Un centenar de mexicanos, v¨ªctimas de un experimento cerebral

Un dispositivo para tratar la hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos carec¨ªa de autorizaci¨®n para emplearse en seres humanos. As¨ª lo dictamina un informe de la Comisi¨®n Nacional de Arbitraje M¨¦dico de M¨¦xico que se?ala que el aparato estaba en fase experimental y que se implant¨® sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operaci¨®n. Las intervenciones las llevaron a cabo residentes sin supervisi¨®n y los da?os que han sufrido las v¨ªctimas son irreversibles. Despu¨¦s de 10 a?os de batallas legales, las afectados exigen una indemnizaci¨®n.

El aparato estaba en fase experimental y se implant¨® sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operaci¨®n

"Eso era", pens¨® Mar¨ªa de Lourdes Walkup, de 54 a?os, cuando recuerda los dolores insoportables de cabeza, los v¨®mitos y la sorprendente recomendaci¨®n de tener que dormir sentada. "Fuimos un experimento", a?ade esta abogada casi 10 a?os despu¨¦s de ingresar en el Instituto Nacional de Neurolog¨ªa y Neurocirug¨ªa (INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Despu¨¦s de la operaci¨®n, su nariz comenz¨® a derramar l¨ªquido cefalorraqu¨ªdeo. Lo que le colocaron en su cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido cerebral provocado por el meningioma que padec¨ªa. El problema de este sistema, seg¨²n denuncian las v¨ªctimas, es que no dispon¨ªa de una v¨¢lvula para regular la presi¨®n. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo s¨®lo funcionaba si estaba de pie. Los pacientes no pod¨ªan tumbarse porque sent¨ªan que les iba a estallar la cabeza. Y en posici¨®n vertical sent¨ªan que se vaciaba.

El inventor de este aparato fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se colocaron estos aparatos y ¨²nico due?o de la patente. Sotelo Morales se ha negado expresamente a hacer alg¨²n tipo de declaraci¨®n a este diario. El informe de la comisi¨®n arbitral critica su actuaci¨®n: "Debi¨® informarse plenamente a la paciente de que se trataba de una investigaci¨®n (...) No hay evidencia de que se hubiese otorgado esa informaci¨®n, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonom¨ªa, el consentimiento le fue solicitado directamente (...) Se obtuvo la autorizaci¨®n como si fuese un recurso ordinario de atenci¨®n m¨¦dica que, reiteramos, no lo es."

El INNN implant¨® este tipo de dispositivos durante al menos seis a?os, desde 2004 a 2009, seg¨²n los casos recopilados por un grupo de m¨¦dicos que enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el n¨²mero de expediente de cada paciente. El material del tubo es de uso com¨²n en los cat¨¦teres convencionales, pero, seg¨²n varios neurocirujanos, "no est¨¢ dise?ado para usarlo dentro del organismo". "Mucho menos de manera permanente", remata el exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN, Rodolfo Ondarza.

El dispositivo s¨®lo?funciona si est¨¢n de pie. Los pacientes no pueden tumbarse porque sienten que les estalla la cabeza

El dictamen que public¨® la Comisi¨®n Nacional de Arbitraje M¨¦dico hace especial hincapi¨¦ en que estas operaciones las llevaron a cabo m¨¦dicos residentes sin ning¨²n tipo de supervisi¨®n. "Imag¨ªnese, las cirug¨ªas sal¨ªan pr¨¢cticamente gratis al Instituto: el aparato, que lo armaba el mismo camillero, no debe costar m¨¢s de 40 pesos y no hab¨ªa que pagarles a los profesionales porque eran estudiantes del centro", se?ala una enfermera que lleva trabajando en el Instituto desde hace m¨¢s de 20 a?os. La actual directora del INNN, Teresa Corona, fue durante la direcci¨®n de Sotelo jefa de residentes y tampoco ha querido hacer ning¨²n tipo de declaraci¨®n a este diario.

Los pacientes no recibieron, sin embargo, ning¨²n tipo de descuento. La hermana de Walkup, Silvia, recuerda perfectamente aquel fat¨ªdico 18 de abril de 2006 como si fuera ayer. "La operaci¨®n nos cost¨® m¨¢s de 300.000 pesos [unos 17.750 d¨®lares]", apunta decidida la familiar que lleva cuidando de Mar¨ªa de Lourdes desde aquel d¨ªa. "Jam¨¢s nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. S¨®lo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del pa¨ªs", se?ala Silvia Walkup.

Las operaciones las llevaron a cabo m¨¦dicos residentes sin ning¨²n tipo de supervisi¨®n

Juan Manuel Armenta, de 50 a?os, recorre todo el Distrito Federal con un malet¨ªn cargado de papeles. Guarda en ¨¦l todas las facturas y recibos que ha podido recopilar en m¨¢s de 10 a?os: tanto de medicamentos, como de camas de hospital, intervenciones quir¨²rgicas, varias demandas que quedaron archivadas en la Procuradur¨ªa General del Distrito Federal. Todo. Tambi¨¦n el ¨²ltimo recibo de la luz de su casa de la que debe m¨¢s de 23.000 pesos (unos 1.300 d¨®lares), empleados en cuidar a su esposa, Yolanda Guerrero, de su misma edad.

Armenta se ha hecho especialista en medicina, farmacia y derecho. Vive junto a su familia en una humilde vivienda en el centro del Distrito Federal, y desde que en 2004 le insertaron el dispositivo a Yolanda no ha dejado de exigir una indemnizaci¨®n. "S¨®lo pedimos que por lo menos se hagan cargo de los gastos m¨¦dicos que le ha provocado ese aparato a mi mujer", cuenta desesperado.

Yolanda Guerrero es de los pocos pacientes que conserva una prueba definitiva en su cerebro. El tubo que le colocaron hace m¨¢s de 10 a?os no ha podido ser extra¨ªdo aunque ya no est¨¦ en funcionamiento. Una v¨¢lvula es la que ahora regula el l¨ªquido desde el otro extremo de su cabeza. "Llevo a Sotelo ah¨ª dentro. Este tubo que tengo todav¨ªa me da punzadas doloros¨ªsimas", asegura Guerrero, que habla lento como si cada palabra que pronuncia se le clavara en la frente.

El dictamen de la Comisi¨®n Nacional de Arbitraje M¨¦dico, emitido espec¨ªficamente para el caso de Walkup en 2010, establece que se cometi¨® "mala praxis del personal administrativo del INNN al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigaci¨®n como un recurso de atenci¨®n m¨¦dica ordinaria". Para el caso de Guerrero, se emiti¨® un escrito ante la Secretar¨ªa de Salud. De momento, la demanda ante la PGR se encuentra archivada. Los pacientes y sus familias denuncian que s¨®lo ellos est¨¢n sufriendo las consecuencias de la creaci¨®n del exdirector del centro.