El Supremo de EE UU, dividido ante la reforma migratoria de Obama

Uno de los pilares de la pol¨ªtica dom¨¦stica de Obama, la reforma migratoria que anunci¨® en 2014 y que podr¨ªa regularizar a casi cinco millones de indocumentados, lleg¨® este lunes al Tribunal Supremo, donde los jueces se mostraron divididos sobre su legalidad. Los magistrados escucharon esta ma?ana los argumentos de un caso que ser¨¢ resuelto en el mes de junio y cuya sentencia puede tener un profundo impacto en la campa?a electoral por la presidencia y marcar el legado del mandatario dem¨®crata.

En el centro del caso est¨¢n dos cuestiones. La primera es si el Estado de Texas, el primero en presentar una querella contra la reforma de Obama a la que se han sumado otros 25 gobernadores, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulaci¨®n de indocumentados. La segunda es si el presidente se extralimit¨® en sus competencias al decidir que se cancelasen las deportaciones de un grupo espec¨ªfico de sin papeles y otorgarles despu¨¦s un permiso de trabajo y residencia temporal.

Tras ser cancelada su deportaci¨®n, ese grupo de inmigrantes tendr¨ªa acceso, por ejemplo, a permisos de conducir expedidos por los Estados donde viven. Texas asegura que esto constituye un perjuicio porque deber¨¢ costearlos con dinero p¨²blico. El presidente de la Corte, John Roberts, recogi¨® este argumento al poner en duda si el hecho de que Texas ¡°pierda dinero¡± al costear esos permisos no ¡°sea un caso b¨¢sico de legitimidad¡± para presentar esta demanda.

El juez conservador Samuel Alito tambi¨¦n se mostr¨® favorable a esta propuesta al pedir al abogado defensor del Gobierno, Donald Verrilli, que explicara ¡°c¨®mo esto no supone un perjuicio en este caso¡±. Cuando Verrilli explic¨® que Texas ya cuenta con una ley que concede esos mismos permisos a personas con estatus migratorios temporales y que la Administraci¨®n Obama ¡°no legisla en contra de Texas¡±, Alito interrumpi¨® nuevamente en su defensa: ¡°Lo que usted est¨¢ diciendo es que se han perjudicado a s¨ª mismos¡±.

Abuso de poder ejecutivo de Obama

Frente al ala conservadora del Tribunal, las jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Ginsburg lideraron las preguntas a los abogados de Texas, responsables de defender su demanda. Scott Keller no hab¨ªa terminado de presentar su caso sobre c¨®mo la reforma de Obama ¡°constituye la mayor modificaci¨®n a una ley de inmigraci¨®n en la historia de nuestor pa¨ªs cuando Sotomayor le interrumpi¨®: "?C¨®mo puede usted decir eso?" Seg¨²n la primera juez hispana del Tribunal, el mandato de Ronald Reagan en 1986 regulariz¨® al 40% de la poblaci¨®n indocumentada, pero los programas de Obama no beneficiar¨¢n a m¨¢s del 35% de los 11,4 millones de sin papeles.

Keller especific¨® entonces que Obama se extralimit¨® en sus competencias al ir m¨¢s all¨¢ de cancelar las deportaciones porque su programa, conocido como DAPA, convierte a una persona que vive de manera ilegal en el pa¨ªs en un ¡°residente legal¡±. Las jueces progresistas enfatizaron en varias de sus preguntas que la legislaci¨®n estadounidense a contempla esta posibilidad, pero el abogado de Texas insisti¨® en que la concesi¨®n de un permiso de trabajo es competencia ¨²nica del Congreso.

La abogada de la C¨¢mara de Representantes ¡ªla instituci¨®n inusualmente se person¨® en este caso¡ª a?adi¨® que el presidente ¡°quiere hacer algo m¨¢s que cancelar deportaciones¡±. Este argumento puede haber convencido al juez Anthony Kennedy, uno de los votos decisivos en este caso. ¡°El presidente est¨¢ creando una pol¨ªtica y el Congreso entonces es el encargado de ejecutarla, pero eso deber¨ªa ser al rev¨¦s¡±, dijo Kennedy, que pidi¨® a los defensores del Gobierno que explicaran c¨®mo, de ser as¨ª, Obama no se estar¨ªa excediendo en sus competencias.

