Las capas sociales del aborto en Chile

Como en Chile el aborto est¨¢ totalmente penalizado desde 1989, las cifras en torno a las interrupciones del embarazo provocado son siempre estimativas. Las instituciones p¨²blicas manejan n¨²meros parcelados y con poca actualizaci¨®n, por lo que resulta casi imposible configurar una radiograf¨ªa exacta de esta pr¨¢ctica que el Gobierno de Michelle Bachelet pretende despenalizar al menos en tres causales: peligro de vida de la madre, malformaci¨®n fetal y violaci¨®n. De aprobarse por el Congreso, resolver¨ªa apenas el 5% de los 70.000 casos que, seg¨²n los especialistas, se realizan cada a?o en clandestinidad en condiciones de riesgo.

Determinados estudios, sin embargo, arrojan luces importantes sobre el comportamiento de este fen¨®meno que permanece en la oscuridad. La Defensor¨ªa Penal P¨²blica, que tiene en sus manos la defensa de un 80% de los imputados por diversos delitos que se cometen en Chile, analiz¨® recientemente los datos disponibles entre 2006 y febrero de 2015. De acuerdo a las estad¨ªsticas, en este per¨ªodo 506 personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el C¨®digo Procesal Penal. Las cifras indican que 75 corresponden a abortos no consentidos, 11 a pr¨¢cticas realizadas por alg¨²n facultativo y 420 a las interrupciones consentidas del embarazo. De este ¨²ltimo grupo, que abarca tanto embarazadas como personas que colaboran en el proceso del aborto voluntario, 308 casos corresponden a mujeres (un 73%).

Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensor¨ªa Nacional, explica la ruta de las mujeres que llegan al sistema penal: ¡°La inmensa mayor¨ªa se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega a un hospital p¨²blico, donde las denuncian¡±. Como en Chile el sistema p¨²blico de salud es utilizado por los sectores con menos dinero, las mujeres castigadas por aborto son las m¨¢s pobres, indica la investigadora. Uno de los aspectos importantes que deber¨¢ resolver el Congreso chileno en su ley de aborto tiene relaci¨®n justamente con este aspecto: al margen de la despenalizaci¨®n de las tres causales, se discutir¨¢ si se deroga la norma del C¨®digo Procesal Penal que obliga al personal de salud a reportar a las mujeres que llegan a los centros de salud con interrupciones inducidas del embarazo.

El cap¨ªtulo sobre aborto del informe anual de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), probablemente la m¨¢s completa y actualizada de las radiograf¨ªas que existen en Chile, dice que ¡°la criminalizaci¨®n por aborto ha sido hist¨®ricamente en Chile, o en cualquier otro pa¨ªs, una medida simb¨®lica¡±. Pese al bajo n¨²mero de personas perseguidas respecto del total, sin embargo, el estudio a?ade que ¡°las mujeres pobres son las m¨¢s afectadas por la persecuci¨®n penal¡±. ¡°No es novedoso que el control penal recaiga sobre aquellos m¨¢s vulnerables en una sociedad, pero, en este tema, la investigaci¨®n penal es altamente selectiva¡±, agrega la investigaci¨®n.

Sentencias

La Defensor¨ªa analiz¨® los casos de las 308 acusadas entre 2006 y febrero de 2015 por aborto consentido y determin¨® que un 39% termin¨® su proceso con una salida alternativa. Un 28%, sin embargo, finaliz¨® con condenas, que como m¨¢ximo alcanzan tres a?os y un d¨ªa de pena remitida. De acuerdo al estudio, los tribunales en Chile no castigan con privaci¨®n de libertad. Al analizar las carpetas de sentencias, los defensores determinaron que la edad promedio de las mujeres condenadas por interrupciones voluntarias del embarazo es de 23 a?os.

En la mayor¨ªa de los casos de sentencias condenatorias las mujeres hab¨ªan usado misoprostol. El medicamento en Chile se consigue solo en el mercado negro y, aunque ha cambiado la realidad del aborto clandestino en la ¨²ltima d¨¦cada, representa un inmenso riesgo para la salud de las chilenas que no saben c¨®mo usarlo. Tambi¨¦n se detect¨® la utilizaci¨®n de otros mecanismos, como tijeras, palillos y hasta ramas de apio. Los an¨¢lisis de la Defensor¨ªa indican que ninguno de los casos por aborto que ingresaron a su sistema desde 2006 contemplaba interrupciones del embarazo por peligro de vida de la madre, malformaci¨®n fetal y violaci¨®n.