La pelea del ministro de Salud con la Corte Constitucional paraliza la reforma m¨¢s defendida por Petro
La C¨¢mara de Representantes posterg¨® una semana entera un tr¨¢mite tan sensible para el Gobierno que le mereci¨® convocar al Legislativo a sesiones extras para impuslar su avance


Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el pa¨ªs ¡±no gobierna el pueblo, sino la burocracia¡±. Su molestia con los procedimientos del Estado es evidente. Siente que por cuenta de ellos no logra hacer los cambios que sue?a. Lo repiti¨® el jueves pasado, en la simb¨®lica presentaci¨®n de sus nuevos ministros. ¡°La labor de este Gabinete es penetrar las ollas de la corrupci¨®n, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno. (...) El Congreso tampoco los va a dejar, no, las cortes no lo van a dejar. El Estado colombiano no est¨¢ hecho para construir un Estado Social de Derecho¡±. Y no se trata de un debate en el aire: la par¨¢lisis del pol¨¦mico proyecto por el que busca cambiar el sistema de salud del pa¨ªs es una muestra de ese choque entre un presidente, que se denomina a s¨ª mismo como un revolucionario, y las instituciones que naturalmente sirven de contrapesos y frenos al enorme poder presidencial.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, libra una batalla legal contra la Corte Constitucional. M¨¦dico y pol¨ªtico de izquierdas, hombre de confianza de Petro, ha demorado la aplicaci¨®n de varias instrucciones de ese tribunal sobre el actual sistema de salud. La Corte le ha ordenado ajustar al alza el dinero que el Estado les gira a las entidades promotoras de salud, o EPS, a las que se afilian los ciudadanos y que fungen como sus aseguradoras, y que el Gobierno se?ala de ser intermediarias ociosas, que adem¨¢s tienden a negar la prestaci¨®n de servicios para lucrarse. Ante esa instrucci¨®n, Jaramillo ha pedido a los magistrados anular sus decisiones y luego aclarar sus instrucciones, ha recusado al magistrado encargado, ha tardado en girar otros montos. La Corte incluso ha se?alado al ministro de desacatar sus ¨®rdenes. Las EPS, que desde 2023 acusan al Gobierno de buscar asfixiarlas econ¨®micamente para tener argumentos para su reforma, han hablado de argucias legales para no cumplirles.
Esa demora, que refleja la desconfianza del Gobierno en las EPS incluso ahora, cuando ha intervenido a la mayor¨ªa de ellas, ha terminado afectando el tr¨¢mite de su reforma, que transformar¨ªa esas entidades en simples auditoras. Si en 2023 el Senado rechaz¨® un primer proyecto de reforma, provocando as¨ª una gran crisis de Gabinete y el llamado del presidente a la movilizaci¨®n social, en esta ocasi¨®n la que la ha frenado ha sido la plenaria de la C¨¢mara de Representantes. Es algo inesperado para el Gobierno, que cuenta con mayor¨ªas all¨ª y confiaba en un paso r¨¢pido desde el a?o pasado, para enfrentar este semestre el escollo m¨¢s dif¨ªcil en el Senado. Lo que ha cambiado, precisamente, se debe a la postura del ministerio frente a la Corte.
La plenaria avanz¨® con la aprobaci¨®n de un bloque de art¨ªculos en diciembre, y par¨® por el receso legislativo. En enero, el Gobierno anunci¨® que la convocar¨ªa a sesiones extraordinarias, antes del retorno usual del 16 de febrero, para as¨ª culminar el tr¨¢mite y tener los cuatro meses de las sesiones ordinarias para los debates en el Senado. El Ejecutivo tard¨® en emitir el decreto, en parte por la crisis humanitaria del Catatumbo, en parte por la crisis de Gabinete. Cuando finalmente lo hizo, apenas una semana antes de que se reiniciaran las sesiones, solo logr¨® debatir dos d¨ªas y sacar adelante un pu?ado de art¨ªculos. El tiempo corr¨ªa en contra del Gobierno en este frente, al contrario de lo que ocurr¨ªa con los giros a las EPS.
Desde entonces han pasado dos semanas ¡ªque parecen poco, pero tensionan m¨¢s los tiempos¡ª y el proyecto no ha vuelto a ser discutido. El motivo es que la definici¨®n del orden del d¨ªa, el temario de cada reuni¨®n, depende del presidente y los dos vicepresidentes de la C¨¢mara, y solo el primero, el verde gobiernista Jaime Ra¨²l Salamanca, ha argumentado que debe ir la reforma. Los dos restantes, que al hacer mayor¨ªa pueden definirla, han argumentado que el ministerio incumple ¨®rdenes de la Rama Judicial y que debatir la reforma ser¨ªa premiar lo que ven como una actitud inconveniente. Se trata de una posibilidad legal pero inusual, en parte porque usualmente la oposici¨®n solo tiene la segunda vicepresidencia.
En este caso, ese cargo est¨¢ en manos de Lina Mar¨ªa Garrido, del opositor partido Cambio Radical. Se trata de una feroz cr¨ªtica de la propuesta de Petro. ¡°Cuando les digan que me estoy ¡®atravesando¡¯ a la reforma de la muerte de Gustavo Petro, cr¨¦anlo¡±, ha dicho p¨²blicamente la congresista por Arauca, a quien el presidente ha se?alado de hacer filibusterismo (obstrucci¨®n parlamentaria). Pero a ella se le ha sumado el primer vicepresidente, uno de los congresistas elegidos por las 16 circunscripciones especiales de paz, curules temporales que solo existir¨¢n entre 2022 y 2026, y que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016 como forma de dar la voz a los territorios m¨¢s afectados por el conflicto. Si la mayor¨ªa de esos congresistas son afines al Gobierno, lo contrario ocurre con Jos¨¦ Rodrigo Tovar, elegido para estar en la mesa directiva. ¡°Despu¨¦s de que el Ministerio de Salud empiece a cumplir las ¨®rdenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional, creo conveniente retomar la discusi¨®n de la reforma a la salud, antes no¡±, ha dicho el elegido por votantes del departamento del Cesar, en el Caribe colombiano.
El viernes pasado, el Ministerio cedi¨® en uno de los dos puntos de mayor choque. Cre¨® una mesa de trabajo para revisar el valor que le ha pagado el Estado a las EPS por cada afiliado entre 2021 y 2024, pues la Corte le dio la raz¨®n a las EPS en que no hay claridad en la forma en la que defini¨® ese monto, y en que el ministerio ha incumplido con la obligaci¨®n de que ese dinero sea suficiente para proteger el derecho fundamental a la salud. ¡°Logramos que el Gobierno de Gustavo Petro cumpliera parte de lo ordenado por la Corte Constitucional¡±, dijo Garrido, y luego aclar¨®: ¡°No les voy a firmar el orden del d¨ªa que incluya la reforma de la muerte hasta que cumplan todo lo que indica la Corte Constitucional¡±. Tovar ha indicado que este lunes revisar¨¢ qu¨¦ m¨¢s ha ocurrido para definir c¨®mo actuar. De ¨¦l, por ahora, depende la reforma que Petro ha convertido en su gran bandera de cambio.
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