M¨¢s de 60.000 guatemaltecos exigen la renuncia del presidente Otto P¨¦rez

Por quinto s¨¢bado consecutivo, m¨¢s de 60.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca para exigir la renuncia del presidente, Otto P¨¦rez Molina. Este gesto del mandatario se har¨ªa necesario en la medida en que la legislaci¨®n no contempla mecanismos revocatorios para su mandato, que vence el 14 de enero de 2016.

La renuencia de P¨¦rez a abandonar el cargo es cada d¨ªa m¨¢s dif¨ªcil de comprender, en la medida en que la figura que proyecta es la de un pol¨ªtico sin ninguna capacidad de maniobra y casi sin apoyos ni asideros pol¨ªticos. Al clamor popular por que se marche se han sumado, en los ¨²ltimos d¨ªas, instituciones como el Colegio de Abogados y el Centro para la Defensa de la Constituci¨®n (Cedecon, integrado por constitucionalistas independientes).

Rigoberta Mench¨², premio Nobel de la Paz 1992, comenta que esta renuncia es indispensable para que la depuraci¨®n del Estado pueda hacerse, en la medida en que P¨¦rez Molina es responsable directo de los mayores actos de corrupci¨®n que se han destapado. ¡°Su permanencia en el cargo impedir¨ªa una investigaci¨®n independiente¡±, dijo Mench¨².

Mientras tanto, la patronal, que hasta ahora se pronuncia en favor que P¨¦rez Molina termine su mandato, s¨ª exigi¨® al mandatario que antes de abandonar el cargo se asegure que los bienes mal habidos por los funcionarios corruptos sean devueltos a las a las arcas del Estado. Recuerda que para despojarlos de los bienes mal habidos, la legislaci¨®n contempla figuras como la Extinci¨®n de Dominio, que hasta ahora s¨®lo se han aplicado a narcotraficantes condenados y extraditados a Estados Unidos.

"Su permanencia en el cargo impedir¨ªa una investigaci¨®n independiente¡±, dice Rigoberta Mench¨² sobre la salida del presidente

La segunda petici¨®n, que cada d¨ªa cobra m¨¢s vigor, es porque se proceda, a la brevedad, a introducir cambios importantes en la Ley Electoral, como ¨²nica manera de dar credibilidad a las elecciones generales convocadas para el 6 de septiembre. El sentimiento generalizado es que con la legislaci¨®n actual, cooptada por los partidos pol¨ªticos, el relevo del gobierno no ir¨ªa m¨¢s all¨¢ de lo puramente cosm¨¦tico.

Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral envi¨® ya al Congreso (unicameral) una iniciativa de ley que, en dos platos, se concentra en el control del financiamiento de las organizaciones partidarias y en limitar el n¨²mero de periodos consecutivos a que diputados o alcaldes puedan aspirar.

Es en este punto, la financiaci¨®n, donde la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene preparado, para mediados de junio, su informe al respecto, que puede ser demoledor. Es un secreto a voces que la mayor¨ªa de funcionarios que llegan a cargos de elecci¨®n popular est¨¢n patrocinados por el narcotr¨¢fico y el crimen organizado. En Guatemala, los partidos venden las casillas que m¨¢s posibilidades tienen de acceder a un puesto por cifras que oscilan entre USD5 millones y USD10 millones, lo que explica que los organismos del Estado se hayan convertido en centros de negocios y tr¨¢fico de influencias.

El impacto de este informe podr¨ªa dinamitar, incluso, el proceso electoral en marcha y dar paso a la suspensi¨®n de los comicios, para convocar a una Asamblea Constituyente. Guatemala empezar¨ªa, as¨ª, nuevamente de cero.