La credibilidad exterior de Argentina, en juego

Argentina se juega la credibilidad como pa¨ªs en el caso Nisman. La investigaci¨®n y el proceso judicial tienen que ser las m¨¢s transparentes no s¨®lo para tranquilidad de los propios argentinos, sino para consumo externo. Buena parte del mundo est¨¢ pendiente de c¨®mo se aclare la muerte del fiscal y el eco del caso resonar¨¢ por mucho tiempo en quienes tomen decisiones, en t¨¦rminos sociales, pol¨ªticos o econ¨®micos, desde fuera del pa¨ªs. ?Invierto en Argentina? ?Hago negocios con argentinos? ?Env¨ªo a mis empleados y sus familias a vivir all¨ª?, se podr¨ªan preguntar muchos empresarios.

Tanto la seguridad ciudadana como la jur¨ªdica ya estaban muy cuestionadas en Argentina antes de la muerte de Nisman. Sin embargo, un caso que levanta sospechas sobre la implicaci¨®n del propio Gobierno, de supuestas ¡°mafias¡± que act¨²an en la sombra, en el que se mira a agentes del servicio secreto, ministros, diputados, jueces y hasta agitadores profesionales que al parecer participan en negociaciones bajo cuerda con gobiernos extranjeros supone un antes y un despu¨¦s en la creencia de que en Argentina impera la impunidad de los afines al kirchnerismo o de cualquier otro grupo que ostente poder de intimidaci¨®n.

El caso AMIA es un estigma para Argentina. El pa¨ªs lleva 20 a?os sin dar una respuesta contundente y cre¨ªble sobre los detalles y la responsabilidad del peor ataque terrorista sufrido por el pa¨ªs. Si la causa del fallecimiento del fiscal que investigaba el atentado corre la misma suerte, las posibilidades de que Argentina se perciba desde el extranjero como un Estado judicial y policialmente fallido son alt¨ªsimas. No se trata s¨®lo de la muerte de un miembro de la Justicia en circunstancias m¨¢s que sospechosas, sino que se trata del fiscal que se?al¨® a la presidenta Cristina Fern¨¢ndez como posible instigadora de un acuerdo con Ir¨¢n para zanjar en falso el asunto de la AMIA a cambio de intercambios comerciales.

Las primeras informaciones del caso desafortunadamente apuntan a que Argentina tendr¨¢ serias dificultades para demostrar al mundo que es un Estado de derecho solvente. La prisa de la presidenta Fern¨¢ndez de dar por buena la tesis del suicidio en un mensaje a trav¨¦s de Facebook, la presencia del secretario de Seguridad en la escena del crimen antes de que llegaran el juez y la fiscal de la causa, o la ausencia de los escoltas asignados por el poder p¨²blico atizan la sensaci¨®n de que no importa c¨®mo se resuelva el caso, nunca se sabr¨¢ la verdad.

Buena parte de la sociedad argentina ya se ha movilizado para forzar a las autoridades a trabajar con rapidez y transparencia. Los argentinos tienen experiencia en esto y han logrado con las marchas lo que deber¨ªan haber solventado los poderes p¨²blicos. En 1990, en el asesinato de Mar¨ªa Soledad Morales, de 17 a?os, en la provincia de Catamarca, la presi¨®n social y medi¨¢tica fue determinante para sentar a los responsables en el banquillo y acabar con el r¨¦gimen casi feudal que gobernaba la provincia. El crimen se produjo durante la presidencia del peronista Carlos Menem en una regi¨®n gobernada por peronistas.

En 1994, la indignaci¨®n popular tambi¨¦n forz¨® el esclarecimiento del asesinato del recluta Omar Carrasco en un cuartel de la provincia de Neuqu¨¦n. El caso tuvo como consecuencia la derogaci¨®n del servicio militar obligatorio instaurado un siglo atr¨¢s. Diez a?os despu¨¦s, las movilizaciones tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en el Gran Buenos Aires impulsaron el endurecimiento de las leyes penales, aunque ello no mejor¨® la seguridad ciudadana. En el caso Nisman todo apunta a que esta presi¨®n tambi¨¦n ser¨¢ fundamental para albergar la esperanza de que se llegue al fondo del asunto, caiga quien caiga.