?Por qu¨¦ no juzga el Tribunal de La Haya los cr¨ªmenes de la guerra siria?

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene un problema de imagen. Es la primera instancia permanente dedicada desde 2002 a perseguir el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad, pero con nueve de sus diez casos en marcha centrados en ?frica, las acusaciones de neocolonialismo acaban de traducirse en hechos: Gambia, Burundi, Sud¨¢frica y Kenia han anunciado su retirada. Al mismo tiempo, las atrocidades perpetradas a diario en Siria e Irak, y emitidas pr¨¢cticamente en directo en televisi¨®n, no son perseguidas. ?Por qu¨¦ no se denuncian ante la CPI, que parece la instancia adecuada?

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La respuesta jur¨ªdica es simple pero deja un regusto amargo: Siria e Irak no son miembros de la Corte y ¨¦sta carece por tanto de jurisdicci¨®n; no es universal. La explicaci¨®n pol¨ªtica es a¨²n m¨¢s ¨¢cida: aunque no lo sean, el Consejo de Seguridad de la ONU podr¨ªa remitir ambos casos a La Haya, sede de la Corte, pero no lo hace. Rusia, uno de sus asientos permanentes, lo veta. ?Qu¨¦ hacer, entonces, cuando Estados Unidos, China, India o Israel tampoco est¨¢n, ni de momento se les espera, en el seno de la justicia internacional?

¡°Si Rusia mantiene el veto, t¨¦cnicamente nada, por ahora, en Siria e Irak. Pero Naciones Unidas est¨¢ formada por 193 pa¨ªses, y se puede se?alar a gente como el presidente sirio, Bachar el Asad, que ha lanzado presuntamente ataques qu¨ªmicos contra la poblaci¨®n. Ya s¨¦ que ni ¨¦l, ni el presidente sudan¨¦s, Omar al Bashir, buscado por la CPI por genocidio en Darfur, viajan mucho al extranjero, pero a la presi¨®n diplom¨¢tica internacional se puede sumar la acci¨®n de los tribunales nacionales. Si surge un nexo legal para investigar, pa¨ªses como Holanda, B¨¦lgica e incluso Espa?a, podr¨ªan contribuir tambi¨¦n a detenerles¡±, se?ala Marieke de Hoon, experta en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, de la Universidad Libre de ?msterdam. ¡°El Tribunal Penal debe existir¡±, a?ade. ¡°Es un ¨¦xito, porque ha demostrado que no hay impunidad para los poderosos, como ocurr¨ªa siempre antes. Pero si da la sensaci¨®n de que no cumple las expectativas creadas, su problema de credibilidad ser¨¢ dif¨ªcil de resolver. Debe darse cuenta de que los casos que elige tienen un componente pol¨ªtico, aunque pueda abordarlos de forma imparcial e independiente, como ha demostrado. Debe ver que hay pa¨ªses que pueden usarla para condenar a otros, pero sin dejar que les apunten a ellos¡±.

Estados Unidos, que colabora con La Haya, es un ejemplo claro de esa paradoja. El expresidente Bill Clinton firm¨® en el a?o 2000 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI. Su sucesor, George W. Busch, no lo someti¨® al Senado, paso indispensable para su posible ratificaci¨®n. El presidente Obama tampoco lo ha hecho. Fatou Bensouda, fiscal jefe del Tribunal Penal y gambiana, intenta explicar las razones que la llevan a elegir los casos. Pero por muy distorsionada que est¨¦, la percepci¨®n neocolonialista de ?frica es real. ¡°Es vista como un tribunal externo que les dice qu¨¦ es la justicia, y hubiera sido mejor que comprendiera antes la repercusi¨®n dicho sentimiento. Porque los cr¨ªmenes que all¨ª persigue han ocurrido y hay pruebas para demostrarlo. Adem¨¢s, al menos los presidentes de Gambia y Burundi temen que Bensouda investigue la violencia provocada por su empe?o en perpetuarse en el poder¡±, a?ade De Hoon.

El Consejo de Seguridad de la ONU ya remiti¨® los casos de Sud¨¢n y Libia a La Haya, a pesar de que no son miembros. Uganda, Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo, Rep¨²blica Centroafricana (dos veces) y Mal¨ª pidieron a la Corte que examinara su situaci¨®n. As¨ª que solo en Kenia y Costa de Marfil aplic¨® la fiscal¨ªa la complementariedad, es decir, actu¨® cuando un pa¨ªs miembro no pudo, o no quiso hacerlo. En Georgia hizo otro tanto. Adem¨¢s, los cr¨ªmenes cometidos en Afganist¨¢n, Colombia o los territorios palestinos ocupados por Israel est¨¢n siendo examinados. ¡°En la justicia penal internacional se busca la responsabilidad del autor del delito, pero las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, prefieren la estabilidad y la seguridad en nombre de la paz¡±, concluye la experta holandesa.

Teniendo en cuenta que, a pesar de sus reveses, gracias a los juicios de Nuremberg y del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, la mayor parte de los encausados por los peores actos imaginables son europeos, la labor de la CPI se ver¨ªa reforzada por el apoyo de la comunidad internacional que la fiscal Bensouda no se cansa de pedir cuantas veces comparece ante Naciones Unidas.