El clamor popular

El pasado 2 de octubre triunf¨® el ¡®no¡¯ en el plebiscito realizado en Colombia. La expresi¨®n de las mayor¨ªas no fue en contra de la paz, sino en rechazo a unos acuerdos donde la impunidad se mimetizaba en medio de sus alambicadas frases, mientras se daba cabida a un debilitamiento institucional, empezando por la incorporaci¨®n de sus contenidos a la Constituci¨®n nacional.

La mayor¨ªa de los votantes dijimos ¡®no¡¯ a que los m¨¢ximos responsables de cr¨ªmenes de lesa humanidad pudieran ser elegidos, como lo indica nuestra Carta Pol¨ªtica. Clamamos porque existieran penas efectivas y proporcionales por delitos que ameritan prisi¨®n en el Estatuto de Roma, porque el narcotr¨¢fico y otros delitos no fueran amnistiables bajo la figura de la conexidad con la ¡°rebeli¨®n¡± y porque nuestra justicia no terminara fragmentada con una estructura paralela carente de controles.

Nuestro rechazo tambi¨¦n fue a una reforma constitucional que se activar¨ªa con el triunfo del ?s¨ª', en la que el Presidente quedar¨ªa con facultades especiales para promulgar decretos con fuerza de ley para implementar los acuerdos, donde la Constituci¨®n se podr¨ªa reformar en pocas semanas y donde el Congreso solo podr¨ªa modificar iniciativas con la autorizaci¨®n del gobierno.

Con la victoria, la coalici¨®n del ¡®no¡¯ pidi¨® un acuerdo nacional que permitiera corregir los acuerdos e introducir modificaciones que unieran al pa¨ªs en la construcci¨®n de un proceso de desmovilizaci¨®n, desarme y reinserci¨®n sostenible. Para ello, se presentaron documentos t¨¦cnicos que se?alaban observaciones a todos los cap¨ªtulos, recalcando la necesidad de precisiones y sugiriendo cambios de fondo en los temas sustanciales relacionados con la impunidad mimetizada.

Casi dos meses despu¨¦s del triunfo del ¡®no¡¯, el acuerdo nacional no fue alcanzado. Se ha firmado un nuevo Acuerdo donde si bien se reconocen temas sugeridos por la coalici¨®n del ¡®no¡¯, subsisten elementos esenciales del rechazo popular. Los cabecillas de las FARC han conseguido una redacci¨®n ambigua que les permitir¨ªa aspirar a cargos de elecci¨®n popular sin siquiera cumplir sanci¨®n alguna por sus cruentas conductas. La Justicia Especial para la Paz, a pesar de algunos ajustes de necesaria adopci¨®n, sigue creando una fractura institucional y la integralidad de los acuerdos adquiere el alcance de norma de obligatorio cumplimiento, al igual que referente de interpretaci¨®n para la estructuraci¨®n normativa.

Bajo estas claras premisas contrarias al clamor de las mayor¨ªas, se pretende ahora que sea el Congreso el que refrende los acuerdos y no el pueblo. Proceder de esta manera sin un consenso nacional y sin un s¨®lido sustento legal, dejar¨¢ los acuerdos en el terreno de la fragilidad y generar¨¢ un rechazo mayor de la ciudadan¨ªa. No hay duda de que el Congreso es el lugar id¨®neo para la implementaci¨®n normativa con los procedimientos ordinarios, sin acudir a mecanismos hechizos rechazados en las urnas, pero pretender que este ¨®rgano refrende unos acuerdos sin modificaciones esenciales es un camino err¨®neo.

?Puede existir un camino para resolver estos errores sin someter al pa¨ªs a una grave incertidumbre? La respuesta es s¨ª. Ese camino puede estar en un acuerdo pol¨ªtico entre todas las fuerzas del ¡®s¨ª¡¯ y el ¡®no¡¯, representadas en el Congreso.

El primer paso est¨¢ en hacer un debate profundo para identificar las coincidencias. Es perfectamente posible avanzar en todos los aspectos humanitarios que permitan la activaci¨®n de las zonas de concentraci¨®n de las FARC y el proceso de entrega de armas, para mitigar riesgos a la seguridad nacional. En este plano se puede llegar a acuerdos sobre normas de amnist¨ªa que beneficien a la base guerrillera.

Desde el fuero del Congreso tambi¨¦n se puede llegar a acuerdos sobre el alcance y la precisi¨®n de las normas de la Reforma Rural Integral, Pol¨ªtica Anti-Drogas, sin que el Estado renuncie a ninguna de sus herramientas, reparaci¨®n econ¨®mica y material de las v¨ªctimas y el desarrollo de reformas al sistema pol¨ªtico.

Un acuerdo pol¨ªtico tambi¨¦n deber¨ªa hacer valer la independencia del Congreso para corregir las ambivalencias y los errores que subsisten en los acuerdos. Aceptando los ¨¢nimos constructivos de la coalici¨®n del ¡®no¡¯, el Congreso deber¨ªa exigir el pago de pena como condici¨®n para aceptar la entrega de derechos pol¨ªticos, al igual que corregir los mecanismos para eludir penas proporcionales y efectivas que han sido introducidos. Un escenario de entendimiento implica que no se busquen canales a trav¨¦s de las Cortes, para revivir los instrumentos de implementaci¨®n rechazados en las urnas.

En el Congreso de Colombia est¨¢ la ¨²ltima oportunidad para lograr un gran Acuerdo Nacional con mecanismos para tramitar con independencia los desacuerdos. Lograr este camino evita la ilegalidad de una refrendaci¨®n contraria a las mayor¨ªas y la apertura de un camino de implementaci¨®n que fracture nuestra democracia.

Si el Congreso obra con grandeza e independencia se podr¨¢ avanzar, de lo contrario solo quedar¨¢ el camino de un referendo para que el pueblo decida sobre las reformas a la Constituci¨®n que son contrarias al mayoritario clamor popular expresado el 2 de octubre.

Iv¨¢n Duque es senador del Centro Democr¨¢tico.