El desaf¨ªo de hacer pol¨ªtica

Antonio Navarro Wolf fue durante casi 20 a?os miembro del M-19, una guerrilla colombiana que se desmoviliz¨® en 1990 despu¨¦s de cometer atentados como la toma del Palacio de Justicia. Desde entonces, el hoy senador de la Alianza Verde, ha pasado por casi todas las instituciones del pa¨ªs e incluso opt¨® a la presidencia de la Rep¨²blica. Cr¨ªtico con las FARC por no haber abandonado antes las armas, es un firme defensor de su participaci¨®n en la vida pol¨ªtica durante el posconflicto, uno de los aspectos que m¨¢s crispaci¨®n han levantado durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC.

M¨¢s informaci¨®n

1 | Colombia emprende la b¨²squeda de sus desaparecidos

2 | 'Juan sin tierra' vuelve a casa

3 | La coca, el gran negocio a erradicar

4 | La vida despu¨¦s de dejar las armas

Navarro, como com¨²nmente se le conoce en los mentideros pol¨ªticos, celebra el acuerdo de paz. Es un reflejo de lo que ¨¦l ya vivi¨®: ¡°Uno termina por darse cuenta de que ante la inutilidad del alzamiento armado ya no queda otro camino que meterse al electoral, con todas sus complejidades y deficiencias¡±, asegura en su despacho del Senado. En su opini¨®n, uno de los miedos ¡ªy a la vez cr¨ªtica¡ª de buena parte de la sociedad colombiana, la m¨¢s contraria al proceso, est¨¢ injustificada. No cree que haya que temer ver a los l¨ªderes de las FARC en el Congreso, porque, opina, su poder no va a ser tan grande como la gente teme. ¡°Para que un grupo armado te gane unas elecciones, se ha visto en otros pa¨ªses, tiene que pasar al menos una generaci¨®n. Adem¨¢s, ?se van a dejar ganar por alguien como Timochenko?¡±.

Las condiciones en que las FARC se incorporar¨¢n a la vida pol¨ªtica fueron uno de los ¨²ltimos temas que se negociaron en La Habana, durante el c¨®nclave que puso fin a cuatro a?os de conversaciones. Hasta las pr¨®ximas elecciones, en 2018, el movimiento pol¨ªtico que surja de la dejaci¨®n de armas contar¨¢ con portavoces en el Congreso, ¡°con voz pero sin voto¡±, para abordar temas exclusivamente relacionados con la implementaci¨®n de los acuerdos de paz.

A partir de entonces, el acuerdo establece que los guerrilleros tendr¨¢n garantizado un total de 10 congresistas (cinco senadores y cinco representantes a la C¨¢mara) por dos periodos, siempre que no logren superar el umbral del 3% de la votaci¨®n. En ese caso, se les asignar¨¢n los necesarios para cubrir el cupo. Si lo superan no se les otorgar¨¢n curules (esca?os) adicionales. ¡°Es bastante hip¨®crita suponer que puede hacerse la paz sin abrir espacios para la participaci¨®n pol¨ªtica de las FARC, que tiene como gran reto caminar por la v¨ªa institucional y transformarse en una fuerza pol¨ªtica, cre¨ªble despu¨¦s de que tantos a?os ha sido relacionado con la violencia¡±, asegura el senador Roy Barreras, del Partido de la U (la formaci¨®n del presidente, Juan Manuel Santos), quien negoci¨® este aspecto directamente con la guerrilla en La Habana.

La posibilidad de que los l¨ªderes guerrilleros puedan sentarse en el Congreso es algo a lo que se opone frontalmente buena parte de la sociedad colombiana. En el espectro pol¨ªtico, el ¨²nico partido que lo hace es el Centro Democr¨¢tico, del expresidente ?lvaro Uribe. ¡°Es lamentable que personas que han cometido cr¨ªmenes puedan estar en unas elecciones. Estos acuerdos de paz garantizan la impunidad. Se les premia con cargos de elecci¨®n popular gratis¡±, critica Alfredo Rangel, senador de la formaci¨®n uribista, quien aclara: ¡°No nos negamos a que las FARC, despu¨¦s de desmovilizarse, participen en pol¨ªtica, pero eso s¨ª, que los elegidos sean personas que no tengan cuentas pendientes con la justicia¡±.

La garantizaci¨®n de representantes pol¨ªticos despu¨¦s de poner fin a un conflicto armado ha sido habitual en otros procesos de paz. En el caso colombiano, las FARC reclamaban una presencia similar a la que tuvo la Uni¨®n Patri¨®tica ¡ªel brazo pol¨ªtico de la guerrilla en los a?os ochenta¡ª antes de que se produjeran los asesinatos en masa contra sus miembros. Entonces, la UP ten¨ªa 9 senadores y 17 representantes a la C¨¢mara. Iv¨¢n M¨¢rquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, fue miembro de la UP. Muchos de sus compa?eros de partido, como A¨ªda Avella, la hoy presidenta de la formaci¨®n, se tuvieron que exiliar. ¡°Nos mataron a casi todos los parlamentarios con lo que llamaron ¡®El Baile Rojo¡¯. Vivimos muchos a?os de no querer entender que la gente piensa diferente. Ahora nuestra labor es promover la paz. Hay que avanzar en la construcci¨®n de un pa¨ªs m¨¢s generoso¡±, afirma Avella. El temor a que se produzca una persecuci¨®n como la que vivi¨® la UP es una de las mayores preocupaciones de los guerrilleros: ¡°Los enemigos de la paz pueden reaccionar violentamente, pero el Estado est¨¢ preparado para proteger los acuerdos y protegerlos a ellos¡±, asegura Barreras.

Otro de los acuerdos que va ligado a su incorporaci¨®n a la vida pol¨ªtica es la amnist¨ªa que recibir¨¢n los miembros de las FARC. Seg¨²n lo pactado en La Habana, no ser¨¢n objeto de amnist¨ªa ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los cr¨ªmenes de guerra o el secuestro, entre otros. Los guerrilleros vinculados con estos delitos ir¨¢n al Tribunal Especial de Paz, que los juzgar¨¢ e impondr¨¢ las sanciones, de acuerdo a la colaboraci¨®n que hagan a la justicia.

Quienes reconozcan delitos muy graves tendr¨¢n una pena de hasta ocho a?os de restricci¨®n efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tard¨ªa ser¨¢n sancionados con pena de prisi¨®n de cinco a ocho a?os, en condiciones ordinarias. Es decir, en c¨¢rcel, donde tambi¨¦n ser¨¢n recluidos hasta por 20 a?os quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables. El texto aclara que tras la finalizaci¨®n de las hostilidades, el Estado colombiano puede otorgar la amnist¨ªa ¡°m¨¢s amplia posible¡± a quienes hayan sido acusados o condenados por delitos pol¨ªticos o conexos. Ser¨¢ el Congreso quien determine cu¨¢les lo son.