El conflicto minero en Bolivia, suspendido tras el asesinato de un viceministro
El repliegue minero disip¨® el temor, provocado por el asesinato de Rodolfo Illanes, de una escalada mayor de la violencia del conflicto
Horas despu¨¦s del linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes en un punto de bloqueo, los mineros bolivianos ¡°cooperativistas¡± decidieron suspender su protesta, abandonar las carreteras que ten¨ªan cerradas y volver a los poblados en los que viven, emplazados a lo largo de la Cordillera de los Andes. El conflicto que estos d¨ªas se hab¨ªa planteado entre ellos y el Gobierno por el control de los minerales permanece sin soluci¨®n.
El repliegue minero disip¨® el temor, provocado por el asesinato de Illanes, de una escalada mayor de la violencia del conflicto, que ya se ha llevado las vidas de este funcionario y de tres manifestantes. Tambi¨¦n fueron golpeados decenas de polic¨ªas y detenidos cientos de trabajadores.
Los mineros tienen una larga tradici¨®n en la lucha social, poseen explosivos y los usan, y muestran una temeridad contra la Polic¨ªa que en el pasado los convirti¨® en los ¡°h¨¦roes¡± del movimiento popular, pero que con el asesinato de Illanes los ha puesto en una situaci¨®n dif¨ªcil. Aunque la captura de autoridades como ¡°rehenes¡± no es infrecuente en la lucha social boliviana, que una de ellas pierda la vida en el hecho es algo que no se ve¨ªa desde los a?os 40. El presidente Evo Morales dijo que el asesinato es ¡°imperdonable¡± y declar¨® tres d¨ªas de duelo. La oposici¨®n conden¨® lo sucedido. Las redes sociales est¨¢n llenas de homenajes al viceministro ca¨ªdo en cumplimiento de su deber: su trabajo era manejar los conflictos pol¨ªticos del gobierno.
Los mineros que acaban de replegarse son ¡°cooperativistas¡±, esto es, formalmente no trabajan para ning¨²n patr¨®n, ni para el Estado, ni para las grandes empresas privadas, sino para ellos mismos. Existen alrededor de 1.700 cooperativas mineras en el pa¨ªs, todas ellas concesionarias de yacimientos minerales. Se supone que su labor es de subsistencia, pero en los ¨²ltimos a?os, con el boom de los precios, varias de ellas se han convertido en empresas privadas ilegales, en las que un grupo ¡°fundador¡± explota a decenas de trabajadores ¡°nuevos¡±, quienes a duras penas reciben el jornal m¨ªnimo por una labor muy peligrosa. Estas ¡°cooperativas¡± carecen de seguridad social y operan sin licencia ambiental. Por eso sus ¡°fundadores¡± se oponen a la idea de que se creen sindicatos en su seno, innovaci¨®n que el gobierno quiso aplicar, pero finalmente descart¨®.
Existen alrededor de 1.700 cooperativas mineras en el pa¨ªs, todas ellas concesionarias de yacimientos minerales
En cambio, el Gobierno ha sido firme en la prohibici¨®n que impide a las cooperativas subarrendar a empresas privadas las concesiones que poseen ¨Cy que en muchos casos obtienen con conflictos sociales de alta intensidad¨C. Con ello se intenta impedir que se conviertan en ¡°rentistas¡± que reciben dinero de los inversionistas solo por haber conseguido una concesi¨®n que estos no pueden obtener directamente. Hasta ahora los cooperativistas fueron uno de los ¡°factores de poder¡± del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Seg¨²n las autoridades, existen 36 concesiones que en principio pertenecen a ¡°cooperativas¡±, pero que en los hechos est¨¢n siendo aprovechadas por empresas extranjeras, las cuales se encargan de todas las inversiones y de pagar a los trabajadores, y al mismo tiempo entregan una parte de sus utilidades a los concesionarios originales. De este modo, en los hechos las ¡°cooperativas¡± se convierten en ¡°due?as¡± de los yacimientos, lo que en el pasado estaba permitido, pero que ahora proh¨ªbe la Constituci¨®n de 2009.
¡°Volver a ser propietarias de los yacimientos¡± es lo que las cooperativas mineras quieren primero que nada; en segundo lugar, piden que el gobierno facilite sus ventas de minerales y reinvierta en el propio sector cooperativo las regal¨ªas que pagan al Estado, que son de apenas del 2,5% de su producci¨®n. Pese a que algunas de las medidas del gobierno benefician a los trabajadores asalariados de las ¡°cooperativas¡±, estos no se ha manifestado a favor de ellas, se supone que por su poco peso pol¨ªtico.
La ruptura entre los mineros cooperativistas y el MAS constituye una p¨¦rdida de soporte social m¨¢s seria que todas las que anteriormente sufri¨® este partido, dada la magnitud del sector, que da empleo a m¨¢s de 100.000 personas, pero sobre todo por la fuerza de masas de la Federaci¨®n de Cooperativas Mineras, que acaudill¨® la movilizaci¨®n ¨²ltima y ahora tiene sus oficinas intervenidas por la Fiscal¨ªa.
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