndez.

No estamos en contra de que se combata al narcotr¨¢fico, al contrario, lo apoyamos completamente, pero desde el respeto a los derechos humanos¡±

Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH.

Aunque las organizaciones humanitarias pidan la investigaci¨®n de un periodo presidencial concreto, la Corte Penal Internacional no establece la responsabilidad del Estado por violaciones de este tipo, tarea que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal de La Haya se centra en juzgar a personas por cr¨ªmenes de lesa humanidad y genocidio. Bajo este limitado campo de acci¨®n, su intervenci¨®n en M¨¦xico s¨®lo ser¨ªa posible si reconociese los abusos policiales como una pr¨¢ctica sistem¨¢tica y generalizada contra la poblaci¨®n civil y siempre que se determine que las autoridades judiciales locales no investigan ni juzgan esta tipolog¨ªa delictiva. En un primer paso, la petici¨®n de las organizaciones va encaminada a la apertura, por parte de la Fiscal¨ªa, de un examen preliminar. En esta fase, el ministerio p¨²blico determina si hay base indiciaria suficiente para una acusaci¨®n de lesa humanidad. En un segundo paso, deber¨ªa analizar si los tribunales nacionales investigan esos casos y si estos tienen relevancia suficiente para la intervenci¨®n de la corte. Si todo ello resultase, tendr¨ªa que pedir autorizaci¨®n al CPI para investigar en el lugar de los hechos. Los tiempos para cada paso son largos, aunque la primera respuesta de la fiscal¨ªa puede darse en semanas.

¡°No estamos en contra de que se combata al narcotr¨¢fico, al contrario, lo apoyamos completamente, pero desde el respeto a los derechos humanos¡±, se?ala Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH.