La ley anticorrupci¨®n de M¨¦xico castigar¨¢ tambi¨¦n a particulares

Uno de los pilares del gran consenso alcanzado por el Gobierno de Pe?a Nieto al comienzo de su legislatura fue el combate contra la corrupci¨®n. El llamado Pacto por M¨¦xico recog¨ªa el compromiso de revisar a fondo los sistemas de supervisi¨®n y rendici¨®n de cuentas p¨²blicas en un intento de atajar uno de los males end¨¦micos del pa¨ªs. M¨¢s de dos a?os despu¨¦s, y en medio de las recientes pol¨¦micas por supuestos conflictos de inter¨¦s que apuntan al presidente y a su grupo cercano, el paquete de reformas contra la corrupci¨®n ech¨® por fin a rodar el pasado mi¨¦rcoles. Entre las medidas, que a¨²n han de ser ratificadas en el pleno del Congreso, destaca la creaci¨®n de una Fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, la extensi¨®n de los plazos para perseguir los casos m¨¢s graves y posibilidad de que empresas y particulares pueden ser tambi¨¦n sancionados.

La comisi¨®n parlamentaria encargada respald¨® con una amplia mayor¨ªa -24 votos a favor de PRI, PAN y PRD, por un voto en contra y una abstenci¨®n- una propuesta que incluye cambios en hasta en 14 art¨ªculos de la Constituci¨®n y todo un enjambre de normativa complementaria que retrasar¨¢ la puesta en marcha del nuevo sistema al menos hasta el pr¨®ximo a?o.

¡°Teniendo en cuenta las experiencias internacionales, se trata de fortalecer unos mecanismos de pesos y contrapesos, de estructura muy complejos en el que es necesario involucrar a varias instituciones¡±, detalla Lourdes Morales, directora de?Red de Rendici¨®n de Cuentas, uno de los agentes sociales que participa en las negociaciones y que agrupa m¨¢s de una treinta de entidades p¨²blicas, empresariales y acad¨¦micas.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n funcionar¨¢ como una pata m¨¢s del poder judicial

Organismos de supervisi¨®n como la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n ver¨¢n reforzadas sus competencias, al entrar a fiscalizar tambi¨¦n ahora recursos de los Estados como la recaudaci¨®n de impuestos, las retribuciones de su personal y los contratos con terceras empresas. Una nueva instancia judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tendr¨¢ la potestad de sancionar tanto a funcionarios p¨²blicos ¨Cque podr¨¢n ser perseguidos durante un plazo m¨¢ximo de siete a?os¨C como a empresas privadas y particulares. El texto aprobado establece que podr¨¢ intervenir, suspender actividades y hasta disolver empresas involucradas en casos de corrupci¨®n. En el caso de los particulares tambi¨¦n establece sanciones como la inhabilitaci¨®n para participar subvenciones o programas de ayuda p¨²blica.

¡°Esta es una medida acertada porque clarifica esa frontera porosa que existe en M¨¦xico entre el empresariado y la clase pol¨ªtica en la manera de hacer negocios¡±, apunta Morales. Tanto Enrique Pe?a Nieto como su esposa, Ang¨¦lica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se han visto recientemente salpicados por las pol¨¦micas compras de inmuebles a empresarios que a su vez fueron beneficiados con contratos millonarios de la Administraci¨®n. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos adquirieron en 2012 viviendas a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa Cant¨², due?o del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con el presidente y su entorno.

En un intento de sofocar la presi¨®n p¨²blica provocada por estos supuestos conflictos de inter¨¦s, el presiente tom¨® la decisi¨®n de nombrar a principios de febrero?un nuevo titular al frente de la Secretar¨ªa de Funci¨®n P¨²blica, que estuvo ac¨¦fala durante 25 meses, encargado de investigar los casos. Un nombramiento que tambi¨¦n fue ratificado mediante el acuerdo alcanzado el mi¨¦rcoles.

Nace adem¨¢s otro ¨®rgano nuevo con vocaci¨®n de independencia. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, encuadrada org¨¢nicamente dentro del TFJA, ?funcionar¨¢ como una pata m¨¢s del poder judicial en una clara tentativa de poner distancia entre el Gobierno y las investigaciones por corrupci¨®n, que hasta ahora reca¨ªan en la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR). ¡°El objetivo es garantizar que el personal de la nueva fiscal¨ªa tenga la suficiente especializaci¨®n, autonom¨ªa presupuestaria y pol¨ªtica. Habr¨¢ que esperar a la evoluci¨®n de las normativas de desarrollo. Es un paso adelante, pero la batalla contra la corrupci¨®n a¨²n no est¨¢ ganada¡±, cierra Morales.