Amnist¨ªa pide a Colombia que restituya las tierras a los ind¨ªgenas

Casi tres a?os despu¨¦s de que comenzara el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, el territorio que desde hace 50 a?os se disputan sigue sin ser devuelto a sus primeros moradores. El desplazamiento forzado y la expropiaci¨®n de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 a?os son dos de las deudas que el pa¨ªs tiene con su poblaci¨®n ind¨ªgena y afrodescendiente. El informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz elaborado por Amnist¨ªa Internacional recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que ¡°debe anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales¡±.

Aproximadamente el 14% del territorio de Colombia (unas ocho millones de hect¨¢reas) se ha convertido en una zona abandonada o tomada a la fuerza por la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotr¨¢fico y las empresas, en especial aquellas dedicadas a la miner¨ªa, que se han beneficiado de concesiones no siempre legales. ¡°La ley de V¨ªctimas y Restituci¨®n de Tierras [aprobada en 2011] solo ha afectado a una peque?a parte de los propietarios¡±, recuerda la instituci¨®n.

El saldo de esta apropiaci¨®n son unos seis millones de personas que vagan por el pa¨ªs en busca de una nueva casa y sustento. Casi un mill¨®n y medio son ind¨ªgenas y m¨¢s del 70% vive o sol¨ªa habitar el campo, seg¨²n cifra la instituci¨®n. Y casi medio mill¨®n no tiene reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra. Los afrodescendientes sufren adem¨¢s el agravante de no saber qui¨¦n compone su comunidad. Un censo de 2005 registr¨® m¨¢s de cuatro millones de personas, pero los l¨ªderes de esta comunidad lo aumentan hasta 10, el 25% total de la poblaci¨®n del pa¨ªs.

El peso de estas poblaciones y una ley sobre la restituci¨®n de tierras no parecen ser suficientes para garantizar sus derechos. ¡°Se avanza con excesiva lentitud¡±, opina Amnist¨ªa Internacional y recuerda que solo dos territorios han sido devueltos por orden judicial a estas comunidades desde que se llegara a este acuerdo.

¡°A lo largo de los a?os, las autoridades colombianas han otorgado licencias a empresas mineras y de otros sectores, y en el caso de los territorios de las comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes lo han hecho a menudo sin su consentimiento libre, previo e informado¡±, plantean. El Congreso, para apuntalar este tipo de operaciones, aprob¨® el pasado junio una ley que, seg¨²n la ONG, ¡°podr¨ªa facilitar estas operaciones poniendo en peligro la existencia de la comunidad ind¨ªgena del departamento noroccidental del Choc¨®¡±.

En Colombia no solo se dispone un tablero que debe volver a repartirse, Amnist¨ªa le pone altavoz a otro debate, la protecci¨®n del medio ambiente. La miner¨ªa ilegal y descontrolada amenaza al entorno y a la forma de relacionarse con la tierra de los ind¨ªgenas y los afrodescendientes. ¡°Hemos recibido quejas por el uso indebido de materiales qu¨ªmicos y el uso de maquinar¨ªa para dragar y desviar r¨ªos¡±, se recoge en la investigaci¨®n. ¡°No se adelantan investigaciones para determinar qui¨¦nes est¨¢n detr¨¢s de estas operaciones, pero cuando la comunidad ha instado a las autoridades se han dado amenazas en nombre de grupos paramilitares¡±, explica Peter Drury, miembro del equipo de investigaci¨®n de AI en Colombia. ¡°Las FARC tambi¨¦n han estado relacionadas con operaciones de miner¨ªa ilegal, en algunos casos en ¨¢reas reclamadas por empresas¡±.

¡°Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente est¨¢n condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos¡±, concluye Erika Guevara Rosas, una de las responsables del informe.