M¨¦xico es incapaz de atajar la crisis penitenciaria

Diversas organizaciones sociales han denunciado los problemas que vive el modelo carcelario en M¨¦xico. En una d¨¦cada se ha duplicado el n¨²mero de personas en prisi¨®n, sin que esto se refleje en mayores niveles de seguridad, seg¨²n asegura el centro de an¨¢lisis de pol¨ªticas p¨²blicas M¨¦xico Eval¨²a. El 40% de los encarcelados en el pa¨ªs no tienen una sentencia condenatoria y en la mitad de las prisiones hay hacinamiento, lo que supone un obst¨¢culo para que el sistema penitenciario cumpla con los fines sociales que le corresponden.

La Organizaci¨®n de las Naciones Unidas ha se?alado que superar el 120% de ocupaci¨®n carcelaria est¨¢ considerado un trato cruel. En M¨¦xico m¨¢s del 60% de los reclusos subsisten por encima de ese rango. Esto impide establecer condiciones dignas, garantizar la integridad f¨ªsica de las personas y cumplir las tareas educativas y ocupacionales necesarias para la readaptaci¨®n.

De acuerdo con El¨ªas Carranza, especialista en temas penitenciarios y director de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Criminalidad en Latinoam¨¦rica ¡ªcitado en el estudio de M¨¦xico Eval¨²a¡ª, si por cada funcionario penitenciario hay m¨¢s de cuatro reclusos, las actividades de los internos pueden escapar de la supervisi¨®n y control del personal. Esto es un indicio de posible autogobierno, es decir, que la autoridad no pueda hacer cumplir los reglamentos del penal, y que sean los grupos hegem¨®nicos de reclusos los que impongan un autogobierno. Bajo este argumento, el 70% de los establecimientos penitenciarios mexicanos est¨¢ en situaci¨®n vulnerable.

Adem¨¢s, en algunas c¨¢rceles el crimen organizado ha tomado el control, como suced¨ªa en el penal de Topo Chico, en el norte?o Estado de Nuevo Le¨®n. Seg¨²n informes de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la prisi¨®n de Apodaca ¡ªen el mismo Estado¡ª tambi¨¦n est¨¢ bajo el control de Los Zetas. En un recorrido que realizaron los visitadores del organismo por la c¨¢rcel, los internos denunciaron que este grupo criminal realiza cobros por protecci¨®n, ubicaci¨®n de estancia, limpieza y acceso a diferentes ¨¢reas. Adem¨¢s, la mayor¨ªa de las zonas comunes, entre ellas la de visita ¨ªntima, est¨¢n vigiladas por Los Zetas, quienes elaboran un registro de las personas que transitan por ellas.

Ni personal ni equipo

Los centros estatales son un conglomerado de problemas. En el ¨²ltimo diagn¨®stico penitenciario, la CNDH alert¨® de que carecen de personal capacitado, de equipo y de infraestructura. No hay protocolos para prevenir y atender incidentes, ni programas para la prevenci¨®n de adicciones y de desintoxicaci¨®n voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitaci¨®n.?

Los presos manifestaron al personal de la CNDH que se les suspende la visita, as¨ª como cualquier tipo de comunicaci¨®n con el exterior, sin notificar a los familiares. Algunos penales carecen de cocina, comedores, servicio m¨¦dico, aulas o talleres. En otros, se observ¨® que existen ¨¢reas de privilegios con objetos y sustancias prohibidas. ¡°Adem¨¢s hay internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la poblaci¨®n, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y de legalidad¡±, se lee en el informe del organismo.?

La Ley de Ejecuci¨®n de Sanciones busca cambiar el sombr¨ªo panorama en los centros de reclusi¨®n. El objetivo es contar con un esquema que garantice la reinserci¨®n social y acabe con los actos arbitrarios y la corrupci¨®n que impera en el interior de los centros penitenciarios, seg¨²n el proyecto de ley. Si la norma lograr aprobarse y posteriormente ponerse en marcha, los presos pasar¨¢n su internamiento en condiciones dignas y seguras, apegadas al respeto de sus derechos humanos.