Un camino que no empieza de cero
Colombia ha trabajado durante d¨¦cadas para construir la verdad del conflicto, pero falta mucho para que se reconozca
En Colombia ya se han hecho numerosos aportes para esclarecer la verdad del conflicto que seguramente servir¨¢n de punto de partida, o por lo menos de insumo a la nueva Comisi¨®n anunciada este jueves en La Habana por el Gobierno y las FARC. Hay ejemplos de gran peso como la comisi¨®n que cre¨® el Gobierno a finales de los a?os 50, o la que se instaur¨® en el marco de los procesos de paz con las guerrillas a principios de los 90, y una m¨¢s para esclarecer lo que ocurri¨® en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19.
El esfuerzo m¨¢s reciente es el informe Basta Ya, que elabor¨® durante seis a?os el Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica, una entidad del Gobierno que en 2013, cuando ya estaba en curso el proceso de paz con las FARC, revel¨® que el conflicto armado hab¨ªa dejado cerca de 220.000 muertos desde 1958. ¡°No era exactamente una comisi¨®n de la verdad, pero s¨ª un esfuerzo oficial de presentar al pa¨ªs un relato del conflicto¡±, explica Mar¨ªa Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.
A esto se suma, el informe que present¨® hace tres meses la Comisi¨®n Hist¨®rica del Conflicto y sus V¨ªctimas, creada en el marco de las negociaciones de La Habana, integrado por 14 acad¨¦micos, la mitad elegidos por el Gobierno y la otra mitad por las FARC. Es un documento extenso, con 14 interpretaciones sobre las causas que originaron el conflicto, en las que hay m¨¢s desacuerdos que consensos.
La sociedad civil a lo largo y ancho del pa¨ªs tambi¨¦n ha trabajado para construir la memoria de lo que dejado su paso la guerra. Uno de los casos m¨¢s emblem¨¢ticos es el informe que present¨® la Ruta Pac¨ªfica por las Mujeres, un colectivo que reuni¨® testimonios de cerca de mil mujeres v¨ªctimas del conflicto armado. ¡°Todo esto demuestra que hemos estado caminando hace mucho tiempo hacia la verdad, pero seguimos con tareas pendientes en temas como la desaparici¨®n forzada, las responsabilidades pol¨ªticas e institucionales, o el reconocimiento de la verdad que se ha construido hasta ahora¡±, dice Moreno. Tambi¨¦n pasa, como es el caso del fen¨®meno paramilitar, que muchas de las verdades reveladas en juicios no se han divulgado lo suficiente. Para la directora del ICTJ, la nueva Comisi¨®n de la Verdad deber¨ªa dedicarse a construir ¡°una narrativa que incluya los temas pendientes y los reconocimientos pendientes¡±.
La mesa de negociaci¨®n de La Habana ha examinado los casos de Sud¨¢frica, Irlanda del Norte, Guatemala, Per¨² y El Salvador
Son varias las lecciones que para Colombia dejan otras comisiones de la verdad que se han dado en pa¨ªses con conflictos internos como Sud¨¢frica, Irlanda del Norte, Guatemala, Per¨² y El Salvador. Incluso, uno de los esfuerzos que ha hecho la mesa de negociaci¨®n en Cuba es analizar esas experiencias. Sin embargo, los analistas coinciden en que no existe un formato que se pueda replicar y que esas experiencias no son repetibles. ¡°Somos nosotros los que tenemos que definir nuestro propio modelo de comisi¨®n de la verdad¡±, agrega Moreno.
Per¨², por ejemplo, cre¨® en 2001 la Comisi¨®n de la Verdad y la Reconciliaci¨®n que se dedic¨® a esclarecer los hechos y las responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1980 y 2000, los cuales cometieron grupos guerrilleros y agentes del Estado. Esta comisi¨®n entreg¨® su informe tras 16 meses de trabajo, no ten¨ªa facultades judiciales, busc¨® determinar el impacto de la violencia en la poblaci¨®n y determin¨® que hubo cerca de 70.000 v¨ªctimas mortales.
En el caso de Guatemala, en 1994 se cre¨® la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico y culmin¨® su trabajo en 1999. Aunque no fue concebida como un organismo de car¨¢cter judicial, la informaci¨®n que recolect¨® s¨ª pod¨ªa ser utilizada para iniciar procesos judiciales. Esta comisi¨®n recogi¨® m¨¢s de 7.000 testimonios y dej¨® en evidencia el Estado fue el responsable de cerca del 93% de las violaciones a los derechos humanos.
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