Yecenia Armenta y el eco de la tortura
Una juez ratifica la condena a una acusada de homicidio que pudo sufrir abusos para confesar
La tortura a detenidos, fen¨®meno "generalizado" en M¨¦xico seg¨²n la ONU, es la sombra que arrastran multitud de procesos judiciales en este pa¨ªs. Uno de referencia, abanderado por la ONG Amnist¨ªa Internacional, es el de Yecenia Armenta, presa desde 2012 bajo la acusaci¨®n de mandar matar a su marido pese a que ella denuncia que fue sometida a abusos durante horas hasta estampar su firma en la confesi¨®n. El ¨²ltimo cap¨ªtulo del caso es que la fiscal¨ªa competente, del Estado de Sinaloa, lo ha revisado y ha ratificado que debe seguir encarcelada.
La resoluci¨®n, que responde a la orden de 2015 de un juez federal de investigar la posible tortura, concluye que los elementos de delito est¨¢n "plenamente demostrados", aunque, girando sobre el eje de la cuesti¨®n de partida, ordena "analizar la denuncia de tortura".
Amnist¨ªa Internacional afirma que el caso est¨¢ "en una etapa crucial". "Es importante que la justicia entienda que la evidencia principal contra ella (su "confesi¨®n") ha sido obtenida con tortura. El resto de la evidencia es totalmente insuficiente y tambi¨¦n ha sido obtenida por violaciones a derechos humanos de otros co-acusados", dice Mariano Machain, miembro de la organizaci¨®n.
Los abusos en M¨¦xico
El informe de 2015 de la ONU sobre tortura en M¨¦xico afirmaba que "no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura, y se hace una interpretaci¨®n restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul [manual de la ONU para evaluar estos casos]".
Entre 2005 y 2013, aporta el informe, en M¨¦xico s¨®lo hubo cinco condenas por torturas. Un dato m¨ªnimo que choca con el aumento vertiginoso de las denuncias por este motivo registradas por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos: de un promedio de 320 entre 2001 y 2007 a 2100 en 2012, un salto relacionado con la crisis de violencia en los ¨²ltimos a?os de lucha contra el crimen organizado y sus subsecuentes excesos de mano dura policial y militar, favorecidos por la ineficiencia del sistema judicial (nueve de cada 10 delitos quedan impunes).
La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos evalu¨® el proceso y consider¨® que se hab¨ªan violado los derechos de Armenta y que se deber¨ªan investigar a los agentes involucrados.
La denuncia de Armenta fue analizada en 2014 por m¨¦dicos del Consejo Internacional de Rehabilitaci¨®n para V¨ªctimas de Tortura, una agrupaci¨®n internacional no gubernamental. Ellos detectaron "indicios compatibles con el relato de tortura", seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. Por contra, ni los estudios de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (Fiscal¨ªa federal) ni los de la Fiscal¨ªa estatal de Sinaloa han detectado muestras de que Armenta sufriera torturas. La ONG sostiene, tanto en este como en otros casos de supuestas torturas, que M¨¦xico debe crear un mecanismo para que los peritos que los escrutan sean independientes de los organismos fiscales y no parte de su personal.
El relato de la acusada recogido por Amnist¨ªa Internacional dice: "La obligaron a desnudarse y la esposaron con las manos en la espalda antes de envolverla con una manta. Fue colgada cabeza abajo, la golpearon en todo el cuerpo y la agredieron sexualmente. Pero se mantuvo firme en su decisi¨®n de no confesar haber participado en el asesinato de su esposo, hasta que los agentes policiales le dijeron que se llevar¨ªan a sus hijos para violarlos y asesinarlos". "Le hicieron firmar una confesi¨®n despu¨¦s de casi 15 horas de tortura y malos tratos".
Su marido, un m¨¦dico especialista en lesiones deportivas, fue asesinado en julio de 2012 por la ma?ana cuando sal¨ªa de desayunar de una cafeter¨ªa. Un sicario lo acribill¨® a balazos. La Fiscal¨ªa de Sinaloa se encarg¨® de la averiguaci¨®n y determin¨® que el asesino a sueldo hab¨ªa recibido de Armenta unos 4.500 d¨®lares por cometer el crimen.
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