El mundo emergente se revuelve

El presidente Bill Clinton firm¨® el Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional el 31 de diciembre de 2000, 20 d¨ªas antes de que tomara posesi¨®n su sucesor, George W. Bush. Lo hizo con tanta convicci¨®n como reservas, que expres¨® en una declaraci¨®n aneja. Convicci¨®n, por la necesidad de institucionalizar la justicia internacional tras los genocidios de los Balcanes y de Ruanda, que obligaron a crear tribunales especiales para juzgar a los criminales. Reservas, porque Estados Unidos es una superpotencia militar con presencia de tropas en 150 pa¨ªses y actuaciones armadas en numerosos escenarios, que tiene una nula disposici¨®n a situar a sus soldados bajo jurisdicciones ajenas y romper as¨ª una tradici¨®n de unilateralismo que sit¨²a a su sistema judicial por encima de cualquier otro.

Clinton recomendaba a su sucesor que no pidiera la ratificaci¨®n en el Senado y esperara a que la CPI hubiera dado sus primeros pasos. Era una decisi¨®n prudente porque el Senado, dividido mitad y mitad entre dem¨®cratas y republicanos, tampoco le hubiera dado los dos tercios de los votos imprescindibles para ratificarlo; ni a ¨¦l, ni a su sucesor, George W. Bush. Este ¨²ltimo fue m¨¢s lejos: en mayo de 2002, cuando el Estatuto de Roma entr¨® en vigor, comunic¨® a Naciones Unidas que no habr¨ªa ratificaci¨®n y que EE UU se desvinculaba de cualquier obligaci¨®n respecto al tratado.

Apenas tres meses despu¨¦s, Washington fue m¨¢s lejos con una legislaci¨®n que protege a los militares y funcionarios estadounidenses ante la persecuci¨®n de la CPI y proh¨ªbe cualquier ayuda militar a los firmantes del Estatuto de Roma, con algunas excepciones como la de los miembros de la OTAN. Era el momento m¨¢s unilateral de la reciente historia de EE UU, ya en los preparativos de la guerra de Irak y mientras buscaba una resoluci¨®n del Consejo de Seguridad que autorizara la invasi¨®n. Fue justo cuando Bush se pregunt¨® si Naciones Unidas era todav¨ªa relevante. Aunque Obama ha corregido luego esta pol¨ªtica de hostilidad y ha regresado a la cooperaci¨®n con la CPI, no ha tenido ning¨²n efecto pr¨¢ctico ni se ha avanzado para la ratificaci¨®n por un Senado que ahora es todav¨ªa m¨¢s republicano y hostil.

La Convenci¨®n sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas (UNCLOS) es algo anterior al Estatuto de Roma. Fue firmada en 1982 y no entr¨® en vigor hasta 1994, pero Washington tampoco la ha ratificado por motivos muy similares. Si la CPI ha tenido como principal campo de actuaci¨®n el continente africano ¡ªdonde es alta la demanda, puesto que all¨ª se amontonan Estados fallidos, guerras civiles, elecciones fraudulentas, presidentes que se saltan las Constituciones para perpetuarse en el poder, adem¨¢s de cr¨ªmenes de guerra y genocidios¡ª, la regi¨®n donde la Convenci¨®n del Mar suscita m¨¢s pleitos es la zona mar¨ªtima e insular del mar del Sur de China, llena de pe?ascos, islotes y atolones, apelotonados en l¨ªmites discutibles y bordeando las rutas mar¨ªtimas de mayor tr¨¢fico del planeta.

En pocos d¨ªas se han retirado de la CPI tres pa¨ªses africanos, dos de ellos, Burundi y Gambia, lo han hecho por la cuenta que les trae: quienes rigen sus destinos podr¨ªan aspirar perfectamente a sentarse en el banquillo. Tambi¨¦n ha decidido abandonarla la Sud¨¢frica de Jakob Zuma, un presidente acosado por la corrupci¨®n que se ha puesto al frente de la manifestaci¨®n precisamente porque aspira todav¨ªa a liderar a los africanos. Desde que se cre¨® la CPI en 2002 aparecieron argumentos de peso para los africanos reticentes: el mayor, la imposibilidad de llevar a Bush y Blair ante un tribunal internacional por la guerra de Irak.

