?Seguridad o ¡°dividendo de la paz¡±?

Despu¨¦s de tres a?os de negociaci¨®n con las FARC, la posibilidad de que un futuro acuerdo de paz permita al gobierno colombiano destinar la actual inversi¨®n en seguridad a incrementar el gasto social se ha convertido en el argumento estrella para defender los di¨¢logos con la guerrilla. A primera vista, es una perspectiva prometedora. Seg¨²n el Instituto de Investigaci¨®n para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), Colombia es el pa¨ªs latinoamericano que destin¨® mayor proporci¨®n de su econom¨ªa a la defensa en 2014, con un total de 8.200 millones de euros (27,3 billones de pesos), equivalentes al 3,4% de su Producto Interno Bruto. Semejante cifra situar¨ªa el gasto militar colombiano por encima del brasile?o (1,4%) o el chileno (2%). Sin embargo, las cosas son m¨¢s complicadas.

En realidad, el presupuesto de defensa colombiano resulta dif¨ªcil de comparar con el de sus vecinos porque incluye partidas de gasto distintas. As¨ª, en Colombia, el mismo Ministerio administra los recursos de las Fuerzas Militares y la Polic¨ªa (aproximadamente un 0,9% del PIB). Adem¨¢s, los dineros de la defensa incluyen las pensiones de los uniformados (cerca de un 0,7% del PIB). Si estos rubros se sustraen del mencionado 3,4% del PIB para hacer la cifra del gasto militar colombiano comparable a la de otros pa¨ªses, el resultado es modesto: 1,8%.

El presupuesto de defensa colombiano resulta dif¨ªcil de comparar con el de sus vecinos porque incluye partidas de gasto distintas

Los riesgos de potenciales recortes se hacen evidentes cuando se analiza c¨®mo se gastan los recursos. Las asignaciones de personal ¨Csalarios y pensiones ¨C abarcan m¨¢s del 65% de los fondos de la seguridad mientras que los gastos operacionales ¨Cmuniciones, combustible, mantenimiento, etc¨¦tera¨C y la inversi¨®n se limitan al 25%. Esta ¨²ltima fracci¨®n del presupuesto resulta cr¨ªtica dado que garantiza la efectividad de las acciones militares y policiales. La paradoja estriba en que la legislaci¨®n colombiana hace imposible ¡°despedir¡± uniformados para achicar la carga salarial. En consecuencia, cualquier disminuci¨®n presupuestal ir¨ªa contra las partidas de operaciones e inversi¨®n cuya reducci¨®n da?ar¨ªa gravemente el funcionamiento del aparato de seguridad.

El desplome del peso, que perdi¨® un 35% de su valor en el ¨²ltimo a?o, hace las cosas peores. La mayor¨ªa de los equipos utilizados por la Fuerza P¨²blica deben ser adquiridos en el extranjero y pagados en d¨®lares. Esto quiere decir que el actual presupuesto de compras ha perdido un tercio de su valor. Semejante reducci¨®n no podr¨¢ ser compensada por una asistencia estadounidense en declive.

Un eventual acuerdo con las FARC no terminar¨¢ los problemas de seguridad de Colombia. Resulta muy probable que una fracci¨®n de la organizaci¨®n rechace la desmovilizaci¨®n y escoja la violencia. Lo mismo se podr¨ªa decir de la guerrilla del ELN si cuajan los actuales intentos de di¨¢logo. Todo ello sin olvidar las Bandas Criminales dedicadas al narcotr¨¢fico y la miner¨ªa ilegal. As¨ª las cosas, el pa¨ªs necesitar¨¢ mantener unas Fuerzas Militares y una Polic¨ªa efectivas. En consecuencia, el ¡°dividendo de la paz¡± no podr¨¢ extraerse de un presupuesto ajustado al l¨ªmite.

Los riesgos de potenciales recortes se hacen evidentes cuando se analiza c¨®mo se gastan los recursos

Rom¨¢n D. Ortiz es profesor y consultor sobre temas de seguridad, defensa y riesgo pol¨ªtico.