El color de la sangre

Justo cuando este a?o se cumple el 40? aniversario del Plan C¨®ndor que caus¨® m¨¢s de 60.000 v¨ªctimas, el reproche de Naciones Unidas al Gobierno mexicano por el fen¨®meno de las ¡°desapariciones generalizadas¡± en el pa¨ªs muestra que los desaparecidos no solo son un bald¨®n de la historia del siglo XX de Am¨¦rica, sino tambi¨¦n a comienzos del XXI.

La tortura y el desprecio a los derechos humanos no han sido un privilegio de las?dictaduras latinoamericanas de derechas ni de Estados Unidos. Sin ir m¨¢s lejos, Cuba y los procesos sumar¨ªsimos o las condenas a muerte contra sus disidentes, as¨ª como falta absoluta de respeto por las libertades en la isla ha sido y sigue siendo una de las mayores manchas del mapa del respeto a los derechos ajenos. Por eso, para un pa¨ªs como M¨¦xico, donde nunca hubo un golpe de Estado desde la Revoluci¨®n, donde la lucha siempre ha gravitado sobre c¨®mo instalar un poder civil por encima del militar, la recomendaci¨®n de la ONU significa un antes y un despu¨¦s.

El Gobierno de Pe?a Nieto, como ya le ocurri¨® a su antecesor, tiene una cuenta pendiente con su Ej¨¦rcito

Existe la convicci¨®n generalizada de que la mayor parte de los desaparecidos lo han sido a manos de los narcos y que las v¨ªctimas son ellos mismos. Pero el tema es que el narcotr¨¢fico por definici¨®n es ilegal y representa la falta de civilizaci¨®n. En cuanto a la polic¨ªa mexicana, el caso Iguala demuestra lo que todos los Gobiernos vienen repitiendo: no es fiable, est¨¢ penetrada por los narcotraficantes y es un instrumento de tortura m¨¢s que una garant¨ªa de libertad. Con este panorama, los ¨²nicos perjudicados por el tema de los desaparecidos pueden ser los miembros del ej¨¦rcito cuya historia y tradici¨®n democr¨¢tica podr¨ªan verse manchadas de sangre. La guerra insensata contra el narco, desatada por razones pol¨ªticas por el expresidente Felipe Calder¨®n llev¨®, gracias a la debilidad de su secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galv¨¢n, a un planeamiento absolutamente demencial de lo que era la soluci¨®n militar de una falsa guerra que acab¨® convirti¨¦ndose en civil.

De pronto, M¨¦xico se encontr¨® envuelto en un conflicto disfrazado entre el ej¨¦rcito de los sicarios del narco (originado por el fracaso del modelo social de desarrollo del pa¨ªs) y la brutalidad de unas fuerzas de seguridad que, muchas veces, tuvieron que defenderse en inferioridad de armas y condiciones y sin una cobertura legal. No se sabe cu¨¢nta gente se esfum¨® ni por qu¨¦, ni qui¨¦n los hizo desaparecer. A estas alturas, no hay lista oficial de desaparecidos. Tampoco de aparecidos. Algunas organizaciones hablan de 23.000 personas en paradero desconocido y otras de 35.000. A ello se suma que, buscando a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se han descubierto m¨¢s de cien cad¨¢veres en fosas comunes que nadie ha tenido la curiosidad de saber qui¨¦nes son.

El Gobierno de Pe?a Nieto, como ya le ocurri¨® a su antecesor, tiene una cuenta pendiente con su Ej¨¦rcito: legalizar la lucha contra el narco. Asimismo, tiene otro tema pendiente contra el futuro y a favor de la legalidad del r¨¦gimen: ser capaz de descubrir c¨®mo, cu¨¢ndo, por qu¨¦ y a manos de qui¨¦n desaparecieron miles de mexicanos. La carta de la ONU exige una actitud decidida para encontrar a quienes faltan y explicar qui¨¦n los desapareci¨®.