Texas obligar¨¢ a enterrar o incinerar los restos fetales despu¨¦s de abortar
El Estado impone que los centros m¨¦dicos proporcionen estos servicios y les proh¨ªbe utilizar contenedores sanitarios
El Estado de Texas exigir¨¢ que los restos fetales sean enterrados o incinerados despu¨¦s de practicar un aborto, independientemente del per¨ªodo de gestaci¨®n. La medida, aprobada despu¨¦s de una intensa campa?a en contra por parte del sector de la salud por considerarla una intromisi¨®n en los derechos de la mujer, entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo d¨ªa 19 de diciembre y puede convertirse en la primera de este tipo en aplicarse en Estados Unidos.
¡°Las nuevas restricciones revelan la dolorosa indiferencia que sienten los pol¨ªticos de Texas hacia las mujeres¡±, afirm¨® David Brown, asesor legal del Centro por los Derechos Reproductivos, en un comunicado. ¡°Forzar a una mujer a pagar por un entierro despu¨¦s de interrumpir su embarazo o sufrir un aborto no solo es absurdo, es una carga innecesaria y una intromisi¨®n en sus creencias personales¡±.
La norma ha sido firmada por el gobernador republicano Greg Abbott y constituye una nueva ofensiva para limitar el acceso al aborto, similar a la derrotada el verano pasado ante el Tribunal Supremo. Entonces, una mayor¨ªa de jueces consider¨® que el aumento de requisitos a m¨¦dicos y centros que practican abortos, que deriv¨® en un cierre de numerosas cl¨ªnicas, no contribu¨ªa a mejorar la atenci¨®n a las mujeres sino que limitaba su acceso al tratamiento.
El texto asegura que esta pr¨¢ctica derivar¨¢ en ¡°una mayor protecci¨®n de la salud y la seguridad del p¨²blico¡±, pero sus detractores alegan que solo conllevar¨¢ mayores costes para los centros m¨¦dicos y disuadir¨¢ a las mujeres de acudir a las cl¨ªnicas para ejercer su derecho a un aborto seguro. Los legisladores aseguraron durante el debate de la norma que uno de sus objetivos era ¡°proteger la dignidad del no nato¡±.
La medida proh¨ªbe a los hospitales y los centros m¨¦dicos que practiquen abortos a eliminar despu¨¦s los restos como hac¨ªan hasta ahora, en contenedores sanitarios adecuados para ello. El Departamento de Salud estatal ha especificado que la normativa no afecta a aquellos abortos que ocurran en una residencia privada ni se requerir¨¢n certificados de nacimiento.
M¨¢s de 35.000 personas enviaron mensajes de rechazo a la normativa durante su per¨ªodo de debate en la c¨¢mara legislativa de Texas. El Centro por los Derechos Reproductivos asegura que la nueva regla ¡°tiene motivaciones pol¨ªticas¡± y est¨¢ dise?ada para ¡°restringir el derecho de las mujeres a un aborto seguro y legal al aumentar su coste y empeorar el estigma y el trauma que rodea la interrupci¨®n de un embarazo¡±.
La v¨ªa judicial es la ¨²nica para impedir que se pongan en marcha los nuevos requerimientos en Texas, ampliamente criticados por la comunidad m¨¦dica, y tanto el Centro de Derechos Reproductivos como la American Civil Liberties Union ya se han querellado anteriormente contra medidas similares. El Tribunal Supremo reconoci¨® en 1973 el derecho al aborto pero los Estados tienen competencias en materia de salud que les permiten aprobar restricciones.
Solo dos Estados han intentado antes aplicar medidas como la de Texas, seg¨²n datos de The New York Times. Uno de ellos es Luisiana, donde a¨²n no ha entrado en vigor, y el otro es Indiana, donde fue firmada por el entonces gobernador republicano y hoy vicepresidente electo, Mike Pence. Esta ¨²ltima ley estatal tambi¨¦n permanece bloqueada en los tribunales por varias demandas.
El presidente electo, Donald Trump, ha mantenido en el pasado diferentes posturas con respecto al derecho al aborto, pero durante la campa?a electoral prometi¨® que nombrar¨ªa al Tribunal Supremo a jueces que est¨¦n dispuestos a revocarlo. Si la legislaci¨®n de Texas es finalmente demandada ante la justicia y el caso avanza hasta la Corte, puede ser el primer caso relacionado con el aborto que se estudie bajo el mandato de Trump.
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