Nueva York se niega a detener inmigrantes sin orden judicial

Nueva York se niega a retener durante 48 horas a inmigrantes indocumentados detenidos en la prisi¨®n de Rikers Island, como hace ahora a petici¨®n del Servicio de Inmigraci¨®n y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl¨¦s), salvo que pese sobre ellos una orden de arresto de un juez federal, hayan sido condenados por un delito grave en los ¨²ltimos cinco a?os o est¨¦n en una lista de presuntos terroristas. De esta manera, la ciudad se une a una lista creciente de Ayuntamientos y condados de EE UU que desaf¨ªan la pol¨ªtica migratoria nacional por considerarla in¨²til y una vulneraci¨®n de los derechos civiles de muchas personas que residen en el pa¨ªs con sus familias y pagan sus impuestos desde hace a?os.

La reforma, que pondr¨¢ fin a a?os de estrecha colaboraci¨®n entre la polic¨ªa y la prisi¨®n de Nueva York con las autoridades federales encargadas de la deportaci¨®n de indocumentados, fue presentada este martes para su tramitaci¨®n por el Consejo Municipal (New York City Council) y cuenta con el apoyo del alcalde, el dem¨®crata Bill de Blasio, lo que garantiza su ¨¦xito. Bajo la nueva legislaci¨®n, el centro para extranjeros del ICE en la c¨¢rcel de Rikers Island ser¨¢ clausurado y sus funcionaros trasladados.

La puertorrique?a Melissa Mark-Viverito, presidenta del Consejo Municipal y promotora de la reforma, considera necesaria la nueva ley para que la ciudad deje de colaborar en un sistema ¡°disfuncional¡± que condena a los inmigrantes a ¡°dolorosos procesos de deportaci¨®n que les apartan de sus familias sin haber cometido un delito grave¡±.

En la actualidad, la Secure Communities Act (Programa de Comunidades Seguras), redactada por el Departamento de Seguridad Nacional en 2008, ampara a alguaciles y polic¨ªas de todo el pa¨ªs a retener a los inmigrantes indocumentados y ponerlos a disposici¨®n de las autoridades federales para su deportaci¨®n. Cuando una persona es detenida en Nueva York, se le traslada a Rikers Island, se toman sus huellas dactilares y su informaci¨®n personal es introducida en una base de datos federal para ser compartida con diferentes organismos, entre ellos el ICE. Si las autoridades migratorias consideran que la persona est¨¢ en el pa¨ªs de forma ilegal, emiten una solicitud para que sea retenida durante 48 horas m¨¢s hasta hacerse cargo de ella.

Seg¨²n datos del propio ICE, desde la puesta en marcha del programa en octubre de 2008 hasta el 31 de agosto de este a?o la agencia hab¨ªa tramitado 900.000 peticiones de retenci¨®n para individuos detenidos en Nueva York. De ellos, m¨¢s de 2.000 fueron expulsados del pa¨ªs. Seg¨²n las asociaciones de derechos civiles, esta pr¨¢ctica ha permitido deportar a cientos de miles sin amparo judicial. ¡°Con este cambio, muchas familias ya no ser¨¢n innecesariamente destrozadas. Como hemos dicho en otras ocasiones, si el Congreso de Washington no act¨²a, lo haremos nosotros¡±, coment¨® Mark-Viverito.

Como denunci¨® recientemente The New York Times en un editorial, el procedimiento actual ¡°se ha mostrado muy efectivo para romper familias pero poco acorde con lo que deber¨ªa ser una legislaci¨®n sobre inmigraci¨®n m¨¢s humana y propia de un Estado de Derecho¡±. Muchos tribunales federales han denunciado que las 48 horas de retenci¨®n adicional plantean serios problemas de constitucionalidad, ya que no responden a ¨®rdenes judiciales de arresto, sino a simples peticiones administrativas sobre personas que, en la mayor¨ªa de los casos, no representan un peligro para la sociedad.

¡°Esta legislaci¨®n separa los asuntos migratorios de los criminales y nos permitir¨¢ vivir m¨¢s seguros, ya que animar¨¢ a las comunidades de inmigrantes a informar de los cr¨ªmenes y a colaborar con las autoridades¡±, declar¨® Daniel Dromm, miembro del Consejo Municipal neoyorquino y promotor tambi¨¦n de la iniciativa.

Adem¨¢s de Nueva York, ciudades como Filadelfia, San Diego, Chicago, Los ?ngeles o Newark se est¨¢n rebelando, con propuestas a favor de la integraci¨®n de los inmigrantes como Welcoming America, ante la incapacidad de la Casa Blanca y del Congreso de Washington para abordar el problema de los 11 millones de indocumentados del pa¨ªs. Los Ayuntamientos han llegado a la conclusi¨®n de que las pol¨ªticas federales son in¨²tiles, caras, da?an la imagen de las polic¨ªas locales y, sobre todo, plantean dudas legales, con el riesgo de afrontar costosos litigios de quienes ven vulnerados sus derechos. Un precio demasiado alto para no asumir el problema como algo propio y tomar medidas.

En el Estado de Nueva York, 40 condados han decidido tambi¨¦n desafiar la doctrina del ICE. ¡°Uno de los derechos fundacionales de este pa¨ªs es el derecho a un juicio justo. Ninguna persona de esta ciudad debe ser encarcelada a menos que exista una orden de detenci¨®n o un juez haya examinado su caso¡±, afirm¨® Donna Liberman, directora de la Uni¨®n de Libertades Civiles de Nueva York.

En opini¨®n del alcalde de Nueva York, la reforma es una toma de posici¨®n para ¡°proteger derechos individuales sin desatender la necesidad de seguridad¡±. El jefe de polic¨ªa de la ciudad, William Bratton, tambi¨¦n se mostr¨® partidario de la misma. Jenny Alcaide, del programa de inmigraci¨®n de la Cardozo School of Law, coment¨® a los medios: ¡°La nueva normativa pone a Nueva York en la vanguardia de un movimiento nacional para poner el poder municipal al servicio de los derechos de los inmigrantes y la justicia racial¡±. Un funcionario del ICE dijo que la actitud del Ayuntamiento de Nueva York perjudica el objetivo principal de la Secure Communities Act, que es conseguir unas ciudades m¨¢s seguras. ¡°Muchos de los que sean liberados cometer¨¢n delitos graves¡±, advirti¨®.