El argumento central es que la CPI es un instrumento para la hegemon¨ªa global occidental. Sirve para la jurisdicci¨®n universal como sirve para el derecho mar¨ªtimo, como demuestra el caso de China, pa¨ªs firmante de la Convenci¨®n del Mar que no ha querido reconocer en cambio la sentencia del Tribunal de La Haya que le quita la raz¨®n respecto a sus pretensiones sobre las aguas territoriales de Filipinas. El tama?o y el poder de China le permiten formular la objeci¨®n en t¨¦rminos m¨¢s geopol¨ªticos e hist¨®ricos: Pek¨ªn no se siente concernido por un derecho internacional en cuya construcci¨®n no ha participado. Y por eso se esfuerza en sentar las bases de un nuevo orden sinoc¨¦ntrico, del que ya forman parte la Organizaci¨®n de Cooperaci¨®n de Shangh¨¢i, sobre seguridad, o el Banco Asi¨¢tico de Inversiones en Infraestructuras.

El argumento? de los pa¨ªses africanos es que la CPI es un instrumento de Occidente

Lo m¨¢s sorprendente del pleito mar¨ªtimo es que pa¨ªses como Filipinas, que obtuvo la sentencia favorable, y Malasia, que tambi¨¦n tiene contenciosos mar¨ªtimos con los chinos, se distancien del lejano Washington y se acerquen a Pek¨ªn, la potencia ascendente y con ambiciones de ampliar sus aguas territoriales. Aparentemente lo hacen por motivos personales: el bocazas de Rodrigo Duterte, por su inquina personal contra los estadounidenses, y el corrupto del primer ministro malasio Najib Razak, para protegerse de las denuncias. Pero es evidente que est¨¢ muy viva la fibra antioccidental que pulsan con su ret¨®rica.

Estados Unidos quiere mantener su hegemon¨ªa en la regi¨®n e incluso manifest¨® su voluntad de desplazar el centro estrat¨¦gico de su atenci¨®n global hacia Asia; pero China a su vez tiene unos prop¨®sitos expansivos que afectan pr¨¢cticamente a todos sus vecinos, objetivamente interesados en estrechar los lazos de seguridad con Washington aunque solo sea para obtener una relaci¨®n m¨¢s equilibrada.

Un distanciamiento paralelo sucede en ?frica con la CPI. El mayor logro africano hasta la fecha es la sentencia a perpetuidad del pasado mayo contra el exdictador de Chad Hiss¨¨ne Habr¨¦, llamado el Pinochet de ?frica, condenado por cr¨ªmenes de guerra y genocidio por un tribunal especial de Senegal. Esta es una novedad excelente respecto a la capacidad de los pa¨ªses africanos para resolver sus propios problemas y tambi¨¦n acerca de la calidad de la justicia y del Estado de derecho en uno de ellos, aunque no debiera servir para desautorizar la CPI ni es seguro que garantice la capacidad de la Uni¨®n Africana para organizar su propia corte de justicia como algunos Estados quisieran.

Ambas revueltas, protagonizadas por pa¨ªses que fueron parte del Tercer Mundo, ser¨¢n interpretadas como signos de desoccidentalizaci¨®n del planeta, pero revelan la profundidad de las grietas que atraviesan la arquitectura institucional surgida del final de la Segunda Guerra Mundial, as¨ª como la inminente aparici¨®n de una nueva arquitectura m¨¢s d¨¦bil y regionalizada en la que EE UU tendr¨¢ menos palancas para defender sus intereses. A la vista de sus reticencias hist¨®ricas ante las instituciones multilaterales, lo menos que se puede decir es que se lo habr¨¢n buscado.