El informe que recorre los cajones de M¨¦xico

Un inc¨®modo documento lleva cuatro meses pasando de mano en mano y de caj¨®n en caj¨®n de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) sin que nadie se atreva a menearlo.

Son 1.050 p¨¢ginas con acusaciones, se?alamientos, irregularidades y omisiones en la investigaci¨®n por la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El pol¨¦mico informe lleva una sola firma, la del abogado Cesar Alejandro Ch¨¢vez, quien dirigi¨® la auditor¨ªa, y en ¨¦l hace una demoledora descripci¨®n del trabajo de estos dos a?os que podr¨ªa tumbar ante un tribunal los m¨¢s de 200 tomos de pruebas recogidas.

Seg¨²n esta auditor¨ªa, la versi¨®n oficial - que se?ala que los estudiantes fueron secuestrados por el c¨¢rtel de Guerreros Unidos y quemados en el basurero de Cocula- se habr¨ªa constru¨ªdo a base a torturas, deficiencias de forma y la omisi¨®n deliberada sobre el papel de soldados y polic¨ªas aquella noche.

La auditor¨ªa concluye que "no se llev¨® a cabo una investigaci¨®n seria, imparcial y efectiva¡±

Ni siquiera se sabe con certeza el n¨²mero de estudiantes que la noche del 26 de septiembre salieron a tomar autobuses, dice el texto, que supone un misil contra la l¨ªnea de flotaci¨®n de la "verdad hist¨®rica", las investigaciones de la PGR y la presidencia.

La importancia del documento radica en que fue redactado desde dentro de la propia instituci¨®n que ha dirigido las investigaciones. En concreto por la Visitadur¨ªa general, un ¨®rgano aut¨®nomo pero no independiente de la PGR.

Un extracto del mismo fue publicado por la revista Proceso hace tres semanas y, seg¨²n esta versi¨®n, se se?ala que la investigaci¨®n encubre a autoridades civiles, ministerios p¨²blicos y soldados. Dice adem¨¢s que no hay una clara l¨ªnea de investigaci¨®n y que la prioridad nunca fue encontrar a los j¨®venes. ¡°Por lo tanto, no se llev¨® a cabo una investigaci¨®n seria, imparcial y efectiva¡± se?ala.

95 de los 120 detenidos habr¨ªan sido torturados

La Visitadur¨ªa hab¨ªa prometido hacer llegar las conclusiones de esta investigaci¨®n interna a los padres de los 43 en el mes de agosto. No era una concesi¨®n de la PGR, se trataba del compromiso adquirido por ofrecer la mayor transparencia posible al proceso tras las dudas expresadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los expertos internacionales y los forenses argentinos. Sin embargo, Ch¨¢vez nunca lleg¨® a entregarles el informe sino que lo hizo a su jefa, la Fiscal Araly Casta?¨®n. Ambos dimitieron semanas despu¨¦s sin dar explicaciones.

La PGR confirm¨® a EL PA?S la existencia de este documento que llam¨® ¡°borrador¡± pero alega que se trata de un documento interno filtrado y que no es el informe final ya que fue elaborado sin cumplir los patrones y est¨¢ndares de la instituci¨®n. El documento se caracteriza ¡°por encontrarse sin la debida formalizaci¨®n, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jur¨ªdicamente inexistentes¡± explic¨® la instituci¨®n en un comunicado.

Sin embargo, seg¨²n Vidulfo Rosales, abogado de los 43 estudiantes. ¡°La PGR se hab¨ªa comprometido a hacernos llegar las conclusiones pero lo ocultan porque no quieren parecer d¨¦biles y ineficaces¡± dijo a EL PA?S.

El informe de Chavez se?ala que de los 120 detenidos, 95 habr¨ªan confesado su participaci¨®n bajo tortura y se?ala 17 deficiencias, 9 irregularidades graves, 10 recomendaciones y 26 instrucciones a la oficina del investigador especial.

La auditor¨ªa coincide con el GIEI y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la necesidad de tomar declaraci¨®n a los soldados del 27 batall¨®n de Iguala o de presentar cargos contra polic¨ªas federales por no haber intervenido para proteger a los estudiantes. Sobre el ej¨¦rcito dice que ¡°la conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 batall¨®n de Infanter¨ªa tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de Ayotzinapa y los integrantes del equipo de f¨²tbol Los Avispones.

Precisamente hace 17 d¨ªas el responsable del 27 batall¨®n de Infanter¨ªa, el general Alejandro Saavedra, fue ascendido a Contralor General.

Seg¨²n el extracto del informe publicado por Proceso para los visitadores ¡°se ha privilegiado el acreditar la intervenci¨®n de Guerreros Unidos (¡­) dejando en un segundo t¨¦rmino el deber del Estado mexicano de realizar una b¨²squeda sistem¨¢tica y rigurosa tendente a encontrar a los estudiantes desparecidos, deber que persiste hasta que no se encuentren, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cu¨¢l fue su destino¡±. Adem¨¢s, igual que la CIDH y el GIEI, pide que el delito atribuido sea el de desaparici¨®n forzada y no secuestro y solicit¨® actuar contra polic¨ªas federales quienes, a pesar de haber recibido informaci¨®n del Centro de control policial (C-4) de los ataques, decidieron no intervenir.

A apuntalar la consistencia de las denuncias contribuy¨® la aparici¨®n de un video en septiembre en el que se ve a Tom¨¢s Zer¨®n, jefe de la Agencia de investigaci¨®n criminal, recorriendo el basurero de Cocula con un supuesto sicario de Guerrero Unidos, un mes despu¨¦s de los hechos y sin la compa?¨ªa de su abogado lo que ¡°violar¨ªa el debido proceso¡±, seg¨²n los padres de los 43. Una prueba m¨¢s del descontrol en que se han convertido las investigaciones sobre la noche de Iguala.

En las pr¨®ximas semanas ver¨¢ la luz el informe definitivo, seg¨²n fuentes de la PGR. Para muchos, si embargo, el original seguir¨¢ durmiendo en alg¨²n caj¨®n bajo llave.