El Tribunal de la UE respalda que Reino Unido niegue ayudas a otros europeos

Londres podr¨¢ negar ayudas sociales a ciudadanos llegados de otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea que no tengan derecho de residencia. As¨ª lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la UE, que da la raz¨®n al Gobierno brit¨¢nico frente a la Comisi¨®n Europea a poco m¨¢s de una semana del refer¨¦ndum que debe determinar si Reino Unido abandona el club comunitario. La justicia de la UE antepone de este modo el derecho de Londres a proteger sus finanzas frente al de los nacionales de la UE que viven en el pa¨ªs a recibir prestaciones por hijos, una situaci¨®n que la anterior Comisi¨®n Europea hab¨ªa llevado a los tribunales.

Pese a que el recurso fue presentado por Bruselas, las cosas han cambiado mucho desde que acudieran a instancias judiciales. El actual Ejecutivo europeo, que trata de evitar el Brexit por todos los medios, pact¨® a finales de febrero con el primer ministro brit¨¢nico, David Cameron, limitaciones a las ayudas sociales de los trabajadores inmigrantes para garantizarse as¨ª su apoyo a la causa de la permanencia de Reino Unido en la UE, por lo que la derrota en los tribunales ha sido acogida sin dramatismo. "Ha clarificado la situaci¨®n", se?alaron fuentes europeas tras conocer la sentencia. Un dictamen contrario habr¨ªa sido interpretado por el Gobierno de Londres como un paso atr¨¢s en el acuerdo, que entrar¨¢ en vigor ¨²nicamente si no hay Brexit, y ha evitado que los partidarios de la salida del Reino Unido de la UE se movilicen ante lo que considerar¨ªan como una nueva intromisi¨®n en su soberan¨ªa.

Este nuevo paso en la excepcionalidad brit¨¢nica obtiene el refrendo de la justicia europea en una sentencia que en su propio texto reconoce el car¨¢cter discriminatorio de la medida. "El requisito del derecho de residencia en el Reino Unido genera una desigualdad, dado que los propios nacionales pueden cumplirlo m¨¢s f¨¢cilmente que los nacionales de otros Estados miembros", se?ala. M¨¢s all¨¢ de que con su sentencia avale que en Reino Unido haya europeos de primera y de segunda, el tribunal cree que ha de primar la salud de las arcas nacionales, por lo que la medida "puede estar justificada por un objetivo leg¨ªtimo, como es la necesidad de salvaguardar las finanzas del Estado miembro de acogida, a condici¨®n de que no vaya m¨¢s all¨¢ de lo que resulta necesario para alcanzar ese objetivo".

Cu¨¢ndo se supera el l¨ªmite de lo necesario no queda claro: "corresponde a la legislaci¨®n de cada Estado miembro determinar tales requisitos", pero las numerosas quejas que la Comisi¨®n Europea recibi¨® de ciudadanos de otros Estados miembros residentes en las Islas en las que denunciaban que las autoridades brit¨¢nicas rechazaron sus solicitudes para obtener determinadas prestaciones sociales caen de este modo en saco roto.

El recurso de la Comisi¨®n consideraba que la forma de actuar de Londres era contraria al principio de igualdad en el ¨¢mbito de la Seguridad Social, que garantiza la prohibici¨®n de discriminaci¨®n por raz¨®n de nacionalidad para que las personas que ejercen su libertad de circulaci¨®n y residencia dentro de la Uni¨®n no se vean perjudicadas por los diversos sistemas nacionales. La Corte lo ha desestimado y afirma que "el requisito del derecho de residencia es una medida proporcionada para garantizar que las prestaciones se abonan a personas suficientemente integradas en el Reino Unido".