Nuevo advertencia del Senado de Estados Unidos a M¨¦xico por los derechos humanos

En una nueva muestra de preocupaci¨®n por la situaci¨®n de los derechos humanos en M¨¦xico, una comisi¨®n del Senado de Estados Unidos ha supeditado parte de la ayuda econ¨®mica de su Gobierno al pa¨ªs vecino, al avance de la justicia en dos de los casos m¨¢s relevantes en los ¨²ltimos a?os. El Comit¨¦ de Apropiaciones del Senado condiciona el 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas al desarollo de las investigaciones de los sucesos de Tlatlaya e Iguala. En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia mexicana acusa a varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22. En el segundo, el comit¨¦ emplaza al Gobierno a ¡°cooperar plenamente¡± con la CIDH, que comision¨® a un grupo de expertos para que revisara la desaparici¨®n de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

¡°Es simb¨®lico, un toque de atenci¨®n al Gobierno de M¨¦xico y un aviso de que los militares no est¨¢n para patrullar las calles¡±, ha dicho en entrevista con EL PA?S Maureen Meyer, asociada de la ONG Wola en Washington. Es simb¨®lico porque el monto cuestionado es la cuarta parte de una cantidad peque?a, apenas tres millones de d¨®lares. La importancia del asunto radica en la insistencia de las instituciones estadounidenses en el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. Ya el a?o pasado, el Departamento de Estado recort¨® un 15% las ayudas de la Iniciativa M¨¦rida por el mismo motivo. Tampoco era una cantidad enorme, en torno a cinco millones de d¨®lares de los m¨¢s de 2.000 que ha invertido desde 2008. La lectura, igual que ahora, era de car¨¢cter simb¨®lico.

En el texto del informe, el comit¨¦ del Senado pide concretamente que el Secretario de Estado determine si ¡°M¨¦xico investiga y procesa cre¨ªblemente las violaciones a los derechos humanos, incluido los asesinatos de Tlatlaya de junio de 2014, de acuerdo a la ley; si refuerza con vigor la prohibici¨®n de la tortura y la obtenci¨®n de testimonios mediante tortura y si busca a las v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada e investiga y procesa a los responsables de estos cr¨ªmenes¡±. El comit¨¦ dedica el ¨²ltimo p¨¢rrafo a la desaparici¨®n de los normalistas: ¡°El comit¨¦ espera que el Gobierno mexicano coopere plenamente con el grupo de expertos de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la investigaci¨®n¡±.

La inquietud de la c¨¢mara alta de Estados Unidos consagra el malestar de la sociedad civil mexicana con el proceder de las instituciones. De los siete militares que el juez mand¨® a la c¨¢rcel tras el asesinato de ocho civiles en Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la capital, no queda ninguno en prisi¨®n. La inconsistencia del paquete de pruebas que present¨® la fiscal¨ªa mexicana oblig¨® al juez a ponerlos en libertad, aunque tres de ellos estaban acusados de delitos graves como homicidio y alteraci¨®n del lugar de los hechos.

En el caso de Iguala, la opacidad y las trabas del Gobierno mexicano han exasperado al grupo de expertos de la CIDH durante sus pesquisas en M¨¦xico. En su estancia en el pa¨ªs, los expertos contradijeron las conclusiones de la investigaci¨®n oficial, que dec¨ªa que los 43 habr¨ªan muerto asesinados y luego sus restos habr¨ªan sido quemados en un basurero en el estado de Guerrero. El GIEI, as¨ª se conoce al grupo en M¨¦xico, inst¨® al Gobierno a que investigara el papel del Ej¨¦rcito en la desaparici¨®n de los 43 y a que ampliara otras pesquisas que apenas hab¨ªan sido exploradas.

Aunque en un primer momento los investigadores oficiales y el GIEI colaboraron, la relaci¨®n se enfri¨® antes de que los segundos divulgaran sus conclusiones. El Gobierno mexicano evit¨® prorrogar la estancia de los expertos en M¨¦xico y los familiares de los 43 exigen que la b¨²squeda de los j¨®venes contin¨²e, igual que la investigaci¨®n.