Militares, FARC y civiles: c¨®mo ser¨¢ la justicia especial en Colombia
El acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz trae aparejado una serie de interrogantes y cr¨ªticas por parte de la oposici¨®n y organismos internacionales
Al d¨ªa siguiente de que el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaran el acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz, el que se refiere a las v¨ªctimas e incluye el peliagudo cap¨ªtulo de la justicia especial, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos comenz¨® una campa?a que pretend¨ªa ser pedag¨®gica. El resultado, sin embargo, se acerca m¨¢s a una operaci¨®n de marketing con la mirada puesta en el 23 de marzo, fecha en la que previsiblemente se firmar¨¢ la paz, y al plebiscito que tendr¨¢ que aprobar los ¨²ltimos pactos que salgan de la mesa de negociaciones de La Habana.
El 15 de diciembre ambas delegaciones reforzaron un pacto en el que se establece la creaci¨®n de un Tribunal Especial para la Paz sustentado en el principio ¡°del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de la responsabilidad¡±. Este organismo, conformado por magistrados que se elegir¨¢n de manera independiente, podr¨¢ juzgar a combatientes y no combatientes. Una vez que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, pronunci¨® estas palabras, comenzaron las preguntas y las cr¨ªticas, esencialmente desde la bancada del Centro Democr¨¢tico, el partido de ?lvaro Uribe, a las que se uni¨® un duro informe de Human Rights Watch que calific¨® el acuerdo de ¡°c¨²mulo de promesas vac¨ªas¡±.
Tras las dudas y los ataques, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y uno de los miembros de la mesa en Cuba, la Fiscal¨ªa del Estado y el propio Santos han comparecido en menos de dos semanas en m¨²ltiples ocasiones para intentar aclarar, entre otras cuestiones, qui¨¦nes se sentar¨¢n en el banquillo y c¨®mo les afectar¨¢ la denominada justicia especial.
?A qui¨¦n afecta?
A guerrilleros de las FARC, agentes del Estado, como los militares, y no combatientes, es decir, civiles que de alguna manera hayan estado involucrados en estos m¨¢s de 50 a?os de guerra.
?C¨®mo ser¨¢n juzgados los militares y las fuerzas de seguridad del Estado?
Se someter¨¢n a la misma Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP) que las FARC, seg¨²n anunci¨® Santos durante un acto de ascenso de generales de las Fuerzas Militares. ¡°Esta decisi¨®n no fue negociada o acordada en Cuba, sino que fue tomada de manera aut¨®noma por el Gobierno¡±, aclar¨®. Desde un primer momento, el Ejecutivo ha intentado marcar cierta distancia con la guerrilla asegurando que los militares tendr¨¢n ¡°un trato equitativo, nunca en inferioridad de condiciones, pero diferenciado¡±, ya que se trata de ¡°agentes en el ejercicio leg¨ªtimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales¡±.
En ese mismo acto el presidente record¨® que ¡°solo ser¨¢n acusados y juzgados los mandos directamente responsables¡± y que las sentencias se cumplir¨¢s en prisiones de la fuerza p¨²blica, no en instituciones ordinarias como se establece para el resto de combatientes involucrados en el conflicto.
?Y los guerrilleros de las FARC?
El Tribunal de la Paz podr¨¢ dictar tres tipos de sentencias para los guerrilleros. Quienes reconozcan delitos muy graves tendr¨¢n una pena de entre cinco y ocho a?os de restricci¨®n efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Por el momento se desconoce d¨®nde ser¨¢n destinados estos combatientes, qui¨¦n se encargar¨¢ de su custodia y qu¨¦ tareas podr¨ªan realizar durante el tiempo de condena.
Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tard¨ªa ser¨¢n sancionados con pena de prisi¨®n de cinco a ocho a?os, en condiciones ordinarias. En este caso tampoco se han detallado en qu¨¦ prisiones ser¨ªan recluidos ni en qu¨¦ r¨¦gimen. Para los que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables ser¨¢n condenadas a pena de prisi¨®n hasta de 20 a?os, en condiciones ordinarias. Sin m¨¢s detalles.
Solo se contempla la amnist¨ªa y el indulto para ¡°los delitos pol¨ªticos y sus conexos¡±, del que se podr¨ªan beneficiar hasta 15.000 guerrilleros. Jaramillo anunci¨® que estudiar¨ªan en pr¨®ximas conversaciones con la guerrilla una serie de cr¨ªmenes comunes que podr¨ªan pasar a formar parte de esta categor¨ªa. Por el momento se desconoce si el narcotr¨¢fico ser¨¢ uno de ellos. "No ser¨¢n objeto de amnist¨ªa o indulto las conductas tipificadas en la legislaci¨®n nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves cr¨ªmenes de guerra".
?Qui¨¦nes son los civiles que han participado en el conflicto y qu¨¦ les puede suceder?
¡°Colombianos comunes y los empresarios que de alguna forma hayan podido violar la ley en medio de esta guerra¡±, dijo Santos en una tercera comparecencia p¨²blica el 23 de diciembre ¡°a petici¨®n de muchos¡±. Algunos de los civiles a los que se refiri¨® aparecen en m¨¢s de 13.000 expedientes en posesi¨®n de la Fiscal¨ªa, por lo que el mandatario quiso mandar ¡°un mensaje de tranquilidad¡±, adem¨¢s de "garantizar su seguridad jur¨ªdica¡±.
Se considera v¨ªctimas a ¡°aquellos que colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas¡±, y, por tanto, su comportamiento no ser¨¢ juzgado. ¡°Los civiles, antes que nada, han sido v¨ªctimas y no los vamos a victimizar de nuevo¡±, aclar¨®. ¡°Se les podr¨¢n aplicar medidas como la suspensi¨®n de la pena o la renuncia a la persecuci¨®n penal. No tienen nada que temer¡±.
Por otro lado, se refiri¨® a quienes ¡°participaron voluntariamente, por su propia iniciativa con grupos armados¡±. En ning¨²n momento mencion¨® al paramilitarismo ni a posibles empresarios o autoridades p¨²blicas que pudieran haber financiado a estas bandas. ¡°Estas personas podr¨¢n ser objeto de la jurisdicci¨®n especial para la paz, en especial aquellos que haya cometido cr¨ªmenes de guerra, de lesa humanidad y desplazamiento forzado¡±. Las sanciones para quienes sean considerados culpables ¡°no superar¨¢n la duraci¨®n de las establecidas para los dem¨¢s responsables¡±.
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