El para¨ªso de la impunidad

Si la manera m¨¢s directa de evaluar una pol¨ªtica p¨²blica es mirar a sus resultados pr¨¢cticos, lo cierto es que los esfuerzos de los Gobiernos latinoamericanos en el ¨¢rea de seguridad lucen muy poco alentadores. Ciertamente, la regi¨®n tiene historias de ¨¦xito como la reducci¨®n de la violencia en Colombia durante la pasada d¨¦cada. Pero en t¨¦rminos generales, m¨¢s ciudades latinoamericanas se sit¨²an entre las m¨¢s violentas del mundo. Basta con echar una mirada al ranking de los 50 centros urbanos con mayores tasas de homicidio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad P¨²blica y la Justicia Penal de M¨¦xico, que ubic¨® dentro de su lista negra a 41 ciudades latinoamericanas en 2016.

A primera vista, las causas de este fracaso a la hora de proteger a la ciudadan¨ªa resultan dif¨ªciles de identificar. Muchos Gobiernos latinoamericanos han realizado inversiones importantes en seguridad p¨²blica. As¨ª, en el periodo 2006-2015, los fondos para la lucha contra el crimen crecieron un 209% en M¨¦xico y un 130% en Brasil. De igual forma, se han ensayado una variedad de cambios institucionales que incluyen la creaci¨®n de nuevos cuerpos de seguridad como la Polic¨ªa Federal mexicana en 2009, y procesos de reforma de los aparatos de polic¨ªa como los desarrollados en Honduras este a?o. Pero ni recursos, ni cambios organizativos han sido suficientes para derrotar el crimen.

Para explicar el fracaso de las pol¨ªticas de lucha contra la inseguridad de buena parte de los pa¨ªses latinoamericanos, habr¨ªa que empezar por se?alar un error de diagn¨®stico: se subestima la importancia del crimen organizado como amenaza para los ciudadanos. Buena parte de las estrategias de seguridad ciudadana tratan los delitos como eventos fruto de la voluntad de criminales aislados o peque?as bandas. En consecuencia, responden tratando de capturar a los perpetradores directos de los hechos, sin mirar m¨¢s all¨¢.

Semejante perspectiva pasa por alto el impacto decisivo del crimen organizado en la seguridad p¨²blica. Carteles mexicanos, maras centroamericanas y comandos brasile?os operan como gobiernos en la sombra en las barriadas perif¨¦ricas de muchas ciudades latinoamericanas y controlan un sinn¨²mero de negocios ilegales que van desde la distribuci¨®n de drogas y el robo de celulares hasta el secuestro y la extorsi¨®n. Frente a este escenario, la mayor¨ªa de los Gobiernos latinoamericanos no han encontrado una f¨®rmula para desmantelar estos conglomerados criminales.

Buena parte de las estrategias de seguridad ciudadana tratan los delitos como eventos fruto de la voluntad de criminales aislados

A este problema se ha sumado el uso de sistemas para evaluar la situaci¨®n de seguridad, que ofrece una imagen distorsionada de la criminalidad. En toda la regi¨®n, los servicios de polic¨ªa utilizan el n¨²mero de denuncias realizadas por los ciudadanos como un indicador clave del grado de inseguridad. As¨ª, un jefe de polic¨ªa es premiado si las denuncias en su distrito disminuyen porque se interpreta como un indicio de reducci¨®n de la delincuencia. Por el contrario, si las denuncias suben, se tiende a pensar que la seguridad se est¨¢ deteriorando y el agente puede ser reprendido.

Pero el problema es que no todos los delitos se denuncian. En zonas con fuerte presencia de bandas criminales, la poblaci¨®n prefiere no reportar los delitos por temor a represalias. Complica a¨²n m¨¢s las cosas que algunos funcionarios policiales utilicen una amplia gama de trucos para frenar las denuncias ciudadanas, y evitar que las estad¨ªsticas de sus distritos se estropeen. El resultado es que una parte sustancial de la criminalidad es invisible y, por tanto, no se puede combatir.

Finalmente, un tercer problema que lastra las estrategias de seguridad p¨²blica de la regi¨®n tiene que ver con la debilidad de los sistemas de justicia y seguridad. Por el lado del aparato judicial, una combinaci¨®n de personal con deficiente formaci¨®n, escasez de recursos y normas legales laber¨ªnticas hacen que los procesos sean lentos, vulnerables a la corrupci¨®n y llenos de oportunidades para la impunidad.

Al mismo tiempo, la construcci¨®n de servicios de polic¨ªa efectivos se enfrenta a dos dificultades claves. Por un lado, la arquitectura descentralizada de muchos de ellos que combina polic¨ªas municipales, estatales y nacionales en estructuras extraordinariamente complejas y f¨¢ciles de penetrar por la delincuencia organizada. Por otra parte, la inconsistencia de los esfuerzos de reforma policial de algunos Gobiernos que prefieren medidas espectaculares, como el despido de miles de agentes, a acciones efectivas, como cambios concretos en la gesti¨®n de personal o mejoras en el entrenamiento.

Rom¨¢n D. Ortiz es director de la firma de consultor¨ªa sobre riesgo pol¨ªtico y seguridad p¨²blica Decisive Point.