La ?ltima Cena

No recuerdo una situaci¨®n tan dif¨ªcil de explicar como la que implica la captura del hermano del expresidente de Colombia y ahora senador Alvaro Uribe, el caballista Santiago Uribe, investigado por la conformaci¨®n del grupo paramilitar ¡°Los 12 Ap¨®stoles¡± y el homicidio del conductor Camilo Barrientos en 1994.

Este grupo es responsable de cientos de cr¨ªmenes, en una de las ¨¦pocas m¨¢s oscuras de Colombia, cuando los paramilitares eran el brazo armado del poder civil y militar contra la guerrilla y sellaban con ellos pactos de sangre y coca para exterminar a la guerrilla, desplazar a sus supuestos colaboradores, llenar sus arcas, extender su control territorial y refundar la Patria.

Est¨¢ siendo investigado hace casi 20 a?os. El proceso ha pasado por archivo por falta de evidencias, cuestionamientos sobre la credibilidad de algunos testigos hasta su reapertura hace 6 a?os y al llamado a indagatoria hace 3, luego de que el mayor en retiro de la polic¨ªa Juan Carlos Meneses declarar¨¢ desde el exilio contra Santiago Uribe. Asegur¨® que ¡°Los 12 Ap¨®stoles¡± se cre¨® en la finca La Carolina, de propiedad del Santiago Uribe.

La Fiscal¨ªa pidi¨® entonces a la Corte Suprema de Justicia todos los expedientes que mencionaran a Santiago Uribe y pidi¨® interrogar a cinco exjefes paramilitares, tres de los cuales -alias don Berna, ¡°don Mario¡± y el cabecilla de un bloque conocido como el Cacique Pipint¨¢- dieron testimonios de que terceros, especialmente Vicente Casta?o, el hermano del fundador de estas Autodefensas, les hab¨ªan dicho de la relaci¨®n con Uribe.

Los congresistas del Centro Democr¨¢tico, la bancada de la oposici¨®n, reaccionaron como era esperable y como si Santiago Uribe fuera el Leopoldo L¨®pez venezolano, acusaron al presidente Juan Manuel Santos de aplicar pr¨¢cticas mafiosas por meterse con la familia del expresidente, llamaron a una rebeli¨®n contra la que calificaron como la dictadura del gobierno de Santos, advirtiendo que la Fiscal¨ªa ha dado suficientes muestras de haber cruzado el fundamento de la divisi¨®n de poderes y por lo tanto que el gobierno estar¨ªa detr¨¢s de la orden de captura.

Y en las ¨²ltimas horas, el mismo expresidente Uribe sali¨® a anunciar que har¨¢ una declaraci¨®n para acusar al mandatario de manipular al poder judicial, someter con dinero al Congreso, condicionar alcaldes con el plebiscito con el que debe quedar refrendado el acuerdo de paz al que se llegue en La Habana. Y v¨ªa twitter dice que ahora ir¨¢n por sus hijos.

La respuesta inicial del Gobierno fue la decisi¨®n de Santos de plantear una veedur¨ªa internacional para que d¨¦ garant¨ªas a Santiago Uribe y a su hermano el expresidente, quien d¨ªas antes, hab¨ªa visitado la CIDH en Washington para denunciar una persecuci¨®n pol¨ªtica a su familia. Posteriormente y con el correr de las horas y en la medida en que los insultos uribistas lograban llenar de rabia y desesperaci¨®n al gobierno, tres ministros salieron a defender las decisiones judiciales v¨ªa twitter con un lenguaje poco comprensible.

Adicionalmente, el presidente Santos exigi¨® a todos los procesados del pa¨ªs, independientemente de sus inclinaciones pol¨ªticas, acogerse como cualquier ciudadano a las decisiones judiciales y defenderse en el estado de derecho.

Es imposible creer los se?alamientos de que este gobierno habla de paz y provoca una situaci¨®n como esta. Especialmente porque radicaliza al pa¨ªs en momentos en que Santos est¨¢ buscando lo contrario: unir y reconciliar. Es por eso que no resulta cre¨ªble que el mandatario colombiano, a pesar de su irremediable distancia con Uribe, se hubiera confabulado con el fiscal Eduardo Montealegre o el vicefiscal Jorge Perdomo.

La hip¨®tesis del congresista Samuel Hoyos del CD en el sentido de que Santos est¨¢ tratando de chantajear a Uribe para que ¨¦l, su familia y sus funcionarios, -los que no est¨¢n ya presos o sindicados-, se sometan a la Jurisdicci¨®n Especial de Paz no es sensata. Los uribistas no entrar¨¢n en la JEP y no porque los delitos que pudieran haber cometido no est¨¦n relacionados con el conflicto armado. Es porque no van a aceptar la comisi¨®n de esos delitos. Y si antes se pensaba en que pod¨ªan en nombre de la reconciliaci¨®n de todos, y se rumoraba sobre algunas visitas ¡°a la isla de Fidel¡± para hablar con los guerrilleros de las FARC, pues con esa detenci¨®n se cerraron todas las puertas.

Ahora bien, negar que la justicia deb¨ªa investigar, que existe el material y los testimonios que hacen a Santiago Uribe, objeto de ser procesado, es imposible. Pero creer que la actual Fiscal¨ªa est¨¢ actuando sin c¨¢lculos pol¨ªticos es igual de impensable. Ha demostrado lo contrario y sus decisiones est¨¢n marcadas por la soberbia de una lengua que justifica en el contexto y el aprendizaje alem¨¢n cada una de sus decisiones con las que termina crucificando al Gobierno, del que se dice amigo.

Ojal¨¢ el juez al que le toque este caso logre demostrar con pruebas el sentido de su fallo en un proceso tan delicado y que por el bien del pa¨ªs recupere la justicia el honor y la credibilidad. Si Santiago Uribe debe pagar, que sea con todo el rigor de la justicia. De todos los problemas que ha visibilizado la captura de Santiago Uribe, este es el peor de los males: que las decisiones de nuestra justicia no sean aplaudidas y respaldadas. Del caso Lula en Brasil, de Otto P¨¦rez en Guatemala, Fifagate, alguna lecci¨®n hay que aprender. Local o internacional, la justicia tiene que llegar.

Diana Calderon es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf