La persistencia del patrimonialismo

El patrimonialismo es la condici¨®n del ejercicio del poder que le hace suponer a su detentador la propiedad de los bienes, servicios y personas asignadas a su cargo. Com¨²nmente se considera que ello tiene que ver con reg¨ªmenes mon¨¢rquicos absolutos o desp¨®ticos. Por derecho divino o por mero acto de fuerza, el soberano o el aut¨®crata impon¨ªa su voluntad a personas y cosas pues, finalmente, unas y otras le eran propias. Al limitarse las monarqu¨ªas bajo la b¨®veda constitucional, se ha supuesto que la condici¨®n patrimonial del ejercicio del poder reside s¨®lo en los d¨¦spotas, revestidos o no de visos democr¨¢ticos. Hablar hoy del ejercicio patrimonial del poder parece una reminiscencia, tal vez interesante, pero con pobres capacidades explicativas fuera de la historia. En contra de esta opini¨®n y con sus debidos ajustes, el patrimonialismo sigue siendo un concepto central para explicar algunos de los peores fen¨®menos de nuestro tiempo.

El funcionario corrupto termina considerando no s¨®lo que es correcto ?lo que hacen sino, que ello es parte connatural de su quehacer

Si recordamos lo mirado o escuchado en cualquiera de los medios de comunicaci¨®n en, por ejemplo, el ¨²ltimo a?o, es posible identificar ciertas constantes y, tal vez, hasta ciertos patrones. Uno de ellos podr¨ªa ser la corrupci¨®n m¨¢s all¨¢ de sus posibles modalidades entre pol¨ªticos, funcionarios p¨²bicos y particulares. Pasemos por alto si el nombre de esas posibilidades es extorsi¨®n, cohecho o peculado. Pongamos nuestra atenci¨®n en la mec¨¢nica de las conductas. En cada una de ellas el pol¨ªtico o funcionario termina considerando que los bienes, los servicios o las personas que tiene encomendados, son suyos. Por esta raz¨®n puede disponer de ellos, apropi¨¢rselos o intercambiarlos a fin de recibir sus beneficios directos o sustitutos. Quien de modo grosero toma algo del patrimonio p¨²blico, lo hace suponiendo que tiene alg¨²n derecho sobre ¨¦l; quien aprovecha un bien p¨²blico en beneficio propio, lo hace amparado en la misma creencia; quien recibe un porcentaje econ¨®mico por ajustar una licitaci¨®n, cree proceder bajo los mismos par¨¢metros.

Lo que subyace a una buena parte de los modos de actuar que finalmente calificamos como corruptos es una cultura en la que los detentadores de los bienes, servicios y personas asignados en raz¨®n del cargo p¨²blico (y desde luego privado, que por ahora no trato), consideran que pueden disponer de ellos de diversas maneras como parte del cargo mismo. Esta condici¨®n aplica desde elementos instrumentales como los autom¨®viles o la papeler¨ªa, hasta elementos sustantivos como el presupuesto, las concesiones o las subastas. En la extendida cultura de la que hablo, el pol¨ªtico o el funcionario terminan considerando no s¨®lo que es correcto hacer lo que hacen sino, m¨¢s a¨²n, que ello es parte connatural de su quehacer. Leyes de transparencia, control presupuestal o auditor¨ªa terminan vi¨¦ndose como lamentables imposiciones de una racionalidad ajena a la que por definici¨®n se asume como propia del verdadero ejercicio del poder.

Quien ocupa una posici¨®n por efecto de las urnas puede suponer que tiene tanto derecho a la apropiaci¨®n como lo tuvo un se?or feudal

Hay al menos dos razones por las que actualmente el patrimonialismo no se ve. La primera, por su extensi¨®n misma. Los pol¨ªticos o funcionarios de una gran cantidad de pa¨ªses ejecutan cotidianamente acciones de apropiaci¨®n o, al menos indebido aprovechamiento de los bienes, servicios y personas que tienen encomendados. La normalidad se asume as¨ª como realidad. La segunda raz¨®n es que al haberse remitido la categor¨ªa "patrimonialismo" a los anales de la historia, termina suponi¨¦ndose que s¨®lo ah¨ª se encuentra. ?ste es tal vez el error m¨¢s grave. La suposici¨®n de propiedad de lo p¨²blico est¨¢ tan presente en los reg¨ªmenes democr¨¢ticos, como lo estuvo o lo est¨¢ en los desp¨®ticos. Quien ocupa una posici¨®n por efecto de las urnas, los concursos o las designaciones, meritorias o no, puede suponer que tiene tanto derecho a la apropiaci¨®n o al beneficio, como lo tuvo un se?or feudal, un encomendero o un califa. El problema no fue y no es de tiempo ni de rango. Es de cultura. Del modo generalizado en que se entiende el ejercicio del poder y se asumen sus beneficios.

Jos¨¦ Ram¨®n Coss¨ªo D. es ministro de la Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico. @JRCossio