Estados Unidos reabre el debate sobre el control de las armas de fuego

Un juez envi¨® en 2008 a John Houser a un hospital mental tras recibir una queja de violencia de su familia, pero su caso no entr¨® en la categor¨ªa legal de reclutamiento involuntario. Eso permiti¨® que, cuando al cabo de un tiempo sali¨® del hospital, Houser pudiera legalmente comprar un arma. El pasado 23 de julio, la utiliz¨® para abrir fuego en una sala de cine en Luisiana, matando a dos personas antes de suicidarse.

Dylann Roof fue detenido en febrero en Carolina del Sur por posesi¨®n ilegal de un medicamento y admiti¨® ese delito ante la polic¨ªa. En abril, acudi¨® a una tienda a comprar un arma. Al margen de las enfermedades mentales, la ley impide la venta a personas que han confesado un delito, han sido condenadas o han sido diagnosticadas con adicciones a drogas.

Pero la prohibici¨®n solo se aplica si en un plazo de tres d¨ªas laborables el Gobierno federal ha completado un an¨¢lisis de antecedentes del cliente interesado. Pasado ese plazo, Roof volvi¨® a la tienda y pudo adquirir una pistola semiautom¨¢tica porque el vendedor no hab¨ªa recibido respuesta del Gobierno. El 17 de junio, la empu?¨® para matar a nueve personas negras en una iglesia en Charleston.

Los tiradores de Carolina del Sur y Luisiana se beneficiaron de vac¨ªos legales o fallos administrativos

Ambos tiroteos, con un mes de diferencia, evidencian la ineficacia en Estados Unidos de las leyes que deber¨ªan impedir las ventas de armas a personas peligrosas sin vulnerar la Constituci¨®n, que ampara la propiedad privada de armas de fuego. De cerrarse esos resquicios, las tragedias podr¨ªan haberse evitado. Eso es lo que recuerdan ahora varios grupos sociales y legisladores dem¨®cratas que promueven un endurecimiento del sistema de revisi¨®n de antecedentes a compradores.

El n¨²mero tres del Partido Dem¨®crata en el Senado, Charles Schumer, anunci¨® este lunes, junto a su prima la actriz Amy Schumer, un proyecto de ley que conceder¨ªa incentivos a los Estados para mejorar la coordinaci¨®n con el Gobierno federal en ese sistema, y tratar¨ªa de armonizar los procedimientos para decretar un?reclutamiento involuntario de un enfermo mental.?

El presidente Barack Obama intent¨® sin ¨¦xito restringir el acceso a las armas tras la matanza de 20 ni?os y 6 adultos en 2012 en una escuela de Connecticut. Si entonces el enorme impacto de esa sinraz¨®n no sirvi¨® para sumar los votos suficientes en el Capitolio, las posibilidades actuales parecen remotas. Tras el tiroteo de Charleston, Obama pidi¨® nuevamente endurecer los controles. Y recientemente, admiti¨® que no haberlo logrado es su mayor frustraci¨®n.

Los comerciantes privados -en Internet o ferias- no est¨¢n obligados a examinar al comprador. Suponen el 40% de las ventas totales

Pero, en cualquier caso, el debate sobre el control de las armas se ha reabierto. Solo lo propician las tragedias. El detonante ahora ha sido la coincidencia en pocas semanas de tres ataques solitarios en lugares p¨²blicos. Entre los tiroteos de Carolina del Sur y Luisiana, ocurri¨® otro: Muhammad Youssef Abdulaziz mat¨® el 16 de julio a cinco militares en Tennessee. Los primeros indicios apuntan a que adquiri¨® legalmente los rifles y pistolas que emple¨®. La afirmaci¨®n, sin embargo, de un amigo suyo de que Abdulaziz los compr¨® en Internet ha vuelto a revelar la escasa regulaci¨®n de ese mercado.

El problema, sostienen los partidarios de mayores restricciones, es doble. De un lado, el actual sistema de antecedentes debe cerrar los vac¨ªos que permiten casos como los de Houser y Roof: aunque fueron sometidos a revisi¨®n, pudieron comprar armas. El papel de los Estados es clave. Al no estar obligados a suministrar informaci¨®n al Gobierno federal, su cooperaci¨®n var¨ªa significativamente. Tambi¨¦n incide la excesiva burocracia de juzgados y cuerpos policiales.

Seg¨²n la organizaci¨®n Everytown, el plazo m¨¢ximo de tres d¨ªas para analizar el pasado del cliente ha supuesto que en los ¨²ltimos cinco a?os alrededor de 15.000 personas, que no habr¨ªan superado la revisi¨®n, hayan podido comprar armas.

Tras la matanza en una escuela en 2012, Obama fracas¨® en su propuesta de endurecer el control de las armas

Y del otro lado, los defensores de mayores controles piden ampliar el paraguas de los antecedentes. Los comerciantes privados -en Internet o ferias- no est¨¢n obligados a examinar al comprador. Esas ventas sin licencia suponen alrededor del 40% del total. ¡°Cada d¨ªa hay tiroteos de gente con antecedentes criminales o problemas mentales¡±, denuncia por tel¨¦fono Mike McLively, experto de la organizaci¨®n Leyes Inteligentes de Armas.

La enmienda bipartita, que no avanz¨® en el Senado en abril de 2013, pretend¨ªa extender el control de antecedentes a todas las transacciones comerciales de armas. Era la apuesta m¨¢s restrictiva en dos d¨¦cadas. Tambi¨¦n fracasaron los otros dos pilares de la propuesta de Obama: la prohibici¨®n de los rifles de asalto y la limitaci¨®n del n¨²mero de balas. Decantaron la balanza la presi¨®n del sector, como la Asociaci¨®n Nacional del Rifle, que declin¨® participar en este reportaje; y el miedo de algunos legisladores a perder apoyos en Estados con una extendida cultura armament¨ªstica.

Pese a la inacci¨®n federal, la matanza de Connecticut ha propiciado cambios legales en algunos Estados. Actualmente, 18 de los 50 Estados obligan a revisar antecedentes en la mayor¨ªa de ventas privadas. Todo ello, sin embargo, no altera la realidad de que personas aparentemente normales como el tirador de Tennessee habr¨ªan aprobado te¨®ricamente esa revisi¨®n.