Argentina responde a la ola de inseguridad con una pol¨ªtica migratoria m¨¢s dura
Las ONG se oponen a una reforma de la ley y piden no convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios
Es dif¨ªcil encontrar un argentino que no tenga un abuelo, bisabuelo, t¨ªo lejano o alg¨²n otro antepasado europeo y mencione esa historia familar de inmigrantes para romper el hielo con un espa?ol. A d¨ªa de hoy, la mayor¨ªa de reci¨¦n llegados proceden de la regi¨®n -con Paraguay, Bolivia y Per¨² a la cabeza-, pero Argentina se mantiene como el pa¨ªs con mayor n¨²mero de extranjeros de Suram¨¦rica y su legislaci¨®n migratoria favorece la r¨¢pida radicaci¨®n de quienes desean vivir en su territorio. El Gobierno de Mauricio Macri asegura que desea mantener el pa¨ªs abierto a la inmigraci¨®n, pero prepara cambios en la pol¨ªtica migratoria para prevenir delitos cometidos por extranjeros. Los planes de reforma del Ejecutivo argentino han puesto en alerta a activistas, inmigrantes y acad¨¦micos, que advierten sobre el riesgo de asociar inmigraci¨®n a delito y m¨¢s a¨²n en un momento de recesi¨®n econ¨®mica, en el que es m¨¢s f¨¢cil que se propaguen los discursos xen¨®fobos.
"Soy hijo de inmigrante, todos lo somos, y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar, pero tambi¨¦n por falta de acci¨®n no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir. Necesitamos articular con los dem¨¢s pa¨ªses, actuar de manera preventiva", declar¨® el presidente argentino, Mauricio Macri, en su primera rueda de prensa del a?o. El mandatario no es el primero en pedir un cambio, sino que el debate comenz¨® meses atr¨¢s, azuzado por las palabras del senador kirchnerista Miguel Pichetto. "Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Per¨²", dijo Pichetto en un programa televisivo. "Per¨² resolvi¨® su problema de seguridad y transfiri¨® a todo el esquema narcotraficante: las principales villas de la Argentina est¨¢n tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca", agreg¨® el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria.
Estos mensajes pol¨ªticos, dirigidos a una ciudadan¨ªa preocupada por la inseguridad, no corresponden con la realidad del pa¨ªs. Argentina tiene un 4,5% de inmigrantes y en sus c¨¢rceles los reos extranjeros son el 6% del total, un porcentaje muy similar, a diferencia de lo que ocurre en otros pa¨ªses. En Espa?a, por ejemplo, la poblaci¨®n inmigrante es del 10,7%, seg¨²n el ¨²ltimo censo, y la poblaci¨®n carcelaria extranjera casi triplica ese dato, un 29%.
La legislaci¨®n migratoria argentina prev¨¦ la retirada de la residencia y la expulsi¨®n de los argentinos condenados a penas de c¨¢rcel superiores a cinco a?os. En la pr¨¢ctica, su salida "puede demorarse hasta ocho a?os", hasta que exista un fallo judicial firme, responden a EL PA?S en Migraciones. Adem¨¢s de agilizar la expulsi¨®n de quienes delinquen en Argentina, en el organismo migratorio exigen mejores herramientas para impedir la entrada de extranjeros con antecedentes penales. "Si un narcotraficante cumpli¨® condena en su pa¨ªs, no tiene pedido de captura de Interpol y llega a Buenos Aires, hoy no hay manera de saber su prontuario e ingresa", se?alan.
Como ocurre a menudo en Argentina, el problema no parece ser la ley sino su aplicaci¨®n. "Lo que hay que modificar no es el marco normativo, sino la gesti¨®n, la velocidad con la que act¨²a la justicia, pero no solo en el caso de migrantes sino para todas las causas del pa¨ªs", opina Leilo M¨¢rmora, exdirector de Migraciones (1973-1974) y titular del Instituto de Pol¨ªticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Tres de Febrero. "La ley de migraciones fue discutida durante a?os por legisladores, sociedad civil, organismos internacionales... Fue una ley muy estudiada e incorpor¨® todos los compromisos de argentina en el ¨¢mbito de materia migratoria", agrega M¨¢rmora sobre la norma promulgada en 2004.
Un asesinato que conmocion¨® al pa¨ªs
El debate sobre la necesidad de endurecer la pol¨ªtica migratoria ha cobrado fuerza despu¨¦s del escandaloso asesinato de Brian Aguinaco, un adolescente de 14 a?os que viajaba en un coche con su abuelo y fue disparado por ladrones durante un robo el mes pasado en Buenos Aires. Uno de los presuntos criminales es otro adolescente de 15 a?os, nacido en Argentina, hijo de peruanos con causas judiciales por narcotr¨¢fico y residente en una villa miseria de la capital. Debido a su edad, la Justicia lo declar¨® inimputable y orden¨® enviarlo a Lima, donde vive su abuela. Macri recibi¨® este viernes a los padres de Aguinaco y conversaron sobre el proyecto gubernamental para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a?os actuales a 14. ?
"Se acerca la ¨¦poca de elecciones y se necesita culpar a alguien de los problemas. El migrante es un chivo expiatorio f¨¢cil para culparlo de la inseguridad y de la falta de trabajo", se?ala Lourdes Rivadeneyra, titular de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados de Argentina. Esta peruana, que reside en Argentina desde hace 24 a?os, ha detectado un auge de la xenofobia en los ¨²ltimos meses: "Est¨¢ volviendo el 'andate a tu pa¨ªs, boliviano de mierda, delincuente, narcotraficante'". Afirma que la discriminaci¨®n se recrudeci¨® tras el asesinato de Brian Aguinaco. "Est¨¢ en duda si fue Brian (Joel), los testigos no lo reconocieron", dice Rivadeneyra, preocupada por la manipulaci¨®n medi¨¢tica del caso. "S¨ª a la inmigraci¨®n, pero no a la delincuencia. Hay que separar la paja del trigo", discrepa Juan Sarrafian, titular de la Federaci¨®n Argentina de Colectividades, quien se muestra partidario de mayores controles en la frontera.
El Gobierno a¨²n no ha detallado c¨®mo modificar¨¢ la ley, pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha tenido acceso al borrador de un decreto que ampl¨ªa las causas que permiten la detenci¨®n y expulsi¨®n de inmigrantes y modifica los tr¨¢mites de expulsi¨®n para que sean casi inmediatos y sin control judicial ni una defensa legal adecuada, entre otros cambios. Para esta ONG, el texto supone "una regresi¨®n para los derechos de las personas migrantes". En caso de entrar en vigor, tendr¨¢ como efecto "la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley". Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, expresa su preocupaci¨®n porque el Gobierno no haya convocado a actores sociales para debatir la reforma y considera que si se aprueba por decreto reflejar¨¢ "un d¨¦ficit democr¨¢tico".
M¨¢rmora cree tambi¨¦n que el trasfondo del debate sobre mayores controles migratorios es electoral y lamenta que se vea alentado por el contexto internacional, en especial en Estados Unidos y en varios pa¨ªses europeos. "La identidad cultural de Argentina es el mestizaje entre los que estaban y los que vinieron. Muchos de nuestros abuelos eran pobres, ven¨ªan con muy poca educaci¨®n y aqu¨ª pudieron progresar. No podemos perder esa riqueza", advierte.
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