Maduro ordena a las empresas ceder empleados para trabajar en labores agroalimentarias

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto p¨²blicas como privadas, que pongan a disposici¨®n del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del pa¨ªs durante 60 d¨ªas, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 m¨¢s, seg¨²n un decreto publicado esta semana. La ¨²nica condici¨®n es que los empleados reasignados tengan las ¡°condiciones f¨ªsicas y t¨¦cnicas¡± para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumir¨¢ el pago del salario base y la ¡°inamovilidad¡± del trabajador que sea escogido para ¡°prestar¡± sus servicios, en funci¨®n de ¡°fortalecer la producci¨®n¡± en los campos. Las empresas seguir¨¢n satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

El cimiento de este nuevo r¨¦gimen laboral est¨¢ en el decreto de Estado de Excepci¨®n y de Emergencia Econ¨®mica impulsado este a?o por el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro para atender la carest¨ªa en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

Venezuela, el pa¨ªs con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida econ¨®mica no ha hallado un terreno s¨®lido en un pa¨ªs dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dram¨¢tica?escasez de productos b¨¢sicos.

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboraci¨®n internacional. En abril, el Parlamento ¨Cel ¨²nico poder controlado por la oposici¨®n¨C declar¨® una ¡°emergencia alimentaria¡± en el pa¨ªs. Tambi¨¦n Amnist¨ªa Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una ¡°guerra Econ¨®mica¡± en contra del chavismo fraguada por la oposici¨®n, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervenci¨®n for¨¢nea.

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepci¨®n, la creaci¨®n de la llamada ¡®gran misi¨®n abastecimiento soberano y seguro¡¯ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribuci¨®n y producci¨®n de los alimentos y, ahora, la decisi¨®n de obligar a los empleados de los sectores p¨²blicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

Pero el pr¨¦stamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agr¨ªcolas podr¨ªa ser in¨²til. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de d¨®lares con los proveedores de insumos agr¨ªcolas, seg¨²n un c¨¢lculo de la Confederaci¨®n de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

Tambi¨¦n afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compa?¨ªa Agroisle?a acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa espa?ola en 2010.

La compa?¨ªa, que suministraba insumos agr¨ªcolas a la mayor¨ªa de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Ch¨¢vez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. ¡°Ahora t¨² vas a ver lo que ser¨¢ una nueva instituci¨®n en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar¡±, dijo entonces el mandatario. Agroisle?a ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

La pol¨¦mica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnist¨ªa Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. ¡°Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita¡± dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Am¨¦ricas de esta organizaci¨®n.

Los frijoles m¨¢s costosos

En un supermercado del oeste de Caracas, m¨¢s de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estanter¨ªa repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan m¨¢s de 3.000 bol¨ªvares por kilogramo; un 20% del salario m¨ªnimo en Venezuela.

La inflaci¨®n en el pa¨ªs, la m¨¢s alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo m¨ªnimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, seg¨²n una encuesta de la firma Datan¨¢lisis. ¡°Uno hace una cola para comprar lo que encuentre¡±, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

Mientras muchos han convertido la cacer¨ªa de los productos regulados en una pr¨¢ctica rutinaria, otros con mayores posibilidades econ¨®micas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que est¨¢n en escasez.