Un a?o m¨¢s de combate al narco sin un marco legal para el Ej¨¦rcito mexicano

¡°Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacit¨® para una funci¨®n y se nos orden¨® hacer otra muy diferente (¡­) El se?or Felipe Calder¨®n, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declar¨® la guerra al narcotr¨¢fico y fue un t¨¦rmino muy desafortunado¡±. As¨ª se expresa un grupo de 20 militares presos, en una carta enviada hace unos d¨ªas al presidente de la Rep¨²blica, la C¨¢mara de Diputados y el Poder Judicial de la Federaci¨®n. Todos est¨¢n en proceso o condenados por delitos cometidos durante los a?os duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calder¨®n. Algunos cumplen penas de hasta 31 a?os.

La misiva trasciende en un momento en que M¨¦xico discute legislar la participaci¨®n de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p¨²blica. Tras la llegada de Calder¨®n al poder en diciembre de 2006, los militares salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la polic¨ªa en varios estados del pa¨ªs. Era una situaci¨®n extraordinaria. El presidente se apoy¨® entonces en el art¨ªculo 29 de la Constituci¨®n, que permite echar mano del Ej¨¦rcito cuando exista una "perturbaci¨®n grave de la paz p¨²blica". La idea era depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los c¨¢rteles del narcotr¨¢fico. Diez a?os m¨¢s tarde, la polic¨ªa de muchos estados siguen sin funcionar y una soluci¨®n moment¨¢nea ¨Clas Fuerzas Armadas¨C se ha convertido en permanente.

En todo este tiempo, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presi¨®n se ha sentido al interior del Ej¨¦rcito, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, declar¨® el pasado 9 de diciembre que el Ej¨¦rcito no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. ¡°Nuestros soldados¡±, dijo, ¡°ya le est¨¢n pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos¡±.

Cienfuegos ped¨ªa un ¡°marco jur¨ªdico¡± para el actuar de la tropa, una ley que regule su presencia en las calles. En las ¨²ltimas semanas senadores y diputados han presentado iniciativas en este sentido. Uno de los puntos que comparten es la necesidad de delimitar en tiempo y forma el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Otro es detallar c¨®mo enfrentar a los delincuentes dependiendo de la situaci¨®n. El Congreso y el Senado tendr¨ªan que pasar la legislaci¨®n.

Los expertos recelan de estas propuestas porque, dicen, no se entiende muy bien cu¨¢l es la pretensi¨®n. Catalina P¨¦rez Correa, investigadora de la Divisi¨®n de Estudios Jur¨ªdicos del CIDE, uno de los centros m¨¢s prestigiosos de M¨¦xico, dice que las propuestas son ¡°vagas¡±. ¡°Pareciera que lo que est¨¢n pidiendo¡±, a?ade, ¡°es una ley para que no les acusen de violaciones a derechos humanos¡±. Maureen Meyer, directora del programa para M¨¦xico de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoam¨¦rica, asume que ¡°la reacci¨®n inmediata de un soldado es aplicar la fuerza. El problema que tenemos es una cuesti¨®n de capacitaci¨®n¡±.

Durante las ¨²ltimas semanas, la discusi¨®n ha versado no tanto sobre la capacitaci¨®n de los militares?sino m¨¢s bien sobre el marco jur¨ªdico, la necesidad de dar ¡°seguridad¡± al Ej¨¦rcito cuando act¨²e de polic¨ªa. Pero, ?seguridad para qu¨¦? ?Legitimidad para hacer qu¨¦?

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares dicen: ¡°Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde result¨® una cantidad enorme de v¨ªctimas colaterales y decenas de militares de poca graduaci¨®n en prisi¨®n¡±. P¨¦rez Correa interpreta la carta y dice que una de las cosas que piden los 20 es ¡°la exoneraci¨®n¡±. Para ellos, es responsable ¡°quien los sac¨® a las calles sin preparaci¨®n, quien los instruy¨® a hacer algo que produjo muertes colaterales¡±.

Casi al final de la carta, los 20 concluyen: ¡°?Qu¨¦ opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ¡®Estamos haciendo una funci¨®n para la que no estamos preparados¡¯, [que] ¡®ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto¡¯. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ?d¨®nde quedamos nosotros?¡±.

Si el general Cienfuegos asume que fue un ¡°error¡± implicar al Ej¨¦rcito en la lucha contra el narco, ?en qu¨¦ posici¨®n quedan los militares presos? ?En qu¨¦ posici¨®n quedan quienes siguen enfrentando al crimen organizado hasta que el comandante en jefe diga lo contrario?

P¨¦rez Correa apuesta por una ley en que la suspensi¨®n de garant¨ªas constitucionales, por la actuaci¨®n puntual del Ej¨¦rcito, sea por un tiempo definido. Adem¨¢s, dice, debe prever un mecanismo por el que los poderes legislativo y judicial controlen los operativos. ¡°Y sobre todo¡±, dice Maureen Meyer, ¡°cualquier ley de seguridad interior deber¨ªa contemplar un plan de retirada de las Fuerzas Armadas¡±.