Justicia act¨²a contra Nueva York por la violencia en su principal c¨¢rcel
El Fiscal General denuncia que el Ayuntamiento es incapaz de poner fin al maltrato a los presos m¨¢s j¨®venes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Nueva York por el continuado trato violento que los funcionarios de la prisi¨®n de Rikers Island ejercen sobre los internos m¨¢s j¨®venes, entre 16 y 18 a?os, lo que supondr¨ªa una violaci¨®n de sus derechos constitucionales. El Fiscal General, Eric Holder, ha solicitado unirse a la demanda colectiva presentada en junio de 2012 por Mark N¨²?ez y otros diez presos. El Departamento de Justicia da este paso, seg¨²n la nota hecha p¨²blica este jueves, para asegurar que las autoridades penitenciarias de Nueva York adoptan ¡°las reformas institucionales necesarias, duraderas y verificables¡± para acabar con el maltrato.
La decisi¨®n de Holder supone un duro golpe para el alcalde dem¨®crata de Nueva York, Bill de Blasio, en un momento de encendido debate sobre la violencia policial y el trato a determinadas minor¨ªas. De Blasio, que prometi¨® mejorar las relaciones entre la ciudadan¨ªa y los cuerpos de seguridad, visit¨® el pasado mi¨¦rcoles por primera vez la c¨¢rcel de Rikers Island. Tras su recorrido, anunci¨®, acompa?ado por el responsable de prisiones de la ciudad, Joe Ponte, el fin de la denominada segregaci¨®n punitiva, es decir, celdas de aislamiento para los internos j¨®venes. En enero de este a?o, 91 adolescentes padec¨ªan ese castigo. Sin embargo, los pasos dados por el alcalde no han sido suficientes para Washington.
¡°Con este procedimiento, el Departamento de Justicia da un importante paso para garantizar la seguridad y los derechos constitucionales de las personas j¨®venes encarceladas en Rikers Island¡±, afirm¨® Holder. ¡°Hemos visto alarmantes evidencias de un innecesario y excesivo uso de la fuerza contra los adolescentes, as¨ª como fallos sist¨¦micos a la hora de protegerles del traum¨¢tico uso del r¨¦gimen de aislamiento. De esta manera, intentamos dar un trato justo a los j¨®venes encarcelados y proporcionarles las condiciones para que puedan construir el futuro mejor que merecen¡±, a?adi¨®.
La Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles, Vanita Gupta, enfatiz¨® las palabras de su jefe: "Vamos a garantizar que reformas legales de cr¨ªtica importancia se ponen en marcha para hacer frente a la cultura de la violencia y al uso excesivo de la segregaci¨®n punitiva en Rikers Island¡±. El fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, a?adi¨®: ¡°En ocasiones, la burocracia puede ser capaz de lograr cambios integrales, pero no creemos que este sea el caso. Valoramos los deseos manifestados por el comisionado Ponte, pero espero que se conviertan en medidas concretas y verificables. Como suele decirse, el diablo est¨¢ en los detalles, y hemos considerado que unirnos a la demanda colectiva existente es la mejor manera de cuidar los detalles¡±.
El pasado mes de agosto, el fiscal Bharara present¨® un informe en el que denunciaba la cultura de violencia y maltrato instalada en Rikers Island. ¡°No es un ¨²ltimo recurso, sino una pr¨¢ctica habitual¡±, se?al¨®. Bharara inst¨® a la ciudad a implementar hasta 70 medidas correctoras espec¨ªficas. Solo alguna de ellas se ha aplicado, para irritaci¨®n del ministerio p¨²blico.
En la demanda, el Departamento de Justicia alega que a lo largo del a?o fiscal de 2014 se han producido 553 incidentes en los que el personal uniformado de Rikers Island ha utilizado la fuerza contra los j¨®venes y 657 peleas entre internos, lo que evidencia un deficiente control por parte de los funcionarios. La demanda a?ade que, a pesar de la ¡°larga y turbulenta¡± tradici¨®n violenta del centro penitenciario, el Ayuntamiento ha sido incapaz de abordar sus deficiencias.
Entre ellas cita la falta de investigaciones sobre los casos de maltrato denunciados, una cultura del silencio asumida por los funcionarios, la falta de sanciones apropiadas y la mala supervisi¨®n de los internos. El Departamento de Justicia concluye que, pese a los contactos mantenidos y la voluntad de cambio expresada por el Ayuntamiento, ¡°la ciudad no ha estado dispuesta a comprometerse con las reformas y la supervisi¨®n necesarias para salvaguardar los derechos constitucionales de reclusos¡±.
Las siniestras pr¨¢cticas en Rikers Island salieron a la luz este verano. The New York Times public¨® una investigaci¨®n en que la se detallaba m¨¢s de un centenar de casos de violencia contra presos de dicho establecimiento, muchos de ellos con problemas mentales. El fiscal Bharara public¨® poco despu¨¦s el citado informe que constataba la ¡°profundamente instalada cultura de la violencia¡± entre los funcionarios de Rikers Island.
Uno de los casos m¨¢s graves fue el de Bradley Ballard, de 39 a?os, que muri¨® abandonado en una celda para enfermos mentales, desnudo en el suelo, cubierto con sus propias heces, sin recibir medicaci¨®n para su esquizofrenia y diabetes y con una goma anudada en los genitales que le provoc¨® una isquemia. Durante d¨ªas de laceraciones y autolesiones, nadie le atendi¨®. Dos d¨ªas despu¨¦s de su fallecimiento, su madre recibi¨® una llamada en Houston (Texas), donde vive. ¡°Su hijo ha fallecido de un ataque al coraz¨®n¡±, le dijeron.
El caso de Ballard era la punta de un terrible iceberg. ¡°Rikers Island no funciona para los internos adolescentes. Es un lugar donde la fuerza bruta es el primer impulso en lugar del ¨²ltimo recurso, un lugar donde los insultos verbales se pagan con lesiones f¨ªsicas, un lugar donde las palizas son rutina y las rendiciones de cuentas, una excepci¨®n¡±, declar¨® el fiscal. Aunque su informe se centr¨® en las condiciones de los internos de 16 a 18 a?os de tres c¨¢rceles del recinto, Bharara asegur¨® que los problemas eran extensibles a los otros siete edificios de adultos y mujeres.
Rikers Island, con 12.000 presos, en el segundo recinto penitenciario de Estados Unidos (Los ?ngeles ocupa el primer lugar, con 18.000 internos). Seg¨²n la fiscal¨ªa, el 44% de la poblaci¨®n reclusa adolescente ha sufrido trato violento con lesiones en alguna ocasi¨®n por parte de los funcionarios desde 2012.
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