Dos crisis, dos medidas

Desde hace algunos meses, la crisis econ¨®mica y el abismo pol¨ªtico en el que se encuentran los gobiernos de Brasil y M¨¦xico han ocupado editoriales y portadas de los principales diarios internacionales. Mientras Brasil enfrenta una recesi¨®n econ¨®mica agravada por una d¨¦bil gobernabilidad, M¨¦xico se hunde en una pocilga moral caracterizada por la corrupci¨®n end¨¦mica y una crisis de derechos humanos que ha tocado fondo. Si la corrupci¨®n a gran escala es el elemento com¨²n de la crisis atravesada por los dos gigantes latinoamericanos, la respuesta de las instituciones que administran justicia difiere considerablemente en cada uno de ellos.

En Brasil, el activismo judicial ha ayudado a desmantelar estructuras de corrupci¨®n y a romper la inercia de impunidad. En junio de 2015, el presidente de Odebrecht resumi¨® dicha inercia al afirmar que derribar¨ªa la rep¨²blica caso fuese detenido en la investigaci¨®n sobre contratos irregulares de Petrobr¨¢s, conocida como operaci¨®n Lava Jato. Marcelo Odebrecht lleva varios meses detenido, al igual que altos ejecutivos, banqueros y ex ministros. Muy a pesar del presagio del presidente de la constructora m¨¢s grande de Latinoam¨¦rica, la rep¨²blica sigue de pie en Brasil, no tanto por la armon¨ªa entre los poderes que la conforman, sino por la reivindicaci¨®n de que no hay poder pol¨ªtico ni econ¨®mico por encima de la ley.

En el ¨¢mbito del poder pol¨ªtico, los ejemplos de madurez del Estado de Derecho brasile?o son a¨²n m¨¢s evidentes. El 25 de noviembre de 2015 el l¨ªder del partido de gobierno en el Senado, Delc¨ªdio do Amaral, fue detenido por intentar obstaculizar la operaci¨®n Lava Jato. Diez d¨ªas despu¨¦s, la residencia del presidente de la C¨¢mara de Diputados, Eduardo Cunha, amaneci¨® repleta de polic¨ªas federales con ¨®rdenes judiciales para incautar evidencias de participaci¨®n en diferentes delitos. En la misma fecha, el Consejo de ?tica de la C¨¢mara de Diputados decidi¨® admitir un pedido de casaci¨®n contra Cunha. La ¨²ltima p¨¢gina de esa novela tuvo lugar el 3 de febrero, cuando el procedimiento de casaci¨®n retrocedi¨® a la etapa inicial en el Consejo de ?tica. Ante las dificultades para que Cunha rinda cuentas en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal deber¨¢ pronunciarse sobre dos acciones interpuestas por la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica. La primera pide la suspensi¨®n de su mandato por obstaculizaci¨®n de la justicia, y la segunda pide su condena penal y casaci¨®n debido al recibo de coimas en contratos irregulares celebrados por Petrobr¨¢s.

Si el costo de hacer pol¨ªtica a trav¨¦s de la corrupci¨®n ha aumentado en el Brasil pos-Lava Jato, en M¨¦xico a¨²n no ha habido un movimiento similar. Entidades especializadas reconocen algunos avances, tales como la creaci¨®n del Sistema Nacional Anticorrupci¨®n, en abril de 2015. Sin embargo, resaltan que los esc¨¢ndalos en los que se han visto envueltos pol¨ªticos y empresarios cercanos al gobierno no han tenido una respuesta judicial adecuada. Casualmente, M¨¦xico aparece 19 posiciones por debajo de Brasil en el ¨ªndice de percepci¨®n de la corrupci¨®n 2015, elaborado por Transparencia Internacional.

Entre los esc¨¢ndalos m¨¢s ruidosos, destacan las adquisiciones inmobiliarias por parte de la primera dama y secretarios de gobierno, con valores sospechosamente bajos, a empresas que poseen millonarios contratos con administraciones priistas. Ante la presi¨®n de la opini¨®n p¨²blica, en febrero de 2015 Pe?a Nieto nombr¨® a Virgilio Andrade titular de la Secretar¨ªa de Funci¨®n P¨²blica. Su primer encargo fue investigar a quienes aparec¨ªan en la lista de compradores de mansiones en rebaja, incluyendo a la pareja presidencial y al Secretario de Hacienda, amigo personal del igualmente priista Virgilio Andrade. La Secretar¨ªa de Funci¨®n P¨²blica no solo descart¨® la existencia de irregularidades en el incidente de los inmuebles, sino que protagoniz¨® su propio esc¨¢ndalo: el cobro de vi¨¢ticos exorbitantes por parte de sus funcionarios en misi¨®n fuera del pa¨ªs.?

Otro esc¨¢ndalo de gran proporci¨®n tuvo lugar el 15 de enero, cuando Humberto Moreira, ex presidente del PRI, fue detenido en Espa?a, bajo acusaciones de lavado de dinero ventiladas en tribunales estadounidenses. La reacci¨®n de las autoridades mexicanas fue inmediata, no exactamente para esclarecer las graves denuncias que recaen sobre el bar¨®n priista. Tanto la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) como la Embajada mexicana en Madrid intercedieron con el fin de que se levantara la detenci¨®n de Moreira. El 23 de enero Moreira fue liberado y el 4 de febrero regres¨® a M¨¦xico, donde la posibilidad de que vuelva a ser encarcelado es naturalmente m¨¢s baja.

M¨¢s all¨¢ de la ineptitud de las autoridades judiciales mexicanas frente a los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, su impericia ha sido deliberada en los casos m¨¢s emblem¨¢ticos de violaciones a derechos humanos. Un ejemplo es la desaparici¨®n de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, en septiembre de 2014. Seg¨²n la PGR, los estudiantes fueron ejecutados y calcinados en un basurero municipal en Cocula. Sin embargo, un grupo de expertos independientes nombrados por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos a pedido del propio gobierno mexicano, ha desvirtuado la ¡°verdad hist¨®rica¡± difundida por la PGR. El 10 de febrero el Equipo Argentino de Antropolog¨ªa Forense reiter¨® que no se produjo la quema de restos mortales en el basurero de Cocula para la fecha de las desapariciones y subray¨® otras inconsistencias en ex¨¢menes m¨¦dico-forenses sobre los cuales la PGR fundamenta su ¡°verdad hist¨®rica¡±. Pese a lo anterior, la PGR no ha variado su l¨ªnea de investigaci¨®n, a todas luces incompatible con lo recomendado por expertos con d¨¦cadas de experiencia en la investigaci¨®n de desapariciones colectivas.

Mientras las instancias judiciales son parte de la soluci¨®n para la crisis atravesada por el Estado y la sociedad brasile?a, en M¨¦xico la poblaci¨®n mira cada vez m¨¢s hacia los organismos internacionales como la ¨²ltima esperanza para afrontar la corrupci¨®n y la impunidad. En lugar de apoyarse en tales organismos para depurar las dem¨¢s instancias del Estado, las entidades que administran justicia y en particular la PGR parecen haberse conformado con ser el hazme re¨ªr de la comunidad internacional y el hazme llorar de la poblaci¨®n mexicana.