El 97% de denuncias por corrupci¨®n en M¨¦xico se pierden en el limbo

A la espera de que el paquete de leyes anticorrupci¨®n termine su paseo parlamentario y baje definitivamente a tierra, la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF), el ¨®rgano encargado de supervisar las cuentas p¨²blicas mexicanas, ha vuelto a retratar uno de los agujeros m¨¢s negros y profundos del Estado de Derecho mexicano. El 97% de las denuncias penales que la ASF ha presentado durante los ¨²ltimos a?os se ha quedado en nada. De un total de 656, tan solo 19 han alcanzado los tribunales. El resto se encuentran atascadas, en su gran mayor¨ªa, en las manos de la fiscal¨ªa (PGR).

El Gobierno lanz¨® el a?o pasado junto el resto de grupos parlamentarios una reforma constitucional con la ambici¨®n de mejorar los mecanismos institucionales y taponar los huecos de la corrupci¨®n, que s¨®lo en t¨¦rminos econ¨®micos le cuestan al pa¨ªs cerca del 10% del PIB.

Los esc¨¢ndalos por los presuntos conflictos de inter¨¦s en la compra de lujosas viviendas que apuntaban directamente al presidente Pe?a Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron el ritmo de una reforma que no aparec¨ªa entre las primeras de la lista en la agenda del Pacto por M¨¦xico. Salvado el cambio del texto constitucional, al Sistema Nacional Anticorrupci¨®n a¨²n le queda camino por delante. El plazo para la modificaci¨®n del pu?ado de leyes federales y estatales que ha de redondear el nuevo dise?o institucional est¨¢ fijado como m¨ªnimo para 2018.

Tan s¨®lo el 2,8% ha alcanzado los tribunales y cuentan con una orden judicial

Desatascar la correa de transmisi¨®n entre el nivel administrativo y el nivel penal es uno de los caballos de batalla de la reforma. El paso lo debe marcar la futura fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, aut¨®noma del Ejecutivo, que reciba, agilice y traslade las denuncias presentadas por la ASF. La actual Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), dependiente de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica y no del Poder Judicial, se ha convertido en un recipiente est¨¦ril de las denuncias administrativas.

El informe del organismo auditor mexicano revela que el 91% se encuentra ¡°en integraci¨®n del ministerio p¨²blico¡±. Es decir, estancadas en los archivos de la fiscal¨ªa mexicana. Tan s¨®lo el 2,8% ha alcanzado los tribunales y cuentan con una orden judicial. Mientras que el 14% se reparte entre amparos y reservas.

¡°La ASF cumple su funci¨®n e identifica las irregularidades de funcionarios p¨²blicos que pueden tener consecuencias penales. Entonces entra el ministerio p¨²blico y es cuando se inicia el pobre desempe?o. Un n¨²mero bajo de denuncias y un nivel alto de impunidad nos condena al fracaso de la pol¨ªtica anticorrupci¨®n¡±, explica el presidente de Transparencia Internacional M¨¦xico, Eduardo Boh¨®rquez.

Las denuncias del ¨®rgano supervisor han ido creciendo exponencialmente durante el ¨²ltimo lustro desde las 53 de 2010 a los 157 del a?o pasado. Los resultados del informe corresponden a los ¨²ltimos 17 a?os y son parte del informe de Fiscalizaci¨®n Superior de la Cuenta P¨²blica correspondiente al a?o 2014 que el ASF presenta anualmente a la C¨¢mara de Diputados.

¡°El mundo acad¨¦mico y la sociedad civil hemos instituido en que se necesita m¨¢s que un zar anticorrupci¨®n. Necesitamos un sistema, un conjunto de instituciones que funcionen bien¡±, insiste el director de Transparencia Mexicana, una de las organizaciones m¨¢s propositivas durante el proceso de reforma constitucional. En el nuevo sistema, la designaci¨®n del secretario de la Funci¨®n P¨²blica, el zar anticorrupci¨®n al que se refiere Boh¨®rquez, deber¨¢ ser ratificada por el Senado. El actual, Virgilio Andrade, un priista amigo personal del ministro de Hacienda, fue nombrado en febrero por Enrique Pe?a Nieto para que investigara los supuestos conflictos de inter¨¦s que han salpicado al Gobierno. El caso ha sido finalmente cerrado tras concluir que no hubo irregularidades.

Para que todas estas novedades aterricen faltan a¨²n dos cambios de calado. Quedan por remozar la ley general de responsabilidades administrativas y la general de competencias, encargada de enhebrar el nuevo sistema entre los 32 estados mexicanos. ¡°Estamos un momento clave en cuanto al dise?o de estas leyes. Muchas veces falla la implementaci¨®n de las leyes porque son cooptadas por intereses pol¨ªticos que impiden la independencia necesaria para cumplir de manera independiente con su mandato¡±, subraya Haydee P¨¦rez, directora ejecutiva de asociaci¨®n Fundar.

El plazo est¨¢ fijado en dos a?os, el final del sexenio de Pe?a Nieto. El riesgo es que los tiempos se dilaten, las reformas acaben engullidas por la l¨®gica electoral y las pol¨ªticas p¨²blicas contra la corrupci¨®n en M¨¦xico contin¨²en sepultadas en su end¨¦mico agujero negro.