La Justicia mexicana asume el caso de los militares acusados de masacre

Un mes despu¨¦s de que un juez militar dictara auto de formal prisi¨®n contra siete soldados mexicanos por su participaci¨®n en la matanza de Tlatlaya, en la que fallecieron tiroteados 22 supuestos narcotraficantes, un juzgado civil federal ha asumido el caso.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de M¨¦xico notific¨® que el pasado 31 de octubre, alrededor de la medianoche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensi¨®n librada contra los siete militares. A todos ellos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio p¨²blico, pero a tres se les acusa tambi¨¦n de abuso de autoridad, homicidio de ocho personas y alteraci¨®n il¨ªcita del escenario del crimen y a uno m¨¢s de encubrimiento, por no haber tratado de impedir el delito.

En la madrugada del pasado 30 de junio, 22 supuestos narcos fallecieron a manos de un batall¨®n del Ej¨¦rcito en lo que la versi¨®n oficial calific¨® como un enfrentamiento. Seg¨²n este relato, los soldados se habr¨ªan topado por casualidad con una bodega custodiada por personal armado que al verlos, comenz¨® a disparar. El fuego cruzado habr¨ªa tenido lugar en la comunidad de San Pedro de Lim¨®n, del sure?o municipio de Tlatlaya (Estado de M¨¦xico), un lugar rec¨®ndito sobre el que nunca se explic¨® por qu¨¦ estaban los militares all¨ª. El Ej¨¦rcito se limit¨® a informar en un escueto comunicado de las bajas, sin tan siquiera dar identidades, y su actuaci¨®n fue celebrada por las autoridades estatales.

A mediados del mes de septiembre, una superviviente de la masacre ofreci¨® a la revista Esquire un testimonio muy distinto. La mujer, madre de una adolescente fallecida aquella noche, cont¨® que primero hubo un enfrentamiento corto en el que cay¨® uno de ellos y que, tras la entrega de armas, comenzaron los interrogatorios a los detenidos: ¡°Ellos [los soldados] dec¨ªan que se rindieran, y los muchachos ped¨ªan que les perdonaran la vida (¡­). Todos se salieron y se rindieron (¡­) Entonces les preguntaron c¨®mo se llamaban, y los her¨ªan, no los mataban. Yo dec¨ªa que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos dec¨ªan ¡®esos perros no merecen vivir¡¯ (¡­) Luego los paraban as¨ª en hilera y los mataban (¡­) Se escuchaban los quejidos, los lamentos¡±, relataba en algunos fragmentos de la entrevista.

La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos resolvi¨® en un informe que ocho militares mataron a sangre fr¨ªa a 15 civiles

Con la publicaci¨®n de las declaraciones de la testigo el caso dio un giro de 180 grados. Organizaciones de derechos humanos exigieron el esclarecimiento de los hechos y hasta Washington record¨® al Gobierno mexicano la necesidad de una investigaci¨®n ¡°f¨¢ctica y cre¨ªble¡±. El asunto se hab¨ªa convertido en un problema de primer nivel para el presidente de la Rep¨²blica, Enrique Pe?a Nieto, quien inmediatamente orden¨® que las pesquisas fueran asumidas por la PGR. La fiscal¨ªa enseguida acus¨® formalmente de homicidio calificado a tres militares y a otro m¨¢s por encubrimiento, sosteniendo que al menos ocho civiles fueron rematados ¡°sin justificaci¨®n alguna¡±, dijo el procurador, por el Ej¨¦rcito.

Hace apenas diez d¨ªas, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos resolvi¨® en un informe que ocho militares mataron a sangre fr¨ªa a 15 civiles, entre los que se encontraban dos adolescentes, que se habr¨ªan rendido despu¨¦s de un enfrentamiento armado en el que murieron otros siete. Los resultados de la investigaci¨®n de la CNDH confirmar¨ªan la actuaci¨®n abusiva del Ej¨¦rcito, sin embargo, las sombras y el baile de datos en torno al caso todav¨ªa son muchas. Esta masacre, junto con la de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre fallecieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes tras un choque con la polic¨ªa municipal, evidencian la crisis de impunidad en un pa¨ªs que durante meses y a golpe de reformas se esforz¨® por borrar de sus titulares la sangre del narco.