Municipios y crimen organizado en M¨¦xico

Desde el inicio de la guerra contra el narcotr¨¢fico en M¨¦xico en 2007, el crimen organizado ha asesinado 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 l¨ªderes y activistas pol¨ªticos locales. Si a?adimos desapariciones, atentados y amenazas p¨²blicas, el total llega a 441 ataques. En promedio se registraron cuatro ataques por mes en el sexenio del presidente Felipe Calder¨®n (2006-2012) y cinco ataques por mes en los dos primeros a?os del presidente Enrique Pe?a Nieto. Aunque la mayor¨ªa de los ataques se concentran en los estados de Guerrero, Michoac¨¢n, Jalisco y Sinaloa (en el Pac¨ªfico mexicano) y en los estados norte?os de Chihuahua, Durango y Tamaulipas, el 11% de los municipios ¨C donde habita el 30% del pa¨ªs ¨C han experimentado al menos un ataque en los ¨²ltimos ocho a?os.

Mediante estos ataques el crimen organizado ha logrado ablandar, abaratar y capturar a cientos de autoridades locales y apropiarse de los recursos y las polic¨ªas municipales. En estos espacios conquistados, los grupos criminales ejercen las dos funciones centrales del Estado ¨C la tributaci¨®n y el monopolio de la violencia ¨C y eliminan o desaparecen a quienes se opongan.

El PAN cooper¨® con sus correligionarios, desprotegi¨® a los del PRI, y abandon¨® a la izquierda

No hace mucho tiempo habl¨¢bamos del municipio como la instituci¨®n que aliment¨® la transici¨®n mexicana a la democracia; como el espacio donde inici¨® la competencia electoral y la alternancia, para luego expandirse al resto del pa¨ªs. Hoy es urgente entender por qu¨¦ el narco ha logrado a trav¨¦s de la violencia apoderarse de la instituci¨®n germinal de la democracia mexicana.

Como lo reportamos en la revista Nexos, los ataques contra autoridades locales son m¨¢s frecuentes en zonas inmersas en guerras por el control del trasiego de la droga, donde el municipio se ha convertido en una fuente de recursos para financiar estos conflictos. Por ello los narcos atacan municipios con mayores recursos y mayor capacidad impositiva. El control de estos municipios les da un beneficio adicional: acceso al registro de la propiedad y a informaci¨®n tributaria para extorsionar las econom¨ªas locales.

Pero m¨¢s all¨¢ de los factores que hacen atractiva la toma del municipio, est¨¢n los factores que los hacen vulnerables. Puesto que los municipios no tienen la capacidad policial para enfrentar a los poderosos ej¨¦rcitos del narco, los alcaldes dependen del auxilio federal. La experiencia reciente de la guerra contra el narcotr¨¢fico del presidente Calder¨®n muestra, sin embargo, que el apoyo federal no fluye a partir de necesidades locales sino de criterios partidistas.

Cuando un alcalde en un estado gobernado por el partido del presidente ¨C el dem¨®crata cristiano, PAN ¨C ped¨ªa auxilio ante epidemias de violencia criminal y ataques contra funcionarios locales, la federaci¨®n enviaba apoyos y se dise?aban operativos efectivos entre los tres niveles de gobierno. El operativo que rescat¨® a la ciudad de Tijuana (PAN) en Baja California (PAN) es emblem¨¢tico de la cooperaci¨®n entre correligionarios.

Pero cuando el alcalde que ped¨ªa auxilio proven¨ªa de un estado gobernado por el izquierdista PRD ¨C el partido que nunca acept¨® el triunfo electoral del presidente Calder¨®n en 2006 y se convirti¨® en la n¨¦mesis del presidente ¨C la respuesta federal no llegaba o cuando llegaba era unilateral, no involucraba a la autoridad local y la federaci¨®n intentaba exhibir a las autoridades locales como ineptas o corruptas.

Cuando el alcalde izquierdista de Acapulco, F¨¦lix Salgado (2005-2008), en el estado izquierdista de Guerrero, pidi¨® asistencia federal ante amenazas de muerte y una fuerte ola de violencia criminal, la federaci¨®n respondi¨® acus¨¢ndolo de proteger al narco. Aunque el gobierno se desdijo, el narco entendi¨® que en Guerrero los alcaldes de izquierda estaban desprotegidos.

A pesar de reiteradas peticiones de ayuda federal del alcalde izquierdista de Santa Ana Maya, Ygnacio L¨®pez (2011-2013) ¨C quien como muchos alcaldes del estado izquierdista de Michoac¨¢n fue obligado a ceder parte de sus recursos a Los Caballeros Templarios ¨C el auxilio nunca lleg¨®. Tras una huelga de hambre en Ciudad de M¨¦xico para exigir apoyos, L¨®pez fue asesinado.

M¨¢s all¨¢ de estos casos, los resultados de un estudio estad¨ªstico sugieren que durante el gobierno de Calder¨®n la probabilidad de ataques contra autoridades locales de oposici¨®n fue entre cinco y seis veces mayor en estado gobernado por la izquierda que en estados gobernados por el partido del presidente. En estados gobernados por el PRI la probabilidad de ataques fue dos veces mayor. Esto muestra que la federaci¨®n cooper¨® con sus correligionarios, desprotegi¨® parcialmente a los del PRI, pero abandon¨® a la izquierda. Y fue ah¨ª donde el narco se apoder¨® del poder local.

La respuesta de la izquierda ante la desprotecci¨®n federal fue pol¨ªticamente torpe. Los dirigentes del PRD no denunciaron la penetraci¨®n criminal en sus Gobiernos y protegieron a quienes por corrupci¨®n o por coacci¨®n se aliaron con el narco. El resultado: tras la masacre de Iguala, el PRD entr¨® en lo que puede ser una crisis terminal.

Ahora que los legisladores mexicanos se aprestan a reformar el sistema federal y mermar las capacidades institucionales del municipio, habr¨¢ que recordarles que el uso discrecional y politizado de las procuradur¨ªas y las fuerzas de seguridad por parte del presidente, en favor de sus correligionarios y en detrimento de sus enemigos, tiene al municipio postrado ante el crimen organizado.

Hay que ser muy claros. Quitarle capacidades policiales al municipio sin introducir contrapesos que eviten la politizaci¨®n de la fuerza p¨²blica es una reforma que no abonar¨¢ el camino para una paz verdadera.

Guillermo Trejo es profesor en la Universidad de Notre Dame y Sandra Ley es investigadora invitada en el Kellogg Institute for International Studies de la misma universidad