Kenia pone a prueba la eficacia de la Corte Penal Internacional

El caso de Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia acusado de cr¨ªmenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), ha puesto a prueba la eficacia de la propia instituci¨®n, abierta en 2002. La fiscal¨ªa asegura que el Gobierno keniano no colabora en la obtenci¨®n de pruebas. Sin ellas, no pueden presentar a Kenyatta como responsable indirecto de la muerte de unos 1.300 civiles tras las elecciones de 2007. Ante la imposibilidad de avanzar, ha pedido a los jueces ¡°que no abran el proceso hasta que Nairobi cambie de actitud¡±. La defensa, en cambio, solicita el archivo de la causa por ¡°ausencia flagrante de evidencias¡±. Pero, sobre todo, quiere que se proclame la inocencia del cliente. La situaci¨®n es excepcional porque Kenia es miembro de la Corte y debe cooperar con ella.

La obstrucci¨®n de la justicia denunciada por la acusaci¨®n muestra tambi¨¦n la otra gran dificultad afrontada por la justicia penal internacional. La CPI est¨¢ mal vista en ?frica porque muchos de sus pa¨ªses consideran que solo se ocupa de perseguir a sus nacionales. En concreto a los de Sud¨¢n, Uganda, Rep¨²blica Central Africana, Libia, Costa de Marfil, Rep¨²blica de Congo, Mal¨ª y Kenia, que es donde investiga la fiscal¨ªa. La propia Uni¨®n Africana ha criticado el trabajo de la Corte por considerarla dominada por los socios europeos. El reproche es especialmente doloroso para la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que es de Gambia, y repite que solo acude ¡°all¨ª donde se cometen los peores delitos¡±.

Estas tensiones, y la dificultad a?adida de que la Corte dependa de sus miembros para detener a sus acusados, han llevado al fiscal Benjamin Gumpert a criticar con dureza al acusado. ¡°Sabemos que hay pruebas para sustentar el caso. Pero mientras Uhuru Kenyatta se mantenga como presidente de Kenia, es mejor suspender el proceso hasta que cambie la situaci¨®n. Es el hombre m¨¢s poderoso e influyente del pa¨ªs. Controla el Ejecutivo y a la Fiscal¨ªa General del Estado. ?l entorpece la justicia, porque el Gobierno est¨¢ a su merced¡±, ha dicho. Adem¨¢s de pedir la suspensi¨®n indefinida de proceso hasta que cambie la situaci¨®n, ha solicitado a los jueces que el resto de los Estados miembros de la CPI (122) eval¨²en la posibilidad de imponer sanciones a Kenia.

Stephen Kay, abogado defensor de Kenyatta, ha sido tambi¨¦n directo en sus alegaciones. ¡°El caso ha fallado porque no hay pruebas. Cada vez que hemos demostrado que hab¨ªa contradicciones en las declaraciones de los testigos, o bien dudas sobre su integridad, porque algunos han llegado a pedir dinero, la fiscal¨ªa abre otra v¨ªa de investigaci¨®n. As¨ª las cosas, no tenemos fe en los fiscales y tampoco daremos m¨¢s informaci¨®n. Si hubiera pruebas habr¨ªa caso, pero no es as¨ª¡±, ha asegurado.

Kenyatta lleg¨® al poder en 2013 en el curso de unas elecciones consideradas dudosas por los observadores internacionales. De todos modos, los cargos que se le imputan datan de 2007, cuando su aliado, Mwai Kibaki, gan¨® la presidencia. Ambos pertenecen a la etnia kikuyu, y, seg¨²n los fiscales, Kenyatta habr¨ªa financiado a un grupo guerrillero af¨ªn llamado Mungiki para reprimir a otros clanes. Su viaje a La Haya, sede de la CPI, ha sido preparado con cuidado para presentarle como un estadista. Como el presidente de una de las econom¨ªas m¨¢s fuertes de ?frica, cuya Constituci¨®n fue aprobada en un refer¨¦ndum en 2010 con el 68% de los votos a favor.