Heridas autoinfligidas

Cuando no es posible el consenso, los gobiernos deben tomar decisiones pol¨¦micas. Si ¨¦stas son en beneficio del mayor n¨²mero de ciudadanos, se reconocer¨¢ y premiar¨¢ la visi¨®n y el liderazgo. Pero cuando esas decisiones se toman por encima de advertencias de conveniencia y/o de legalidad y, sobre todo, no se comunican y se defienden correctamente, terminan enturbiando el ambiente sobre el que se construye la legitimidad que se requiere para llevar a cabo procesos importantes, como es el caso de la paz con las FARC en La Habana.

Eso fue lo que hizo el Gobierno esta semana. Vendi¨® el 57.6 por ciento de uno de los activos m¨¢s importantes del Estado en una ¡°subasta de uno¡±, pues el resto de los proponentes se retiraron. La mayor generadora de energ¨ªa del pa¨ªs qued¨® en manos de la canadiense Brookfield Asset Management que pag¨® 6.49 billones de pesos, el precio base con el que se abri¨® la puja. El monto obtenido por Isagen, empresa s¨ªmbolo de transparencia, pas¨® a garantizar la financiaci¨®n de la infraestructura que necesita Colombia para su desarrollo.

El problema radica en que el Ejecutivo no fue capaz de explicarlo y se qued¨® con el pecado de cientos de advertencias escuchadas pero no atendidas. El ministro del ramo, Mauricio C¨¢rdenas, ahora enfrentar¨¢ los debates pol¨ªticos y las demandas de la posventa. Eso sin contar con que la vendi¨® a una empresa investigada por sobornos en Brasil.

Para muchos, Isagen se vendi¨® por debajo del valor real e incluso dicen equivocadamente que el Estado entreg¨® a privados la fijaci¨®n de los precios de la energ¨ªa y adem¨¢s lo hizo en una subasta sin pluralidad de oferentes. Lo cierto es que el gobierno perdi¨® la batalla de explicar la autonom¨ªa energ¨¦tica, incluso hacer entender c¨®mo funciona una generadora y una represa. Ya otros gobiernos hab¨ªan querido vender Isagen, incluido el de ?lvaro Uribe, que no desaprovech¨® la oportunidad para desandar sus viejos argumentos para seguir atacando a Santos.

Lo cierto es que esa medida y otras de los primeros d¨ªas del a?o pueden generar da?os colaterales en el plebiscito con el que esta administraci¨®n espera refrendar el proceso de paz con las FARC, que se firmar¨ªa el pr¨®ximo 23 de marzo, o de mayo o de junio. Y no es para menos. D¨ªas antes, una comisi¨®n de expertos present¨® las recomendaciones para una reforma tributaria. La propuesta fue entendida como una cascada de nuevos impuestos inmediata. Los colombianos entonces asumieron que se aumentar¨ªa el IVA, se ampliar¨ªa la base de contribuyentes, se gravar¨ªan las pensiones y los dividendos.

Positivo el debate abierto y descarnado que involucr¨® a todos los sectores de la sociedad sobre un tema econ¨®mico que pareciera para especialistas. Es una realidad que Colombia necesita la reforma tributaria pero cu¨¢ndo y c¨®mo hacerla es lo clave. Primero tiene que invertir en salud y educaci¨®n. Vale la pena que se analice c¨®mo hacen las reformas en Suiza: escriben, explican c¨®mo afectar¨¢ a cada uno de los ciudadanos, redactan los decretos, los confrontan con cada sector gremial. Lo hacen por m¨¢s de un a?o y luego s¨ª lo pasan al Congreso para que solo tenga que votar s¨ª o no. Con esto se evitan someterla al lobby de quienes eternamente han dejado de pagar impuestos y son expertos en garantizar el status quo de las exenciones. Para eso obviamente habr¨ªa que crear el veh¨ªculo jur¨ªdico ¨Cfast track- v¨ªa referendo, porque el legislativo nunca va a acabar con la evasi¨®n.

Quedan algo m¨¢s de dos meses para la fecha en la que se comprometi¨® el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla al¨ªas Timochenko para la anhelada firma de la paz. El 23 de marzo es poco realista a pesar de la decisi¨®n de los negociadores de trabajar sin descanso y con el acelerador a fondo, porque las condiciones del fin del conflicto que son las relativas a la dejaci¨®n de armas, las zonas de concentraci¨®n de la guerrilla y los modelos de seguridad para garantizar su ¨¦xito son bastante m¨¢s complejas de lo que suponen los colombianos, que tambi¨¦n requieren ser informados sobre eso para entender.

Si no es el 23 de marzo, ser¨¢ en mayo. El Gobierno tiene entonces m¨¢s tiempo para dimensionar el tama?o de los conflictos, las sensibilidades hoy nacionalistas o ideol¨®gicas, las necesidades del bolsillo ciudadano. Los ministros y asesores del gobierno tienen que caminar juntos, dar las batallas de manera organizada. No puede ser que cada decisi¨®n implique una guerra de descalificaciones. Habr¨¢ algunos a quienes es imposible hacer entrar en raz¨®n, pero no es a esos a quienes me refiero.