En Guatemala, el tema es la impunidad

En Guatemala se sigue discutiendo sobre la debilidad del sistema de justicia y la terrible impunidad que prevalece. Son capaces de detener a alguien por un accidente de tr¨¢nsito pero incapaces de juzgar y condenar los cr¨ªmenes m¨¢s graves, especialmente los de la delincuencia organizada y de aparatos clandestinos que atentan contra la institucionalidad del Estado.

El Gobierno actual pareciera que desea tomar todas las medidas posibles que garanticen esta impunidad. Recordemos que fue este presidente, Otto P¨¦rez Molina, quien rechaz¨® la reelecci¨®n de Claudia Paz como fiscal general, a pesar del desempe?o exitoso de sus labores; de igual forma el Partido Patriota hizo alianza con la supuesta oposici¨®n, el Partido L¨ªder para manipular la elecci¨®n de la Corte Suprema con el prop¨®sito de garantizar la impunidad de funcionarios de ambos partidos, y por si fuera poco, el presidente P¨¦rez ha anunciado reiteradamente que no piensa aprobar el mandato de la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG.

Algunos rumores internos de Presidencia dicen que hay miembros de su Gabinete y equipo personal que le han llegado a plantear que si la CICIG contin¨²a, los primeros que va a ser investigado y procesado despu¨¦s del 14 a las 14.00 horas ser¨¢n ¨¦l y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por todos los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que se han repetido cotidianamente durante este gobierno.

La justicia y la democracia van inexorablemente de la mano y no se puede tener una sin tener la otra

Reiteramos que el dilema fundamental de la sobrevivencia del Estado guatemalteco es el de: justicia o impunidad pues mientras no haya una justicia que funcione y garantice todos los derechos de todos los guatemaltecos y que trate a todos con igualdad, Guatemala no podr¨¢ consolidar la paz y vivir en armon¨ªa ni gozar de un r¨¦gimen democr¨¢tico. La justicia y la democracia van inexorablemente de la mano y no se puede tener una sin tener la otra, y en Guatemala hemos creado la ficci¨®n de la justicia y tenemos un modelo de democracia casi colapsado que implicar¨ªa un modelo fracasado de estado.

En el pasado dec¨ªamos que una justicia ¡°controlada¡± (por una ¨¦lite) no es justicia ya que violenta el principio de igualdad ante la ley. Pero hoy la situaci¨®n es peor a¨²n, hay quienes pretenden consolidar un r¨¦gimen total de impunidad que sea incapaz de reaccionar ante lo que sucede y por supuesto incapaz de investigar y procesar a los responsables de cr¨ªmenes que atentan contra la estabilidad del estado. Este hecho fue lo que provoc¨® la iniciativa de CICIG, que surgi¨® de la Sociedad Civil como un clamor desesperado para frenar la impunidad.

La impunidad surge de los m¨¢s altos niveles del gobierno que generan esc¨¢ndalos que todo mundo reconoce

Hoy, los ¨²ltimos acontecimientos de corrupci¨®n en aduanas y en la SAT nos confirman todo lo que preve¨ªamos, se demuestra que la impunidad surge de los m¨¢s altos niveles del gobierno que generan esc¨¢ndalos que todo mundo reconoce y que s¨®lo se descubrieron por la acci¨®n efectiva de la CICIG.

Hoy que vemos este grave esc¨¢ndalo que involucra a la c¨²pula de la SAT y llega hasta el secretario privado de la vicepresidenta, cabe preguntar: ?por qu¨¦ ante esta estafa millonaria en la que se repart¨ªan entre 2.5 y 3 millones por semana, la Juez de Primera Instancia los deja libres con una fianza de 200.000 quetzales, unos 25.000 d¨®lares, una cantidad absurda en relaci¨®n con el monto estafado?

El presidente P¨¦rez no podr¨¢ encontrar excusas para no ratificar la CICIG

?Por qu¨¦ la vicepresidenta dice que llam¨® a su Secretario Privado para pedirle que se entregara a la justicia, y este se encuentra fugado y ella no expresa consternaci¨®n? A cualquier funcionario decente de un pa¨ªs democr¨¢tico le hubiera generado tanta verg¨¹enza que renunciar¨ªa del cargo pues, en el Estado, el jefe de una instituci¨®n debe asumir la responsabilidad de sus subalternos o demostrar en el proceso judicial que no tuvo relaci¨®n con los hechos, pero no basta que diga ¡° yo no sab¨ªa¡±.

Tambi¨¦n sorprende que la supuesta oposici¨®n el Partido L¨ªder s¨®lo plantea la creaci¨®n de una comisi¨®n investigadora y no manifiesta ninguna sorpresa por los acontecimientos, a¨²n m¨¢s su candidato a las elecciones se mantiene en silencio, esto parece confirmar que entre el Patriota y el l¨ªder existe una alianza, pero no de principios pol¨ªticos sino para garantizarse mutuamente la impunidad en el pr¨®ximo periodo. Lo cual nos plantea un triste dilema para las pr¨®ximas elecciones. Es cierto que ninguno de los otros partidos contendientes a las elecciones pareciera querer tomar la iniciativa de convocar a la protesta social por estos hechos, lo cual tambi¨¦n es un signo preocupante. En este contexto qu¨¦ sentido pueden tener para el pueblo de Guatemala las pr¨®ximas elecciones y las diferentes candidaturas que se plantean. El camino de transformaci¨®n del pa¨ªs es otro.

Parte de la impunidad es que todo mundo ve a los responsables operativos de la corrupci¨®n pero no hay que olvidar a los usuarios de la ¡°l¨ªnea¡± que deben ser investigados y procesados, sea quien sea.

Queda claro que la renovaci¨®n del mandato de CICIG es necesaria y urgente, y que hoy en particular el presidente no podr¨¢ encontrar excusas para no reanudarla, pues de no hacerlo as¨ª quedar¨ªa claro que se trata una vez m¨¢s del encubrimiento de la corrupci¨®n de algunos funcionarios de este Gobierno que de todos modos podr¨¢n ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados en otros ¨¢mbitos.

Frank LaRue es Director de Robert F Kennedy Human Rights en Europa.