La derecha acusa a Obama de abuso de poder por la reforma migratoria

Ser¨¢ una batalla larga. En el Congreso y los tribunales. En la opini¨®n p¨²blica. Definir¨¢ el ambiente en el que Estados Unidos elegir¨¢ al sucesor de Barack Obama en noviembre de 2016. Las medidas de Obama para regularizar a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados ¡ªy la respuesta de la oposici¨®n republicana¡ª amenazan con elevar la crispaci¨®n que paraliza Washington desde hace media d¨¦cada.

El problema, para el Partido Republicano, es medir las fuerzas. La derecha, dividida entre un ala dura que instintivamente querr¨ªa la destituci¨®n del presidente y unos l¨ªderes pragm¨¢ticos que saben que la gesticulaci¨®n excesiva puede resultar contraproducente, duda.

La primera respuesta a la acci¨®n ejecutiva de Obama ¡ªmedidas adoptadas sin el Congreso¡ª fue doble. Primero, una enmienda al m¨¦todo y al supuesto abuso de poder que revela, pero sin ning¨²n anuncio de represalias concretas. Y segundo, una denuncia ante la justicia federal, preparada desde hace meses pero que hasta este viernes no se efectu¨®, por las acciones ejecutivas de Obama en otro logro de su presidencia: la reforma sanitaria.

El argumento del Partido Republicano es que Obama ha excedido los l¨ªmites constitucionales de su cargo y exhibe una tendencia peligrosa a convertir la presidencia de EE UU en un poder imperial que revienta los equilibrios de poder establecidos en la Constituci¨®n.

"Si el presidente puede salirse con la suya y hacer sus propias leyes, los futuros presidentes tambi¨¦n tendr¨¢n la capacidad de hacerlo", dijo el l¨ªder republicano John Boehner, presidente de la C¨¢mara de Representantes.

"Las acciones que he adoptado no solo son legales, sino que son el tipo de acciones que todos los presidentes republicanos y todos los presidentes dem¨®cratas han adoptado durante el ¨²ltimo medio siglo", dijo Obama en la noche del jueves al presentar sus reformas. Obama ha firmado este viernes las acciones ejecutivas en Las Vegas (Nevada), el Estado con una mayor proporci¨®n de sin papeles de EE UU, para presentar las decisiones.

La medida m¨¢s controvertida evitar¨¢ la deportaci¨®n de unos cuatro millones de inmigrantes sin papeles que, adem¨¢s, podr¨¢n obtener un permiso de trabajo. Los beneficiarios son indocumentados que llevan m¨¢s de cinco a?os en el pa¨ªs y cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Otro mill¨®n de personas se beneficiar¨¢ de las otras medidas del plan de Obama. Quedan unos seis millones de indocumentados que se mantendr¨¢n fuera de la ley.

En un memorando difundido por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia responde a las cr¨ªticas por abuso de poder que el presidente disfruta de la discrecionalidad a la hora de deportar a unos inmigrantes y permitir a otros seguir en EE UU.

Otra justificaci¨®n es pol¨ªtica. El presidente sostiene que no le ha quedado m¨¢s remedio que recurrir a las medidas unilaterales por el bloqueo de cualquier intento de aprobar una ley de inmigraci¨®n convencional en el Congreso. Desde 2011, los republicanos son mayor¨ªa en la C¨¢mara de Representantes. Como resultado de las ¨²ltimas legislativas, en enero ser¨¢n mayor¨ªa en el Senado.

En el discurso, el presidente esgrimi¨® que EE UU es un pa¨ªs de inmigrantes. "Todos fuimos extranjeros una vez", dijo, tras citar el Antiguo Testamento (Lev¨ªtico, 19.33.34).

Los argumentos morales colocan a los republicanos en una posici¨®n delicada. La ret¨®rica antiinmigrantes cada vez es menos aceptable en el discurso p¨²blico. Y saben que los votantes de origen latino cada vez ser¨¢n m¨¢s decisivos en las elecciones.

De ah¨ª que los argumentos contra las medidas Obama sean jur¨ªdicos. Si esgrime que la identidad de EE UU es indisociable de la inmigraci¨®n, la derecha replica que este pa¨ªs se fund¨® en la divisi¨®n de poderes, destinada a frustrar cualquier tentaci¨®n mon¨¢rquica del presidente.

El Partido Republicano sopesa dejar sin fondos a los programas responsables de aplicar el plan de Obama sobre la inmigraci¨®n. Otra posibilidad es llevarlo a los tribunales, como ha hecho con la reforma sanitaria. Aunque el Congreso la aprob¨® en 2010, el litigio sigue abierto. Con la inmigraci¨®n, que divide Washington como la sanidad, puede ocurrir algo similar.