La CNDH concluye que los militares asesinaron a 15 civiles en Tlatlaya

La matanza de Tlatlaya, en la que 22 supuestos narcos murieron a manos del Ej¨¦rcito, corre camino de quedar en la memoria de los horrores en M¨¦xico. La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, un organismo p¨²blico, ha dictaminado que en la madrugada del 30 de junio ocho militares mataron a sangre fr¨ªa a 15 civiles, entre ellos dos adolescentes, que se hab¨ªan rendido despu¨¦s de un enfrentamiento armado en el que hab¨ªan muerto otras siete personas. Una vez asesinados, seg¨²n la comisi¨®n, los militares manipularon la escena del crimen, una bodega al sur del Estado de M¨¦xico, para hacer creer que todos hab¨ªan ca¨ªdo durante un cruce de disparos. Solo se salvaron tres mujeres, a las que los soldados tomaron por secuestradas. El presidente de la CNDH, Ra¨²l Plasencia, concluy¨® que la masacre constituye una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en M¨¦xico.

Este veredicto, que cae en plena cuenta atr¨¢s por las desapariciones de Iguala, agrava la profunda crisis de confianza institucional que atraviesa el pa¨ªs. Ocho militares ¨Cun teniente y siete soldados- ya han sido arrestados. A tres de ellos, la Procuradur¨ªa les acusa de homicidio. La purga, in¨¦dita en unas fuerzas armadas acostumbradas a librar su combate contra el narco sin dar cuentas a nadie, es fruto de la fuerte presi¨®n internacional, incluido el Departamento de Estado de EEUU, y de la decisi¨®n del presidente Enrique Pe?a Nieto de abrir una investigaci¨®n en condiciones ante un caso que amenazaba con convertirse en un problema pol¨ªtico de primer orden. La intervenci¨®n militar contra el narcotr¨¢fico es un terreno minado. Entre 30.000 y 40.000 soldados est¨¢n movilizados en dichas tareas. Los episodios de abusos y ejecuciones extrajudiciales son frecuentes y han llamado la atenci¨®n hasta a la ONU, pero nunca un caso hab¨ªa adquirido la dimensi¨®n de Tlatlaya.

Desde su salida a la luz p¨²blica, la versi¨®n ofrecida por el Ej¨¦rcito sobre la matanza mostr¨® contradicciones insalvables. El relato oficial manten¨ªa que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se hab¨ªa topado por casualidad con una bodega custodiada por ¡°personal armado¡± y que este, al ver a los soldados, empez¨® a disparar. El resultado fueron 22 ¡°supuestos agresores¡± muertos y solo un militar herido sin gravedad. La parquedad de esta reconstrucci¨®n, la negativa de las fuerzas armadas a facilitar datos de los fallecidos (integrantes del sanguinario cartel de La Familia) y su incapacidad para explicar qu¨¦ hac¨ªan de madrugada las tropas en aquella bodega olvidada, no hicieron sino acrecentar las dudas sobre una versi¨®n que ni siquiera daba explicaci¨®n de c¨®mo fue posible que no quedase ning¨²n supuesto narco herido, ni c¨®mo se logr¨® que no hubiese ninguna baja militar. Pese a estas fisuras, el Ej¨¦rcito cont¨® con fuertes apoyos institucionales. Entre ellos, la propia Procuradur¨ªa del Estado de M¨¦xico, encargada de las primeras investigaciones. Este organismo defendi¨® contra viento y marea a los militares y declar¨® p¨²blicamente que ninguna de las v¨ªctimas hab¨ªa muerto por disparos a corta distancia.

Esta versi¨®n, que lleg¨® a parecer inamovible, salt¨® los aires gracias a la declaraci¨®n de una superviviente obtenida por Esquire y avanzada, a la par que en la web de la revista, en EL PA?S. La mujer, madre de una adolescente muerta en Tlatlaya, cont¨® que primero hubo un enfrentamiento corto y que, tras la entrega de armas, empezaron los interrogatorios a los detenidos: ¡°Ellos [los soldados] dec¨ªan que se rindieran, y los muchachos ped¨ªan que les perdonaran la vida. ¡®Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos¡¯. As¨ª les dec¨ªan los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (¡­). Entonces les preguntaron c¨®mo se llamaban, y los her¨ªan, no los mataban. Yo dec¨ªa que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos dec¨ªan: ¡®Esos perros no merecen vivir¡¯ (¡­) Luego los paraban as¨ª en hilera y los mataban (¡­) Se escuchaban los quejidos, los lamentos¡±. Acabada la primera tanda de ejecuciones, la mujer vio c¨®mo remataban a su hija. Ella se hizo pasar por secuestrada para salir con vida.

Su testimonio salt¨® los diques de contenci¨®n. Las asociaciones de derechos humanos internacionales exigieron una inmediata revisi¨®n del caso. Washington record¨® la necesidad de una investigaci¨®n ¡°f¨¢ctica y cre¨ªble¡± a cargo de autoridades civiles. El propio presidente Pe?a Nieto orden¨® que las pesquisas pasasen a manos de la Procuradur¨ªa General, un organismo bajo su control. Solo entonces, la Secretar¨ªa de Defensa Nacional rompi¨® el blindaje del caso. Poco despu¨¦s se produjeron las primeras detenciones de soldados. Ahora ha llegado la conclusi¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. El resultado muestra la barbarie de una actuaci¨®n militar amparada y tapada durante meses. Una nueva losa para unas instituciones que, de la mano de este caso y de la tragedia de Iguala, han entrado en una fase aguda de erosi¨®n.