Latinoam¨¦rica y la p¨ªldora del d¨ªa siguiente

Tremendo revuelo arm¨® la decisi¨®n de un Juzgado Constitucional en el Per¨² disponiendo que el Ministerio de Salud tiene la obligaci¨®n de distribuir gratuitamente el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) en los centros m¨¦dicos del pa¨ªs. La medida cautelar dispuesta por el juez David Su¨¢rez restablece un derecho que hab¨ªa sido severamente restringido por una controversial decisi¨®n del Tribunal Constitucional del 2009.

Esto ha puesto otra vez sobre el tapete el asunto crucial de los criterios para incorporar ¨Co no- en las pol¨ªticas p¨²blicas la distribuci¨®n de la AOE. En esencia, parece haberse avanzado a que las decisiones se basen crecientemente en dos variables fundamentales. De un lado, el de la prevalencia de los derechos humanos y, por el otro, el sustento de pol¨ªticas p¨²blicas en evidencia cient¨ªfica y no en criterios ideol¨®gicos o religiosos.

La supuesta condici¨®n ¡°abortiva¡± del AOE ha llevado a que, sin base cient¨ªfica seria, en algunos pa¨ªses su venta o distribuci¨®n se encuentre prohibida o restringida. En otros, es parte del ¡°pan de cada d¨ªa¡± de las pol¨ªticas de salud y su acceso no est¨¢ judicialmente impedido. As¨ª, en la mayor¨ªa de pa¨ªses sudamericanos la p¨ªldora se entrega gratuitamente a trav¨¦s de los centros p¨²blicos de salud. Y en M¨¦xico la Suprema Corte ha confirmado -desde hace m¨¢s de diez a?os- una norma federal de salud que dispone que los agentes de salud p¨²blica provean de AOE a mujeres v¨ªctimas de violencia sexual o dom¨¦stica.

Un texto eclesial no reemplaza las evidencias cient¨ªficas ni las obligaciones de derechos humanos?

Este asunto es, ante todo, una cuesti¨®n de derechos humanos. Como es sabido, los abortos inseguros y la mortalidad materna aumentan con los embarazos no planificados. No es casualidad, por eso, que el AOE est¨¦ incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) y se considere que acceder a la AOE es un derecho de las mujeres como m¨¦todo leg¨ªtimo frente a embarazos no deseados.

Al ser parte de la Convenci¨®n sobre la Eliminaci¨®n de Todas las Formas de Discriminaci¨®n Contra la Mujer (CEDAW) los pa¨ªses latinoamericanos se han comprometido a tomar en cuenta las disposiciones del Comit¨¦ del CEDAW. Que, entre otros aspectos, ha dispuesto que los servicios de salud est¨¢n obligados a proveer el AOE; al no hacerlo se discriminar¨ªa a las v¨ªctimas de violaci¨®n en la obtenci¨®n de asistencia m¨¦dica.

Pero no es s¨®lo cuesti¨®n de derechos; es tambi¨¦n un asunto con sustento cient¨ªfico, analizado y resuelto por numerosos estudios serios. Y, con base en ello, por la clara y tajante apreciaci¨®n a favor de la AOE (y de que no es ¡°abortiva¡±) de los dos ¨®rganos multilaterales m¨¢s importantes en relaci¨®n a pol¨ªticas p¨²blicas de salud: la OMS (Organizaci¨®n Mundial de la Salud) y la OPS (Organizaci¨®n Panamericana de la Salud).

Los estudios cient¨ªficos han determinado que no tiene sustento atribuir al AOE car¨¢cter abortivo; para serlo tendr¨ªa que cortar un embarazo en desarrollo por una concepci¨®n ya producida. Siendo ¨Cse concluye- que el AOE act¨²a antes de la fecundaci¨®n del ¨®vulo o de su implantaci¨®n en el ¨²tero, su uso no puede tener naturaleza ni efectos abortivos pues la concepci¨®n no se habr¨ªa producido a¨²n. La vigente jurisprudencia interamericana se ha sustentado en esos estudios.

Pueden existir leg¨ªtimas creencias religiosas o concepciones ideol¨®gicas que lleven a conclusiones distintas y a que no deben usar el AOE. Eso es leg¨ªtimo y respetable. Pero un texto eclesial no reemplaza las evidencias cient¨ªficas ni las obligaciones de derechos humanos que deben guiar, ya no las opciones personales, sino las pol¨ªticas p¨²blicas.

En cualquier caso, lo interesante de todo esto es que en la regi¨®n se est¨¢ avanzando doblemente en una saludable perspectiva. Primero, que temas controversiales como ¨¦ste puedan ser resueltos por la justicia. Segundo, que en esos procesos se haga uso de elementos y criterios cient¨ªficos ¨Cy no ideol¨®gicos o religiosos- para sustentar el razonamiento judicial.?

Esta columna fue originalmente publicada el 25 de agosto de 2016.?