Derechos humanos y Justicia Penal

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal el respeto a los derechos humanos constituye una parte medular de su funcionamiento; est¨¢ dise?ado para preservarlos y promoverlos en todas las etapas del proceso judicial, garantizando su vigencia.

El andamiaje jur¨ªdico que procura la protecci¨®n a los derechos humanos dentro del Sistema Acusatorio Adversarial se fortaleci¨® con las reformas legales de 2011, que elevaron a rango constitucional el reconocimiento a los derechos humanos de todos los mexicanos y ratificaron los compromisos contra¨ªdos por el Estado mexicano tras la firma de m¨²ltiples tratados internacionales.

Este modelo de justicia, que aplicar¨¢ en todo nuestro pa¨ªs el 18 de junio de este a?o, contempla como pilar fundamental la presunci¨®n de inocencia. Por ello, en todo momento se evita la exposici¨®n de la v¨ªctima y del imputado ante los medios de comunicaci¨®n, con la finalidad de respetar el debido proceso y garantizar que se litigue en los tribunales, no en los medios.?

El Sistema Acusatorio Adversarial contempla una serie de principios para la procuraci¨®n de los derechos humanos y garantizar el debido proceso penal. Entre ellos, el principio de publicidad permite a los ciudadanos conocer las actividades de todos los actores involucrados en la procuraci¨®n y administraci¨®n de justicia, desde polic¨ªas hasta jueces, pasando por ministerios y defensores p¨²blicos. Adem¨¢s, facilita a los ciudadanos para presenciar el desahogo de las audiencias orales, convirtiendo al principio de publicidad en una garant¨ªa pol¨ªtica para defender los derechos de la v¨ªctima y el imputado. Por ello, al estar los operadores del nuevo sistema bajo el escrutinio social, se reduce la discrecionalidad del proceso y se fortalecen las acciones de transparencia y rendici¨®n de cuentas.

En la actualidad, las condiciones y requisitos que forman parte del Nuevo Sistema Penal para asegurar el debido proceso son otra importante forma de protecci¨®n a los derechos humanos de los ciudadanos, guardando la fiabilidad procesal y jur¨ªdica que garantice la integridad de los protagonistas del juicio. Al respecto, los jueces deben vigilar que durante todo el proceso ¡ªdesde la investigaci¨®n y recopilaci¨®n de los datos, como en el desahogo del juicio mismo¡ª se tomen las determinaciones pertinentes para resguardar en igualdad de circunstancias los derechos de la v¨ªctima y de la persona imputada de alg¨²n delito.?

Por otro lado, ahora las comisiones de Derechos Humanos en todo el pa¨ªs tienen la capacidad, por primera vez en la historia, de abrir investigaciones propias, en los casos en que se presuma la violaci¨®n de los derechos humanos de alguna persona. Asimismo, las comisiones pueden, eventualmente, convocar al ciudadano y a la instituci¨®n que presumiblemente transgredi¨® sus derechos a solucionar la queja mediante un proceso de conciliaci¨®n, el cual contempla el reconocimiento del da?o causado y la reparaci¨®n del mismo. El ombudsman tiene as¨ª, sin ser juez, la facultad de resolver los casos de manera expedita para emitir las recomendaciones correspondientes.

Con esta visi¨®n orientada a colocar a M¨¦xico a la altura de los est¨¢ndares internacionales, el Sistema Penal Acusatorio garantiza que los derechos humanos no distingan si se trata de una v¨ªctima o un imputado; tampoco que sirvan para que los delincuentes evadan su responsabilidad, sino que se enfocan a la protecci¨®n integral de todas las personas gracias a la universalidad que los distingue.

El avance en el proceso de implementaci¨®n del nuevo modelo de enjuiciamiento penal asegura que los beneficios del nuevo sistema penal lleguen a todos los mexicanos. En el ¨¢mbito federal son 28 entidades las que est¨¢n operando totalmente con los principios y beneficios del Sistema Acusatorio; mientras que en el ¨¢mbito local, 10 entidades ya operan totalmente y 22 de manera parcial, tomando en cuenta que los que operan parcialmente tienen publicada su entrada en vigor en el peri¨®dico oficial de cada entidad federativa para antes del 18 de junio de 2016. Esto representa que el 79,82% de la poblaci¨®n del pa¨ªs, equivalente a 95.522.000, est¨¦ cubierta con el Nuevo Sistema.?

Es as¨ª que el Estado mexicano reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos y se asegura de fortalecer las instituciones de justicia con una visi¨®n garantista y moderna, a la altura de las necesidades de la ciudadan¨ªa.

Mar¨ªa de los ?ngeles Fromow es secretaria t¨¦cnica del Consejo de Coordinaci¨®n para la Implementaci¨®n del Sistema de Justicia Penal.