Estados Unidos, preocupado por la situaci¨®n de DD HH en M¨¦xico

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano es la ¨²ltima muestra de la preocupaci¨®n que reina en Washington con la violaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico y el grado de implicaci¨®n de instituciones militares, policiales y hasta gubernamentales en esta lacra. Lo cual no quiere decir, necesariamente, que EE UU planee de forma inminente un cambio de estrategia en su ayuda al vecino del sur a trav¨¦s de la Iniciativa M¨¦rida.

Entre los problemas ¡°significativos¡± en materia de derechos humanos est¨¢ la ¡°implicaci¨®n de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito en graves abusos¡± tales como ¡°ejecuciones ilegales, tortura, desapariciones y abusos f¨ªsicos¡±, resume el cap¨ªtulo dedicado a M¨¦xico del reporte de Washington, en el que tambi¨¦n se se?ala como problema la persistente ¡°impunidad¡± en este tipo de cr¨ªmenes.

En lo m¨¢s alto del ¨²ltimo informe oficial norteamericano se destacan adem¨¢s los casos de Tlatlaya, donde se ha confirmado la implicaci¨®n de militares en el asesinato a sangre fr¨ªa de al menos 15 civiles, y el de Iguala, donde se sigue sin saber nada del paradero de 42 de los 43 estudiantes desaparecidos a finales de septiembre en una acci¨®n en la que estuvo implicada la polic¨ªa local.

Pese a lo cuidadoso del lenguaje y que la evaluaci¨®n no revela nada que no haya sido denunciado ya, el Gobierno mexicano no tard¨® en calificar el informe como un ¡°ejercicio unilateral¡± y llam¨® a ¡°revisarse las mec¨¢nicas unilaterales de revisi¨®n¡±.

La r¨¢pida reacci¨®n mexicana muestra una situaci¨®n persistente en la relaci¨®n bilateral: cuando se trata de evaluar la actuaci¨®n en seguridad y derechos humanos del Gobierno de Pe?a Nieto, Washington camina de puntillas para no herir susceptibilidades.

¡°Es una cuesti¨®n muy sensible porque EE UU y M¨¦xico quieren dar la imagen de que todo es muy amigable y que son aliados¡±, se?ala Michael Evans, del National Security Archive, de la Universidad de Georgetown.

El problema, acota, surge cuando aparecen ¡°acusaciones cre¨ªbles¡± como en Tlatlaya. Y es que por la Ley Leahy de 1997, patrocinada por el senador dem¨®crata Patrick Leahy, EE UU est¨¢ obligado a garantizar que las unidades extranjeras que entrena en el marco de acuerdos de asistencia de seguridad como la Iniciativa M¨¦rida, no est¨¢n involucradas en violaciones de derechos humanos.

Una preocupaci¨®n que no es nueva

Y, como m¨ªnimo, en EE UU hay muchas dudas respecto de la implicaci¨®n de instituciones mexicanas en casos como Tlatlaya o Iguala, se?ala Evans. Su organizaci¨®n ha revelado documentos oficiales que demuestran que el Pent¨¢gono empez¨® a hacer sonar la alarma al menos a partir de octubre.

Iguala ¡°despierta dudas alarmantes sobre la extensi¨®n de la violencia de los carteles en la regi¨®n y el nivel de complicidad del Gobierno¡±, se?ala el informe no clasificado pero s¨ª confidencial de un ¡°grupo de trabajo sobre derechos humanos¡± del Ej¨¦rcito estadounidense al que tuvo acceso el National Security Archive.

En el caso de Tlatlaya, donde ya hab¨ªan sido detenidos siete soldados del Batall¨®n 102 de infanter¨ªa, el informe se?ala que el SEDENA estaba investigando a un comandante de la zona militar afectada. ¡°De estar implicado en una violaci¨®n grave de derechos humanos, toda la zona militar y hasta 10.000 miembros del personal ser¨¢n inelegibles para la ayuda de cooperaci¨®n en seguridad de EE UU¡±, subrayaba el informe, remitido al Northcom, el comando militar encargado de la regi¨®n de M¨¦xico, Estados Unidos y Canad¨¢.

En enero, otro informe oficial del Northcom sobre el ¡°incidente de Tlatlaya¡± apuntaba que el Departamento de Estado hab¨ªa suspendido -a finales de 2014- la ayuda al batall¨®n 102 ¡°a la espera de resultados de las investigaciones¡± en marcha en M¨¦xico. ¡°Ninguno de los siete efectivos (mexicanos) suspendidos han recibido entrenamiento estadounidense¡±, agregaba.

Una portavoz del Departamento de Estado indic¨®, en respuesta a una pregunta de este peri¨®dico sobre el informe, que no se puede hablar de suspensi¨®n de fondos puesto que ¡°no hab¨ªa entrenamiento alguno planeado para el Batall¨®n 102¡±. Dicho lo cual, subray¨®, ¡°el Departamento de Estado seguir¨¢ revisando su ayuda a fuerzas de seguridad extranjeras, as¨ª como determinadas ayudas del Departamento de Defensa, para garantizar que los receptores no han cometido graves violaciones de derechos humanos¡±.

Algo que para el senador Leahy resulta de especial importancia en estos momentos respecto de M¨¦xico. ¡°Es crucial que tanto el Gobierno de M¨¦xico como el de EE UU demuestren que cr¨ªmenes como el de Tlatlaya, que no es m¨¢s que un ejemplo, ser¨¢n castigados de forma apropiada si se quiere continuar la asistencia estadounidense para ayudar a reformar y profesionalizar esas instituciones¡±, dijo Leahy a este peri¨®dico.

Una tarea que sin embargo, para el director para Am¨¦rica de Human Rights Watch (HRW), Jos¨¦ Miguel Vivanco, no se est¨¢ realizando en toda su extensi¨®n.

¡°Estados Unidos tiene muchas maneras de influir en M¨¦xico y no las est¨¢ ejerciendo plenamente. Por ejemplo, aunque es evidente que M¨¦xico no est¨¢ cumpliendo con las condiciones de derechos humanos de la Iniciativa M¨¦rida, el Departamento de Estado ha en reiteradas oportunidades en el pasado certificado que s¨ª lo ha hecho¡±, record¨®.

¡°Ante la evidente responsabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad de M¨¦xico en la comisi¨®n de graves violaciones de derechos humanos, la administraci¨®n de Obama y el Congreso norteamericano deben dar se?ales inequ¨ªvocas de que emplear¨¢n todos los mecanismos legales a su alcance con el fin de intentar ejercer presi¨®n para que cesen los abusos y los responsables sean llevados ante la justicia¡±, reclam¨®.