Verrilli explic¨® que la Administraci¨®n no considera que DAPA sea equivalente a una ley de inmigraci¨®n y que no est¨¢ asumiendo poderes que corresponden al Congreso, sino que simplemente indica al Departamento de Seguridad Nacional qu¨¦ indocumentados constituyen el grupo de ¡°baja prioridad¡± de cara a las deportaciones. La Casa Blanca asegura que el presidente puede decidir c¨®mo aplicar las leyes de inmigraci¨®n y que durante los ¨²ltimos 50 a?os, distintos presidentes han aprobado m¨¢s de 20 normativas similares, que despu¨¦s han sido ratificadas por el poder legislativo.

Los intercambios entre jueces y abogados tuvieron lugar durante una audiencia de hora y media de duraci¨®n en la que estaban presentes desde inmigrantes indocumentados hasta los principales l¨ªderes pol¨ªticos favorables a la reforma. Luis Guti¨¦rrez, legislador dem¨®crata asegur¨® tras la sesi¨®n que ¡°se ha demostrado que la ley est¨¢ de nuestra parte¡±, informa Silvia Ayuso. Andrew Pincus, exfiscal adjunto favorable a la reforma de Obama reconoci¨® la dureza de las preguntas de los magistrados, pero se mostr¨® confiado en que ¡°la ley est¨¢ de nuestro lado¡±.

La ley estadounidense establece que es el Congreso quien debe regular en materia de inmigraci¨®n, pero contempla un margen de actuaci¨®n, cuyos l¨ªmites puede definir este caso, para decidir, por ejemplo, cu¨¢l es el orden de prioridad en las deportaciones. Para la Casa Blanca, Obama emple¨® esta autoridad cuando decidi¨® que ni los dreamers ni los padres indocumentados de menores estadounidenses deben ser expulsados del pa¨ªs y que, para evitar que queden en un limbo legal, se les entregue un permiso de trabajo y residencia.

En otra de sus intervenciones, Sotomayor asegur¨® que 10,9 millones de indocumentados permanecer¨¢n en el pa¨ªs ¡°lo queramos o no¡±, porque el Congreso solo ha previsto el presupuesto para expulsar a cuatro millones. ¡°Concederles un permiso de trabajo tiene sentido¡±, respondi¨® Verrilli, que insisti¨® en que la reforma ¡°no cambia el estatus migratorio¡± de ninguno de los beneficiarios y que su presencia en el pa¨ªs pasa a ser ¡°tolerada¡± a pesar de que no equivalga a la ciudadan¨ªa, por lo que el presidente no habr¨ªa incumplido las leyes que regulan sus competencias.

La reforma de Obama, aprobada en noviembre de 2014 en respuesta al bloqueo republicano en el Congreso a las reformas de inmigraci¨®n, cre¨® un programa conocido como DAPA y que concede un permiso de residencia y trabajo temporal a los padres indocumentados de ni?os estadounidenses que demostrasen haber residido en Estados Unidos m¨¢s de cinco a?os y, entre otros requisitos, carecieran de antecedentes penales. El decreto de Obama tambi¨¦n ampliaba los t¨¦rminos de DACA, creado dos a?os antes para cancelar las deportaciones y entregar los mismos permisos a m¨¢s de un mill¨®n de dreamers, como se conoce a los estudiantes indocumentados.

La reforma migratoria es uno de los casos que se ver¨¢n afectados por la falta de un sustituto al juez conservador Antonin Scalia, fallecido el pasado mes de febrero. Un empate a cuatro votos har¨¢ prevalecer la sentencia de la Corte de Apelaciones que estudi¨® el caso por ¨²ltima vez y que dictamin¨® en contra, por lo que las reformas seguir¨ªan bloqueadas. Tambi¨¦n cabe la posibilidad de que el Supremo rechace la viabilidad de la demanda porque estime que Texas no ha demostrado que le afecte directamente la regulaci¨®n de indocumentados ni que Obama se haya extralimitado en sus competencias. Cualquiera de estos dos ¨²ltimos casos resultar¨ªa en un dictamen favorable a la reforma, que entrar¨ªa en vigor inmediatamente. Obama cerrar¨ªa as¨ª su presidencia con el legado de haber sacado de las sombras a casi cinco millones de personas.