M¨¦xico, infierno para la prensa

La sala de redacci¨®n del diario mexicano El Ma?ana, en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, de pronto se estremeci¨®. Eran cerca de las cuatro de la tarde del mi¨¦rcoles 4 de febrero cuando tres individuos fuertemente armados irrumpieron en el peri¨®dico y sin mediar palabra se dirigieron a la oficina del director editorial del diario, Enrique Ju¨¢rez Torres. Lo que sigue es parte de las cr¨®nicas policiales del d¨ªa siguiente en la prensa local e internacional: el editor intent¨® defenderse con un cuchillo pero fue obligado a los golpes a subirse a un veh¨ªculo. Tras amenazarlo de muerte, los atacantes lo liberaron m¨¢s tarde no sin antes advertirle que la publicaci¨®n sobre las actividades del crimen organizado en esa ciudad fronteriza, que limita con Brownsville, Texas, estaba estrictamente prohibida.

Ju¨¢rez, un veterano periodista que lleva 17 a?os trabajando en El Ma?ana, conoce bien cu¨¢les son las limitaciones en su labor informativa. En Matamoros no es posible publicar noticias sobre el crimen y el narcotr¨¢fico sin arriesgar la vida. Sin embargo, la violencia reciente, producto de una ¨¢spera disputa entre facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha producido un ba?o de sangre con m¨¢s de 15 muertos en las ¨²ltimas dos semanas, seg¨²n los informes de la prensa. El diario titube¨®, sabiendo que esos temas no tienen cabida en sus p¨¢ginas, pero decidi¨® de todos modos publicar un art¨ªculo con el siguiente t¨ªtulo de tapa: ¡°Combate: 9 muertos¡±.

La nota fue suficiente para disparar la ira de los narcotraficantes. Son ellos, y no los periodistas o sus editores, quienes deciden qu¨¦ se publica o deja de publicar en Matamoros. En ese estado, los grupos del crimen organizado no solo controlan territorio , sino que tambi¨¦n dictan la pol¨ªtica editorial de los medios de comunicaci¨®n. Las autoridades, sometidas al poder de fuego de los carteles, muchas veces coludidas por el dinero, en otros casos por el terror, est¨¢n abrumadas y son incapaces de cumplir con su obligaci¨®n de garantizar seguridad. Mucho menos pensar que, bajo esas condiciones, puedan resolver los cr¨ªmenes, las amenazas y enjuiciar a sus responsables.

Tamaulipas no es un caso aislado. Existen estados donde la violencia generalizada representa un verdadero infierno para la prensa. Veracruz es, acaso, el m¨¢s peligroso en M¨¦xico, seg¨²n la investigaci¨®n del Comit¨¦ para la Protecci¨®n de los Periodistas (CPJ). Cuatro periodistas han ca¨ªdo en represalia directa por su labor desde 2011, mientras otros seis otros reporteros fueron asesinados en circunstancias poco claras. Al menos tres periodistas han desparecido en el mismo estado en el mismo per¨ªodo.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, ostenta un r¨¦cord lamentable: ninguno de los casos ha sido resuelto en la justicia. Esta situaci¨®n deja a los periodistas en un estado de absoluta vulnerabilidad, sin garant¨ªas ni protecci¨®n.

Tamaulipas y Veracruz no son la excepci¨®n sino dos ejemplos evidentes de la profunda crisis de libertad de expresi¨®n y derechos humanos que atraviesa M¨¦xico en la actualidad. Las cifras son por dem¨¢s elocuentes: m¨¢s de 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los ¨²ltimos 7 a?os. Pero peor a¨²n que los n¨²meros, ya de por s¨ª demoledores, es el resultado que la violencia ejerce sobre periodistas y medios: un clima de terror e intimidaci¨®n. En este ambiente tan despiadado perdura el miedo. Y el temor conduce a la censura.

No se trata de una problem¨¢tica que afecta a un ¨²nico sector ¨Cen este caso la prensa-, sino algo mucho m¨¢s vasto y que, por ende, reviste extrema gravedad. Desde hace tiempo, la sociedad mexicana ¨Cen particular quienes viven en las regiones con fuerte presencia del crimen organizado-, permanece desinformada sobre muchas de las cuestiones que perturban su vida diaria. La prensa, mutilada y perseguida, se ve impedida de cumplir con su funci¨®n informativa b¨¢sica. En consecuencia, derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresi¨®n y el acceso a la informaci¨®n, est¨¢n seriamente comprometidos. Un sistema democr¨¢tico goza de buena salud cuando el debate sobre temas de inter¨¦s p¨²blico es abierto y vigoroso.

La democracia mexicana necesita que su sistema de justicia quiebre el ciclo de impunidad que impera en la mayor¨ªa de las investigaciones sobre los cr¨ªmenes contra los derechos humanos. Hasta tanto no suceda, su estabilidad estar¨¢ en riesgo.

Carlos Laur¨ªa es Coordinador S¨¦nior del programa de las Am¨¦ricas del Comit¨¦ para la Protecci¨®n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl¨¦s) Twitter: @CPJAm¨¦ricas